¿Mayoría?

El “histórico acuerdo tributario” entre el Gobierno, empresarios y algunos senadores, en la casa de un ex ministro de Sebastián Piñera, ha despertado una serie de cuestionamientos y críticas, tanto dentro de la misma coalición oficialista, como por parte de diversos actores políticos, técnicos y sociales.

En primer lugar, sobre cómo leer lo que sucedió, no podemos evitar preguntarnos si el acuerdo, cuya paternidad fue reclamada por el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, y que fue alcanzado en el living de la casa de Juan Andrés Fontaine, es un triunfo o una derrota para el Gobierno.

Para responder esto, nos tendremos que remontar a la campaña presidencial, en la cual Michelle Bachelet, inspirada en los principios del tantas veces reiterado “programa”, invitaba a votar también por los candidatos al parlamento de la Nueva Mayoría, con el objetivo de tener una “contundente mayoría” para realizar las transformaciones prometidas. Entre dichas reformas, se ubicaban como prioritarias la Reforma Tributaria, con la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), la Reforma Educacional (por una Educación Pública, Gratuita y de Calidad para todos) y una Nueva Constitución.

El resultado de la elección, a pesar de la alta abstención, dejó a la Nueva Mayoría con 67 diputados (55,8%) y con 21 senadores (55,2%), es decir, con mayoría absoluta en ambas cámaras.

Con el nuevo Gobierno instalado, cuya mayoría parlamentaria no puede ser puesta en duda, comenzó el debate tributario en un ambiente polarizado. Por un lado, quienes ideológicamente no están de acuerdo con el alza de impuestos, comenzaron a instalar la idea que la Reforma Tributaria sería dañina para la clase media, que arruinaría las PYMES, frenaría la inversión y que subiría los precios de los bienes esenciales. Por otro lado, el Gobierno desmintió tajantemente dichas afirmaciones, las que declaraba como absolutamente falsas e intencionadas por “los poderosos de siempre”, ya que estos serían los principales contribuyentes de la Reforma Tributaria.

Luego de dos meses de tramitación en la Cámara de diputados y con el proyecto aprobado en su primer trámite, las voces que apelaban a una imposibilidad de legislar en tan poco tiempo, fueron los mismos que, tras el -obsceno, pero rentable- inserto de más de 30 millones de pesos pagados por un director de La Polar, y tras una llamada por teléfono, volvieron al país entre gallos y medianoche para firmar un “acuerdo transversal”, que fue gestado en menos de una semana. O sea, el problema nunca fue el tiempo involucrado, sino la protección de los intereses en juego.

De pronto, ni los problemas de la clase media, ni las alzas de precio, ni los problemas de inversión aparecían en las cuñas de los opositores a la reforma. Se delataron todos los eufemismos que estaban siendo usados para ganar un gallito político e ideológico. Por su parte, la retención de utilidades y el “chuteo” de impuestos por parte de las empresas (FUT 2.0), o la disminución de atribuciones del SII, ya no parecía un problema para el Gobierno. La renuncia a los principios que se defendieron con tanta vehemencia, tanto en la campaña como en el primer trámite legislativo, fue evidente. Lo dejaron en claro especialistas como Claudio Agostini, los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a través de Carlos Insunza, o el mismo “papito de la guagua” y presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad.

¿Qué sentido tenía pedir una “mayoría contundente” en el parlamento, si se renuncia a ejercer dicha ventaja al momento de generar transformaciones para el país? ¿Con qué cara estarán los representantes de la Nueva Mayoría, o peor aún, sus militantes, que durante la campaña prometieron que “ahora sí” se podría generar “un nuevo ciclo”?

Algunos plantean que hay acuerdos con quienes están en contra de un proyecto que garantizan estabilidad. Pero el acuerdo “transversal” de la LGE el año 2006 nos muestra que, en ese caso, lo único que se logró fue mantener el sistema educacional mercantilizado y desprestigiar aún más a la clase política. En cambio, hay otros acuerdos que nos pueden llevar a profundizar las convicciones y los principios, antes que a transarlos. Afortunadamente, es en este ámbito donde nos encontramos en materia educacional. La coalición de Gobierno ha presentado un primer proyecto que tiene importantes medidas para ir terminando con la educación como un bien de consumo, pero es ahora cuando tendrá que tomar opciones.

Las promesas de campaña están presentes en la ciudadanía tanto como en el mundo político, por lo que debiera hacerse prácticamente imposible el ocultamiento de razones y el cambio de prioridades. Por lo demás, estar en contra del lucro y de la segregación por motivos socioeconómicos (y otros) no admite matices: o se está a favor o se está en contra. La graduación, que se pretende hacer valer en materia tributaria (“más o menos incentivos”, “más o menos trabas”, “más o menos control”) no viene aquí al caso. Para qué decir, que la falta de compromiso con estos ideales debiera ser sancionada de manera todavía más drástica por los ciudadanos que creímos y creemos en que el país justo que queremos que sea Chile, pasa por una reforma estructural que remueva de su seno el mercado educacional. La pregunta para el Gobierno en materia educacional es clara:

¿Llegar a un acuerdo “en la cocina” y con quienes no comparten los principios presentados por un programa de Gobierno, como sugiere Zaldívar, o intentar llegar a un acuerdo y ejercer mayorías con los actores sociales que durante años se han movilizado por transformar el sistema educativo, y que posibilitaron un nuevo aire de la coalición de Gobierno?

Todos tenemos algo que decir en esto, además de una cuota de responsabilidad para que no se repita este bochorno en educación.

*Diputado Revolución Democrática