SII

El clan Ossandón Larraín produjo un perjuicio en las arcas fiscales por un monto superior a los US$ 330 millones. Así lo establece la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y que publica The Clinic Online.

El libelo está dirigido en contra de Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Larraín, como los autores de una estrategia tributaria ilegal con el fin de evitar pagar impuestos en Chile a través de una triangulación con Panamá y una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, llamada Real State Golden Investment (RSGI).

A los anteriores, también en calidad de autores de delito tributario están los hijos de ambos, Gabriel, Bernardo y María Teresa Ossandón Larraín.

Básicamente, el SII les imputa la suma mencionada por no tributar operaciones de traspaso de activos entre al menos cinco sociedades.

“Se constató que los querellados diseñaron y ejecutaron una serie de actos constitutivos de procedimientos dolosos, destinados a ocultar el monto de las verdaderas operaciones realizadas y rebajar su carga impositiva en forma antijurídica y maliciosa”, señala la acción legal.

La cifra alcanzada por el SII, en pesos, alcanza a -sí, lea bien- $ 198.264.603.637.

El organismo la desglosó en tres ítemes. El primero por poco más de 62 mil millones por el no pago del Impuesto de Primera Categoría con las sociedades Inversiones Zebra, La Rosa, DM Inversiones, Tongoy, Navona, Guadalupe que transfirieron a un valor inferior los activos que poseían a Lomas II. El resto, por diferencias en el impuesto de Primera Categoría de la sociedad RSGI.

Hay que recordar que en 2012, tal como lo informó este diario, el SII realizó una de las liquidaciones más grandes de la historia tributaria nacional, ejecutando US$ 220 millones en contra del clan Ossandón Larraín.

La querella del SII también tomó en consideración un peritaje realizado a la firma del pater familia, el político y empresario Bernardo Larraín Vial. Este último habría autorizado, estando en cama e imposibilitado de hacerlo, la autorización para triangular los activos de las sociedades a través RSGI de las Islas Vírgenes. Esta última, en sus estatutos dejaba los bienes al OPUS, la Iglesia y a la Universidad de los Andes si ninguno de los parientes quedaba vivo.

Sin embargo, una pericia de la PDI, reveló que la rúbrica era falsa y el autor del delito era Gabriel Ossandón Valdés.

El clan también estaba querellado por Manuel Ossandón Larraín, quien exigía el pago de más de cien millones de dólares de la parte que le correspondía en la fortuna, ante la Fiscalía Centro Norte por estafa y apropiación indebida. Sin embargo, el Ministerio Público estimó que los delitos estaban prescritos y solicitó el sobreseimiento de la causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía, que la aceptó.

El abogado querellante, Sergio Contreras, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar la medida.

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