En la práctica, el empleador pagará a ese trabajador el 50 % de su sueldo y el seguro de cesantía le aportará un 25 % más, dijeron los ministros en una rueda de prensa.

La iniciativa, que será enviada próximamente al Parlamento, plantea que tales permisos tendrían una vigencia de hasta seis o siete meses.

La economía se mantiene en crecimiento este año, pero con síntomas de desaceleración, con una expansión de, 4,8 % el pasado abril, en el marco de una proyección de aumento del PIB de entre un 4,0 y un 5,0 % en 2012, tras haber crecido un 6,0 % en 2011.

El ministro Larraín ha advertido en varias oportunidades que una economía pequeña y abierta como la nuestra recibirá de todos modos algún impacto de la crisis externa, aunque está bien preparada para afrontarla.

“Nuestra preocupación es cuidar el empleo. Hemos aprendido lo que ha pasado en crisis anteriores y por eso queremos (tener) una institucionalidad laboral para proteger el empleo”, subrayó hoy el responsable de las finanzas públicas.

Según Larraín, el proyecto forma parte de un plan de contingencia elaborado por el gobierno en el caso de que la crisis golpee al país, pero subrayó que no apunta a un hecho puntual, como sería la actual crisis europea, “sino a legar una institucionalidad para todas las crisis”.

El proyecto, según el gobierno, recoge un planteamiento en conjunto por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

En nuestro país, un trabajador que pierde el empleo puede cobrar su seguro de cesantía, que es de capitalización individual y lo administran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un período máximo de cinco meses.

Según la ministra Matthei, en el marco del proyecto anunciado se aumentará el período de cobertura y se disminuirán los requisitos para acceder a este seguro.

Se trata, dijo, de poder llegar a un máximo de siete meses cubiertos por el seguro y, en cuanto a los requisitos, reducir desde doce a ocho aportes del trabajador al fondo respectivo en los últimos dos años para acceder al beneficio.

“Muchas veces las crisis vienen sin anunciarse y se desarrollan con una rapidez enorme, que impiden que en ese momento se empiece a pensar en una ley y aprobarla, de tal manera que sólo se puede aplicar cuando la crisis ya pasó y se han destruido los empleos”, señaló.

“Han caído las exportaciones y cuando una empresa no puede seguir pagando los salarios, la idea es reducir los salarios sin despedir al trabajador y sin que el trabajador tenga un sacrificio demasiado grande: su ingreso baja al 75 por ciento de su salario”, dijo la ministra.