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Opinión

24 de Julio de 2013

El capítulo de la “Historia Oculta de la Transición” que cuenta el rol de Evelyn Matthei en la denuncia de consumo de drogas que involucró a Allamand

En 1995 el ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, se enfrentó al establishment político por su denuncia en la revista Qué Pasa donde afirmaba que había parlamentarios que consumían drogas. En el episodio, que sepultó a mediados de los noventa la carrera política de Andrés Allamand, Cuadra tuvo una aliada: la actual candidata de la Alianza Evelyn Matthei. El libro del periodista y columnista Ascanio Cavallo cuenta con detalles el papel que tuvo Matthei en en este caso y cómo avaló las acusaciones en contra de la patrulla juvenil de RN luego del escándalo del Piñeragate. El siguiente texto da cuenta, entre otras cosas, que la mayoría de los testigos que citó Cuadra frente al juez tenían nexos directos con la candidata UDI.

Ascanio Cavallo, La Historia Oculta de la Transición
Ascanio Cavallo, La Historia Oculta de la Transición
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El siguiente texto es parte del capítulo 28 del libro “La Historia Oculta de la Transición” (Editorial Uqbar editores) del periodista y columnista del diario La Tercera y Decano de la Escuela de Periodismo de la UAI, Ascanio Cavallo. El capítulo “El Picnic de la Segunda División”, da cuenta de los entretelones y de cómo se urdió la acusación de drogas en el Congreso del portavoz de Pinochet Francisco Javier Cuadra en 1995 y la relación que tuvo en el episodio la actual candidata a la presidencia de la Alianza Evelyn Matthei.

***

A mediados de 1994, Francisco Javier Cuadra divisa a la diputada Evelyn Matthei en una tienda de discos. Aún no se cumplen dos años desde el traumático episodio del espionaje telefónico y la diputada conserva vivas las imágenes de aquellos días; por eso es poco gentil cuando el ex ministro la saluda; no puede olvidar que Cuadra estuvo junto al senador Sebastián Piñera, que lo acompañó en su casa la noche del escándalo y que fue especialmente duro con ella en días posteriores.

¿Incita esta hostilidad al orgulloso espíritu inquisitivo de Cuadra? Tal vez. Por algo el ex ministro le comenta a su amigo Mario Lübbert, compañero de colegio y ahora publicista, que el potencial de la diputada mejoraría si agregara, a su bien dotado bagaje económico, una cultura política más sólida. Transmitido por Lübbert, que la ha asesorado en sus dos exitosas campañas electorales, ese comentario sí toca a Evelyn Matthei.
Cuando decide llamarlo, ya percibe que Cuadra puede ayudarla. Y así es: en el primer encuentro a solas, acuerdan que el ex ministro le propondrá un plan de lectura guiada de los clásicos de la filosofía política.

Para diciembre del 94 ya han completado varias sesiones quincenales en torno a los griegos. En una de ellas, Evelyn Manhei divisa en el escritorio de Cuadra un cuaderno con apuntes de letra minúscula, ordenados por tintas de distintos colores. “Es una entrevista para Qué Pasa”, explica Cuadra. “Una especie de balance del 94 y agenda para el 95”.

Pero la entrevista no aparece antes del fin del año. El director de la revista. Cristián Bofill, opta por otros temas y le propone a Cuadra centrarse en uno de los aspectos de su análisis prospectivo: droga y clase dirigente. A Evelyn Matthei le entusiasma la idea; según ha oído, en los círculos políticos se consume cocaína; se le dijo eso, por ejemplo, en los agrios días del 92, de quienes pasaron de amigos a enconados enemigos políticos. Qué buen ejemplo.

Cuadra le cuenta que un par de meses antes (el 17 de octubre de 1994) ha cenado en casa de Lenin Guardia, socialista y asesor del subsecretario del Interior en temas de seguridad, con el senador Ricardo Núñez y el jefe de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Cruz, y Núñez ha confirmado versiones que ya conocía sobre parlamentarios (1).

