El modelo boliviano para explotar litio que el Gobierno chileno no quiso ver

Apuntando a seguir liderando el mercado mundial y a no perder el liderazgo frente al creciente interés global en el tema, el gobierno presentó este martes la bases de licitación para la explotación de litio, las que implican concesionar 100 mil toneladas del mineral por 20 años sin moverse del escritorio.

Dejando todo en manos de los privados que se adjudiquen este concurso y con Codelco sin mayores intenciones de entrar a participar, la carrera de Chile -como ya es la tónica de las políticas de este gobierno- va en sentido totalmente contrario a lo que piden algunas organizaciones sociales y al modelo que impulsa desde el otro lado de la cordillera el país con mayores reservas de este mineral en el mundo: Bolivia.

La idea del Gobierno de Piñera es diametralmente distinta a la de la administración de Evo Morales, que ya tiene plazos definidos para comenzar a exportar litio a varios países y que firmaría en julio próximo un acuerdo de cooperación con un consorcio coreano con miras a la industrialización de ese mercado en el que el Estado boliviano tiene el control de la producción.

Estrategia boliviana

Fue mediante un decreto supremo firmado el 1 de abril de 2008 en el que Bolivia declaró prioridad nacional la industrialización del salar de Uyuni -donde se encontraría la reserva de litio más grande del planeta- y se instruyó por mandato presidencial a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) crear una entidad operativa responsable de esta misión.

Así nació la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, que tiene como misión levantar un negocio para el Estado Boliviano en el que nadie antes ha incursionado y con el que las más grandes compañías del mundo se frotan las manos.

Desde esa entidad y sin permitir la concesión del recurso a privados bolivianos ni extranjeros, el Estado lleva adelante desde cuatro años un plan con miras a la industrialización, la preparación de técnicos y profesionales nacionales en el tema y la construcción de un complejo industrial nacional y público de química inorgánica. Es decir, todo lo que Chile evitó con la concesión anunciada por el subsecretario de minería, Pablo Wagner.

“Nosotros llevamos un plan estratégico totalmente contrario al que quieren llevan ustedes. Nuestro litio está reservado para una instancia estatal y no hay concesión o licitaciones de predios de extracción a salmueras”, dice desde ese país Luis Alberto Echazú, actual gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Comibol.

Echazú, ex ministro de Minería boliviano, explica que si bien recién en los próximos meses arrancarán con la fase piloto del proyecto, en octubre próximo ya estarán comenzando a producir unas 40 toneladas mensuales de litio y 1.000 de cloruro de potasio.

Eso, en una etapa que servirá para evaluar la aceptación del mercado internacional y delinear la segunda fase de ese proyecto, que implica industrializar la extracción del mineral en el año 2016 y que podría llegar a producir 60 mil toneladas de litio y 700.000 toneladas de cloruro de potasio al año.

De esta forma, dice Echazú, el litio puede llegar a representar entre 10 a 12% de las exportaciones mineras de Bolivia. “En mediano y largo plazo, éste debe ser uno de los proyectos más grandes del país. Nosotros estimamos unos ingresos por 400, 450 millones de dólares anuales por ambos productos (litio y cloruro de potasio) cuando estemos en plena operación”, dice.

Una estrategia que tiene al Estado en un 100% comprometido en la fase piloto y que permanecerá con al menos el 51% de participación cuando ya esté industrializado. Un negocio con condiciones para los privados, que aún así quieren una tajada de lo que produzca el “oro blanco”.

En Bolivia socios, en Chile patrones

A diferencia de lo que pretende Bolivia, el ministerio de Minería presentó los términos de un contrato que permitirá a una única empresa explorar, explotar y beneficiarse de un máximo de 100 mil toneladas de litio metálico por 20 años en cualquier área del territorio nacional, exceptuando las concesiones mineras constituidas conforme al Código de Minería de 1932.

Eso, previo pago mensual de un royalty de 7% de las ventas brutas más el impuesto a la renta y otras gratificaciones. Algo que según Wagner, dejaría en total un 50% de las utilidades de la compañía en arcas chilenas, más o menos 350 millones de dólares por concesión.

La cifra, 100 millones menos de lo que pretende recaudar Bolivia anualmente de aquí al final de la década, es vista como una miseria por sus detractores y, peor aún, confirma una política que le entrega amplias facultades a privados en desmedro del Estado.

En Bolivia, en cambio, la asociación con privados busca poner a los inversores coreanos, japoneses, austriacos, australianos y de otros países que ya se han mostrado interesados como socios y no patrones, según dijo el mismo Evo Morales hace algunos años.

“Los socios tienen que adecuarse a nuestra estrategia porque la explotación está reservada para el Estado boliviano. Nosotros ponemos infraestructura, materia prima y algo de inversión y nuestros socios la tecnología y la otra parte de los recursos. Un interés especial para los acumuladores de energía porque esto puede constituir un cambio en la matriz energética de vehículos”, dice Echazú.

Por eso ya hay grupos que se levantaron en contra del anuncio del gobierno. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Cobre (CTC), Cristián Cuevas, advirtió al Ejecutivo que debe “dejar de pensar en la rentabilidad de las empresas” y llamó a la ciudadanía a movilizarse porque este anuncio “echa por tierra la esperanzas de una educación gratuita que movilizó al país entero el año pasado, al igual que futuras reformas de pensiones, de salud, en beneficio de las mayorías”.

Al mismo tiempo, algunos parlamentarios como el radical Marcos Espinoza e incluso el senador UDI Jaime Orpis criticaron la medida. “Por mantener una inactividad durante mucho tiempo, una especie de status quo, Chile ha perdido enormes oportunidades a nivel mundial. Estamos hablando de minerales donde existen más reservas en el mundo, Chile era el primer productor y tiene las principales reservas, pero también es cierto que hay muchos otros países que también las tienen”, dijo el legislador. Sin duda, un tema que será motivo de discusión en el parlamento.

La guinda de la torta: el vínculo del ministro de minería con SQM

De todo esta estrategia impulsada por el gobierno, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, tuvo que marginarse. Eso debido a que su hermano Patricio es el actual vicepresidente ejecutivo de SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y líder mundial en la exportación del mineral blanco.

En agosto de 2010, mientras su hermano aún estaba en el MOP, Patricio señaló en un foro organizado por Soquimich que “no existía ninguna razón, en nuestra opinión, para que el litio sea considerado un elemento estratégico y tenga un tratamiento distinto a cualquier otro mineral”.

En esa oportunidad, además, explicó que Chile tiene la oportunidad de mantener ese liderazgo en el mercado, “pero si no hay cambios yo creo que lo vamos a perder y se está viendo. Las compañías que quieren asegurar su abastecimiento están yéndose a otros lugares”.

Una declaración bastante parecida a la que dio ayer el subsecretario Wagner al ser consultado por la prensa por no emprender de manera estatal la explotación del recurso. En la actualidad, Codelco podría hacer uso de una concesión en el Salar de Pedernales y en una fracción del Salar de Maricunga, ambos en la región de Atacama.

Mientras se especula la posible entrada de Codelco a ese mercado, Wagner -quien presidirá el Comité Especial de Licitación ante la inhabilidad del ministro De Solminihac- descartó que SQM se viera favorecida en este llamado a licitación por el parentesco antes mencionado, puesto que la empresa ya ha dado luces de querer participar en un proceso como el que acaba de comenzar.