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Por encontrarse fuera de norma, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, ordenó la demolición parcial de una torre de departamentos -de 19 pisos- perteneciente a la inmobiliaria de la Universidad San Sebastián (USS). El edificio en cuestión se ubica a un lado de la casa de estudios y superó con creces los 25 metros de alto autorizados por la ley.

Así lo confirmó el propio Jadue a The Clinic Online. “Hemos llegado a al convicción de que nos asiste el deber y el derecho a defender a la comunidad de cualquier proyecto que esté fuera de norma y que atente contra su calidad de vida. Y en este caso, amparados en la ley de Urbanismo y Construcción, hemos optado por ordenar la demolición de todo aquello que se encuentra al margen de estos cuerpos legales”.

La decisión del edil demoró varios meses, ya que antes de adoptarla realizó consultas al Ministerio de Vivienda y al seremi del ramo, Aldo Ramaciotti. Ambas instancias confirmaron la convicción municipal de aplicar la medida.

El decreto señala textualmente: “El Conjunto Armónico Bellavista, infringió gravemente la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de urbanismo y Construcciones, autorizándose con ello un proyecto de una envergadura manifiestamente superior a la que la ley urbanística permitía en el lugar donde se emplaza”, señala el documento.

La determinación firmada por Jadue establece además que una cuarta torre -también de 19 pisos- que podría construirse en el mismo cuadrante Bellavista-Pio Nono-Dardignac-Ernesto Pinto Lagarrigue, sólo podrá alcanzar un 20 % del edificio proyectado por la empresa.

El documento pone en una compleja situación a la USS y a su inmobiliaria, que deberán explicar a las personas que pudieron haber comprado en verde o en blanco, tanto en la tercera como en la cuarta torre una vivienda, sin que supieran de esta situación.

En el dictamen municipal, sin embargo, Jadue dejó fuera de esta decisión al edificio educacional de la USS, como también a la primera torre de departamentos que ahora se encuentra completamente habitada.

Al respecto explicó: “Los residentes de la primera torre y quienes estudian en la Universidad San Sebastián, pueden estar tranquilos ya que no serán afectados, porque las actuaciones de la municipalidad respetan plenamente a quienes han tomado decisiones actuando de buena fe”.

Por todo lo anterior, es altamente probable que USS lleve el tema a tribunales, con el fin de revocar la decisión de Jadue.

Corrupción

La demolición de las torres de departamentos está directamente relacionada con la investigación llevada por el Ministerio Público Centro Norte. En ella la fiscal Macarena Cañas, acreditó que el ex jefe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Recoleta Carlos Reyes de las administraciones de Gonzalo Cornejo y Sol Letelier (UDI), cobró por años coimas por autorizar ilegalmente permisos de construcción.

En 2013, el Tercer Juzgado de Garantía condenó a Reyes a cuatro años, pero le remitió la pena, luego que reconociera nueve delitos de cohecho. Para ello también consideró la información que entregó sobre el ofrecimiento de $ 15 millones, por parte del representante legal de la USS, Enrique Herrera Rodriguez. Ello con el fin de rebajar el pago de la rampa de acceso a los estacionamientos y que se renovara por otros tres años el llamado “premiso precario sobre el bien nacional de uso público”. Todo esto debía realizarlo Reyes con la ex alcaldesa Sol Letelier. En todo caso, también hay indicios de eventuales anomalías en el período de Cornejo.

Sobre estos hechos la fiscal Macarena Cañas mantiene abierta una indagatoria por cohecho en la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que involucra directamente a la USS.

En esta arista Herrera Rodríguez se autodenunció, con el fin de constituir la llamada “atenuante calificada”, hecho que le permitiría rebajar la pena si es que enfrenta una sanción judicial.

La ley OCDE

Atendida la condena a Reyes, Jadue resolvió cerrar el acceso a los aparcaderos que funcionan debajo de la casa de estudios. La USS recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Suprema para revertir la decisión, pero ambas instancias confirmaron que el edil tiene las facultades para resolver en ese sentido.

No fue el único caso en el que estuvo involucrado Reyes. Existió otro ligado a la empresa de Pinturas Ceresita, la que pagó por extender sus permisos, aún cuando estaba en situación contaminante y de peligro de incendio. La firma debió pagar US$ 2,5 millones a beneficio comunal, luego que se allanaran ante el mismo tribunal, evitando de esta manera ser condenados por la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Ello habría significado el cierre de la empresa.

La USS no lo ha pasado bien con la justicia, como tampoco con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que mantiene abierta una investigación de carácter administrativo desde febrero de 2013, donde también paralizó el uso de los estacionamientos, relacionados a las empresas relacionadas Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. y la inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A, por anomalías y falta de documentación para funcionar.

La casa de estudios, además, es indagada por el fiscal oriente Carlos Gajardo, por el lucro en las universidades.

Este diario intentó obtener ayer una versión de parte de Luis Cordero, presidente de la junta directiva de la USS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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