La entrevista aparece en la edición que comienza a circular el viernes 13 de enero de 1995, con un titulo bombástico: “Algunos parlamentarios consumen drogas”. Esa misma mañana, Cuadra se comunica con el diputado de RN Alberto Cardemil, que se halla en Curicó, y le informa en términos genéricos del contenido de sus palabras. Luego, al mediodía, parte a Concepción, donde debe dictar una conferencia junto al diputado socialista José Antonio Viera-Gallo.

Al almuerzo, Cuadra se entera de que el ministro del Interior lo ha estado tratando de ubicar. A la misma hora en Santiago, a la salida de un almuerzo de mujeres parlamentarias en La Moneda, Evelyn Matthei declara que las afirmaciones de Cuadra son importantes.

El ex ministro recién logra comunicarse con Carlos Figueroa cuando ha regresado a su casa de Santiago, en la noche. Y lo que éste le dice es que el ambiente político está conmocionado por sus afirmaciones, algo que Cuadra ya ha deducido por la lista de llamados que lo espera.

Uno de ellos es del senador Núñez. El ex ministro se anticipa a suponer la preocupación del senador y le pide a su amigo Lenin Guardia que lo visite para darle seguridades de que no entregará nombre alguno.

Guardia cumple el encargo al día siguiente. Pero cuando lo hace, Núñez está en su casa con el subsecretario de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, un hombre que no aprecia al mensajero ni a su jefe dentro del gobierno, Belisario Velasco. Esa noche, Schilling declara en Concepción, a donde asiste a un recital de Luciano Pavarotti, que Cuadra podría ser requerido por ley de seguridad del Estado (3). Es la primera señal de la sombra que se cierne sobre él.

El lunes 16 el mundo político parece atrapado en una entume confusión. Mientras Cuadra distribuye minutas explicando que sólo se trató de un análisis político, entre los parlamentarios se expande la idea de que el ex ministro ha puesto una carga explosiva en la imagen del Legislativo.

En el gobierno, todavía ofuscado porque el Tribunal Constitucional le rechazó la facultad de romper el secreto bancario en su nueva ley de drogas, hay quienes piensan que los dichos de Cuadra contribuyen a su campaña antidelictiva.

La confusión es aún mayor en Renovación Nacional; y parece generalizarse cuando un grupo de sus dirigentes se retira de la reunión de la comisión política para concurrir a un test de orina organizado por el diario La Tercera.

El martes 17 sesionan las cámaras del Congreso para decidir qué hacer. En la tarde, Ricardo Núñez, que está de presidente subrogante del Senado, llama a Cuadra desde la testera y le informa que probablemente se le emplazará para que dé los nombres. ¿Qué hará en ese caso?

—No los daré —dice Cuadra- . Tú lo sabes mejor que nadie.

Al anochecer, el presidente de RN, Andrés Allamand, hace esfuerzos por evitar que su bancada de diputados se pliegue a la acusación que quiere formular la Cámara: después de todo, Cuadra ha sido su asesor directo, milita en RN por su iniciativa (“Si tenemos a lo peor del pinochetismo. ¿por qué no tener a lo mejor?”, ha argumentado Allamand ante quienes opinaban que era una mala imagen para el partido) y lo conoce desde los años lejanos del Partido Nacional.

Pero la contención no es fácil: el ambiente de la Cámara está cargado de emocionalidad y muchos diputados creen que si Cuadra no recibe un castigo ejemplar, las acusaciones contra los congresistas se multiplicarán.

Entonces Alberto Espina propone a Allamand regresar a Santiago y hablar con Cuadra para conocer su disposición. Los acompañan el diputado Alberto Cardemil y el abogado Ricardo Rivadeneira. Pero la reunión no arroja resultado alguno: Cuadra sostiene a rajatabla su negativa a dar nombres, y con mayor razón desde que en los últimos días él y su familia han recibido amenazas de muerte y hasta ha debido pedir protección policial al ministro del Interior.

