Decenas de personas asistieron hoy al entierro del mapuche Rodrigo Melinao, de 26 años, quien fue encontrado muerto el pasado martes con un balazo de escopeta, crimen por el que aún no hay detenidos.

Melinao había sido condenado en primera instancia a prisión por delitos enmarcados en el llamado conflicto mapuche, que se ha profundizado en la zona de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de la capital.

En el funeral, el presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, afirmó que no se descarta que en el asesinato del joven indígena hubo intervención policial.

“No se excluye la participación de Carabineros, como lo ha señalado la familia”, recalcó Huilcamán.

“Aquí hay guardias forestales, hay grupos que han amenazado que van a hacer uso de las armas de fuego, pero también esto ha sido respaldado por el Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, en varias oportunidades ha señalado la legítima defensa, que implica el uso de armas de fuego”, agregó el dirigente.

Huilcamán señaló que si no se opta por el diálogo se podría estar en presencia de una escalada de violencia en la zona.

De hecho, este viernes, un grupo de encapuchados incendió de madrugada varios camiones en la región de La Araucanía.

Según los testigos, los asaltantes instalaron una barricada, se escondieron tras unos matorrales y detuvieron dos camiones.

Posteriormente, hicieron bajar a los conductores y quemaron los vehículos, tras lo cual fuerzas especiales de carabineros acudieron al lugar y mantuvieron un enfrentamiento a tiros con los encapuchados, quienes lograron huir.

El pueblo mapuche, conformado por unas 600.000 personas y que constituye la principal etnia indígena de Chile, mantiene desde los años noventa en La Araucanía un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que considera ancestrales.

Varios indígenas que han sido encarcelados han protagonizado prolongadas huelgas de hambre, algunas de casi tres meses, para exigir garantías judiciales, que no se utilicen testigos sin rostro y que no se aplique la ley antiterrorista en sus juicios.