Mientras Espina se exalta y alterna los gritos con la persuasión amistosa, Allamand se repliega a observar ¿Está midiendo lo que ocurre? ¿Ha comenzado a sospechar que los blancos pueden ser los mismos que están en ese living? Hasta entonce, en RN ha predominado la hipótesis de que todo podría ser una “cortina de humo” para cubrir el impacto público del juicio contra el general (R) Manuel Contreras; no hay en el partido quien desconozca que Cuadra sigue siendo un favorito del general Pinochet y que para él realizó todas sus operaciones —legendarias o no— cuando era ministro. Nadie conoce aún su nueva relación con Evelyn Matthei. Y nadie ha dado importancia al hecho de que el mismo día, en su segunda defensa de Cuadra (“Esto no es una canallada. Canallada es lo que me hicieron a mi hace dos años’), la diputada ha establecido por primera vez un nexo entre los sucesos del 92 y los de ahora. De ser así…

—No —dice Allamand. incorporándose bruscamente—, este huevón no va a decir nada. Vámonos.

Esa noche la bancada de 12, se suma al emplazamiento que vota la Cámara: 72 horas para que Cuadra entregue nombres. El presidente, Vicente Sota, llama al ex ministro para notificado. Cuadra reitera que no lo hará.

—Eso nos deja en la situación de requerido por ley de seguridad del Estado —dice Sota.
—Lo sé, presidente —dice Cuadra—. Y usted sabrá que si lo hacen voy a ir preso.
—No, Francisco Javier —dice Sota—, no exagere. Los que pasamos por la cárcel bajo la dictadura de la que usted fue ministro no le deseamos eso ni a usted ni a nadie.

El viernes 20 presentan los requerimientos el Senado, la Cámara y los parlamentarios de RN.

Ese día Cuadra renuncia al partido.

Un día antes, el diputado Pablo Longueira ve caer en el vacío su propuesta de que la Comisión de Régimen Interno de la Cámara investigue las denuncias de Cuadra. Aunque la UDI ha sido una consistente adversaria de Cuadra y Jovino Novoa ha tratado de que el partido no se involucre en lo que ya se perfila como una lucha interna de sus aliados, Longueira tiene razones nuevas: la convicción de Evelyn Matthei.

Y Longueira retoma sus esfuerzos en cuanto el Congreso inicia su nuevo año, en marzo de 1995. Ese verano ha sido un hervidero de rumores acerca de los parlamentarios consumidores. Los nombres incluyen a varios de los líderes más energéticos del PPD, el PS y la DC, pero sobre todo a los miembros de La Patrulla Juvenil de RN.

La propuesta de Longueira es sustituida por dos acuerdos: tratar el problema en una sesión especial y formalizar una renuncia al fuero parlamentario en la investigación sobre drogas; pero este último es rechazado tras un insólito empale a 31 votos. Indignada por lo que ya le parece una verdadera conspiración, Evelyn Matthei termina de comprometerse en el caso:

—A mí no me cabe la menor duda —dice a los periodistas— de que hay diputados que consumen drogas (5).

El envolvimiento de la diputada confirma a los dirigentes de RN que los principales objetivos de las acusaciones son ellos. Cuando llega la sesión especial, el 22 de marzo, la expectación está concentrada en los jóvenes jefes de la derecha. Mientras la televisión transmite en directo la sesión, la versión de que Andrés Allamand hará una denuncia espectacular concentra la atención en el presidente de RN.

El nuevo presidente de la Cámara, el socialista Jaime Estévez, enterado de que Allamand piensa denunciar a Lenin Guardia como informante de Cuadra, trata de persuadirlo de que no lo mencione hasta estar seguro. Pero Allamand no cede.

También lo llama el propio Guardia, que no logra sino dejar un mensaje con el diputado José Antonio Galilea. Esa llamada es decisiva: que Guardia conozca su discurso con antelación le parece a Allamand una confirmación del oscuro papel del militante socialista. Y durante su alocución, que recibe tres ovaciones de sus colegas y de las tribunas, lanza el nombre de Guardia y hasta lo sindica como un hombre vinculado a la CNI (6).

El efecto es devastador. Esa tarde la Cámara oficia a Interior para que confirme si Guardia es colaborador suyo y el subsecretario Velasco debe reconocerlo unos días después como informante.

El senador Nuñez declara que Guardia debe ser investigado como parte de “una suerte de red para conocer la vida íntima y personal” de los políticos, en una inequívoca alusión a su cercanía con Velasco y con el director de Seguridad, Isidro Solis. Poco después, Guardia será acusado ante el tribunal supremo del PS.

EI proceso contra Cuadra queda en manos del ministro de la Corle de Apelaciones Rafael Huerta, bajo el rótulo de difamación, injurias y calumnias según la letra b) del artículo 69 de la ley de seguridad del Estado. Esta disposición permite sancionar a quien ofenda a una dignidad del Estado, independientemente de que lo que diga sea verdad.

La exceptio veritatis propia de los delitos de opinión no existe, por lo que constituye la norma más atentatoria contra la libertad de expresión de cuantas subsisten en la legislación de la transición. Sin embargo, ello no impide que el ministro Huerta insista, desde sus primeros interrogatorios, en que Cuadra pruebe sus dichos entregando nombres. Cuadra resiste porfiadamente, pero hacia abril el abogado que lo defiende en forma oficial, Alberto Rios, y el que lo asesora en privado, Pablo Rodríguez, divisan el peligro de que Huerta lo encargue reo y le proponen entregar antecedentes para ampararse en la exceptio veritatis.

Ambos abogados asesoran también a Evelyn Matthei que ha recibido algunos datos y puede proporcionarlos a Cuadra. Hay algo más importante: el bárbaro daño inferido por Allamand a Lenin Guardia ha inclinado los contactos del tándem Cuadra-Matthei con el subsecretario Velasco.

La diputada lleva los encuentros, y a comienzos de mayo tiene una gran noticia para su amigo: si Cuadra proporciona algunos datos al ministro en visita, el gobierno facilitaría la obtención de otros.

Una condición es necesaria: que el ministro Huerta dicte una orden amplia a Investigaciones, específicamente dirigida a la Brigada de Investigaciones Policiales especiales, que es la que da más confianza al subsecretario y al director de la policía civil, Nelson Mery.

El 11 de mayo, Cuadra plantea su propuesta al juez, que la acepta. El ex ministro cita entonces a un grupo de testigos que habrían oído de terceros versiones sobre el consumo de cocaína por cuatro parlamentarios de RN: los diputados Andrés Allamand, Alberto Espina y René Manuel García y el senador Ignacio Pérez Walker. Todos los testigos tienen su origen en Evelyn Matthei y dependen de relatos ajenos. Un hermano de la diputada, Víctor Matthei, dice haber oído a uno de los dueños de la discoteca Gente, Luis Undurraga, que Allamand, Espina y el diputado PPD Jorge Schaulsohn son consumidores; sin embargo, Undurraga lo niega. Luis Contreras, ex jefe territorial del comando de Evelyn Matthei en San Antonio, se respalda en versiones de Carlos Gary y su pareja, Lorena Díaz, para envolver a Espina y Pérez Walker. Gary, que fue expulsado del comando de Pérez acusado de robo, se niega a hablar; y Lorena Díaz denuncia a otros dos diputados de RN, pero no a los mencionados por Cuadra.

Francisco Eguiguren, hijo de uno de los jefes de la campaña fallida de Evelyn Matthei en el 92, Gonzalo Eguiguren, cita al concejal de RN Felipe Palacios; pero éste lo desmiente ante el juez.

Otros testigos —Patricia Stern, ex miembro del comando de Allamand; Jaime Barros, ex socio de Allamand: Noel Echeñique, ex esposa del anterior; y Felipe del Villar, concejal de Vitacura— niegan haber visto consumir drogas al presidente de RN.

Mientras se desploma su estructura de testigos y subtestigos (8) Cuadra oye que en la orden expedida por el ministro Huerta falta un elemento: la autorización para interceptar teléfonos.

La presencia de parlamentarios habría inhibido la entrega de esa facultad, sin la cual la policía civil se siente desarmada. A comienzos de junio Allamand recibe la confirmación de que ha sido acusado por Cuadra y que varios testigos han destilado ya frente a Huerta. El lunes 5 se reúne con el ministro Figueroa y le reprocha en duros términos que no lo haya alertado.

—Es que no le di importancia, Andrés —dice Figueroa—. Pero no desconfíes de nosotros: sabís que te voy a proteger siempre.

El miércoles 14 de junio, Huerta encarga reo a Cuadra. Cuando lo informa, le da un beneficio momentáneo: lo dejará libre por ahora, dado que el jueves es el feriado de Corpus Christi y luego viene el fin de semana. Sólo debe evitar mostrarse en lugares públicos.

El domingo, Cuadra se reúne en casa de Guardia con los detectives que deberán detenerlo al día siguiente, para acordar cómo procederán cuando lleguen a su domicilio de calle La Serena. El lunes 19 el ex ministro ingresa a la cárcel de Capuchinos. Horas más tarde, a mucha distancia, entra también a prisión el brigadier Pedro Espinoza.

Cuadra no pide la libertad bajo fianza: quiere que su caso sea un juicio público a la clase política. Pero tres meses después, cuando sus recursos de amparo han caído, la solicita y la obtiene el 7 de julio.

Apretado desenlace. Cuadra y Evelyn Matthei quedan convencidos de que, a través de Figueroa, el gobierno ha sellado una alianza con Allamand que luego se traduciría en la negociación sobre reformas constitucionales. En diciembre de 1995, Evelyn Matthei recibe información sobre una red de tráfico de cocaína en el Congreso, sostenida por funcionarios. Sintiéndose sobreexpuesta, entrega los datos Longueira, que presenta la denuncia al Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Seis meses más tarde el juez Roberto Contreras encarga reos a tres guardias, una ex secretaria, un auxiliar y un grupo de contactos externos que utilizaban autos de parlamentarios para ingresar la droga al edificio del Congreso. El juez intenta lograr el desafuero del diputado de RN Valentín Solís, a quien sospecha vinculado con uno de las guardias, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza la petición.

Cuadra y Evelyn Matthei se verán envueltos todavía en un nuevo escándalo a propósito de este proceso, cuando se revele que facilitaron medios a un ex preso, Danilo Gómez, al que Cuadra conoció en la cárcel, para una operación que culminó con un video falsificado tratando de envolver al diputado Juan Carlos Latorre en el consumo de cocaína.

En diciembre de 1995, el ministro Huerta condena a Cuadra a 540 días de presidio remitido. En enero de 1996, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones absuelve a Cuadra de los cargos. El Senado y la Cámara presentan recursos de queja. Y a pesar de que las respuestas de los ministros Carlos Cerda. Juan Guzmán y Gloria Olivares son verdaderos modelos de defensa de la libertad de critica (8), la Corte Suprema confirma la sentencia inicial (9).

En RN queda la convicción de que su dirigencia fue objeto de una operación calculada para demolerla. Varios de los líderes principales creen que el origen último pudo ser una maniobra militar, aunque carecen de elementos para demostrarlo.

Sólo el senador Pérez Walker obtiene un indicio casi un año después, cuando una amiga suya recibe una invitación a tomar té. En la velada se prodigan exquisiteces inusuales; hacia el anochecer temprano de agosto, el brigadier general Eugenio Covarrubias jefe de la DINE, la aborda en una extensa conversación en la cual se muestra informado de que conoce a Pérez Walker y le pregunta si es cierto que el senador consume drogas.

Alertado, Pérez Walker se reúne con los senadores y ex generales Bruno Siebert y Santiago Sinclair y les dice que está siendo espiado por la DINE.

Sinclair le propone que hable con Pinochet y, ante la rotunda negativa del senador, lo comunica por teléfono con el brigadier general Covarrubias:

-Cómo se le ocurre que lo vamos a estar espiando, senador —explica el jefe de la DINE—. Si nosotros somos de derecha… (Ese año Covarrubias pasará a retiro).

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