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Desde que llegó al Congreso, Gabriel Boric ha sido una voz recurrente a la hora de hablar de educación pública, defender derechos ciudadanos y criticar la relación entre dinero y política. De hecho, en la sesión de la Comisión Investigadora del 4 de agosto de 2014 sobre el caso Cascadas, el parlamentario por Magallanes, integrante de la instancia, sorprendido por la forma en que se desarrollaba la indagación sobre Julio Ponce Lerou y el caso Cascadas, tomó la palabra y pidió clarificar a sus colegas si alguno de ellos tenía algún conflicto de interés que entorpeciera el trabajo de la instancia.

La llamada arista Soquimich del caso Penta apunta a que algo de eso había en las apasionadas intervenciones de sus colegas. En conversación con The Clinic Online, Boric se refiere a este tema, al escándalo por el millonario préstamo del Banco de Chile a la nuera de la Presidenta y al concepto que engloba estas prácticas: la ética de la clase dirigente.

¿Te sorprendió que surgiera información de Soquimich en el caso Penta? ¿Cómo te enteraste?

Me imagino que, tal como la mayoría de los chilenos, me enteré por la prensa, lo cual me parece muy positivo porque demuestra que la prensa también está haciendo investigaciones que antes no se hacían. Eso creo que es una buena noticia, que los medios de comunicación estén fiscalizando de esta manera a quienes gobiernan. ¿Y si me sorprendió? La verdad es que no mucho porque era por todos sabido de que la colonización del empresariado a la política era y sigue siendo un problema transversal para la política chilena. Si bien quizás esto tiene sus raíces más profundas en la derecha heredera de la dictadura cívico militar, también influyó de manera sustantiva en la Concertación durante los 20 años que fue Gobierno y sigue influyendo hasta hoy a la Nueva Mayoría.

En la comisión investigadora del caso Cascadas preguntaste y pediste a los diputados participantes que pusieran las cartas sobre la mesa y revelaran si tenía conflicto de interés o habían obtenido financiamiento de esta empresa, ¿qué pasó con eso?

O sea, yo no pregunté por la empresa en específico, sino que por SQM o cualquiera de las empresas relacionadas con el caso Cascadas. Y esto lo pregunté debido a que revisando los directorios de las empresas vinculadas al caso Cascadas, como Pampa Calichera, Norte Grande y otras, uno se encontraba rápidamente con exministros funcionarios de las Concertación, exministros funcionarios de Piñera y exministros o funcionarios de la dictadura cívico militar. Entonces, me pareció importante que quedara establecido en acta si es que alguno de los parlamentarios había tenido participación o vínculo con alguna de estas empresas. Desgraciadamente decidieron no responder, la mayoría de ellos, y su alegato fue de que esta era una comisión investigadora de SQM y no una comisión investigadora de los diputados. Ahora, insisto: yo no tengo ningún antecedente ni presumo de nadie en particular que haya participado en la comisión, pero me pareció que era importante dado el carácter del caso que estábamos investigando que eso quedara explícito en acta o por lo menos haber hecho la pregunta.

Era por todos sabido de que la colonización del empresariado a la política era y sigue siendo un problema transversal para la política chilena”.

Durante el transcurso de la comisión se advirtió la argumentación de algunos diputados muy cercana al discurso de Julio Ponce. ¿Se trató de “desviar la atención”?

No explícitamente porque el problema que se suscitó en la comisión es que los intereses de Julio Ponce eran contrapuestos a los intereses de Sebastián Piñera. Entonces se dio una convergencia de intereses que puede ser casual o no, eso no lo sé, pero en donde finalmente para la Concertación uno de los objetivos que buscaba era pegarle a Piñera por el tema del fideicomiso ciego y de la reunión que tuvo Ponce Lerou con (Julio) Dittborn o uno de sus colaboradores con Dittborn, cuando éste era subsecretario de Hacienda de la administración Piñera. Por lo tanto, lo que se buscaba era tratar de pegarle a Piñera por parte de algunos y eso coincidía -y acá no sé si eso es circunstancial o si habían otros intereses en juego-, con la defensa que hacía Julio Ponce de su inocencia. Eso generó tensiones en la comisión.

Estamos hablando de una persona paradigmática para el concepto que has ocupado de colonización del empresariado sobre la política chilena, porque Julio Ponce estuvo ligado (lo está todavía) con la familia de Augusto Pinochet, que construyó un imperio y se rodeó durante mucho tiempo con una especie de red de protección, hasta el caso Cascadas.

Bueno, la historia de Julio Ponce es un poco la historia de parte del empresariado chileno. De ese empresariado que se hizo rico con las privatizaciones totalmente ilegítimas de fines de la dictadura, de fines de los años 80. Que sus negocios florecieron durante los gobiernos de la Concertación, sin que nadie los tocara. Y que, yo me imagino que, a través de esa impunidad en que se vieron y sintieron que nadie los podría tocar, empezaron a generar vínculos hacia la política. Y yo creo que es bastante parecido a lo que pasa con Penta y ahora con este caso y seguramente van a ser varios más. El caso de (José) Yuraszeck, por ejemplo, en el caso Chispas, que es otro que podría entrar en esta lógica y sería una interesante línea investigativa. Pero la verdad es que el caso de Ponce es bien paradigmático de cómo una persona que se vio favorecida por todo lo que fueron las privatizaciones de la dictadura finalmente terminó amasando su fortuna durante los gobiernos de la Concertación y después termina estableciendo vínculos con personeros transversales en materia política. En los directorios de las empresas Cascadas estaba por ejemplo Osvaldo Puccio y otra serie de altos cargos de los gobiernos de la Concertación, la derecha y la dictadura.

El caso de Ponce es bien paradigmático de cómo una persona que se vio favorecida por todo lo que fueron las privatizaciones de la dictadura finalmente terminó amasando su fortuna durante los gobiernos de la Concertación y después termina estableciendo vínculos con personeros transversales en materia política”.

También se han revelado boletas de familiares y asesores de parlamentarios, por ejemplo del senador Fulvio Rossi, quien señaló que justo las fechas investigadas corresponden a períodos en que sus colaboradores ya no trabajaban para él. ¿Es creíble esa explicación o debe clarificar algunas cosas?

Yo no tengo ningún antecedente y sería irresponsable hacer un juicio de acusación a las palabras de (Fulvio) Rossi. Pero sí creo que tiene que aclarar dos cosas: primero, que abogue porque se investigue si hubo boletas falsas o no y si ha recibido financiamiento, tanto para la campaña como para el ejercicio de la senaturía por parte de empresas mineras. Y si es así, por qué montos, por cuánto tiempo y a cambio de qué.

Llevamos varios meses debatiendo sobre la relación entre el empresariado y la política y sobre el posible financiamiento ilegal de campañas, a propósito del caso Penta. El Gobierno ha hablado estos días de un proyecto para establecer una especie de marco institucional que regule lo público y lo privado. ¿Qué te parece que se reaccione de esta forma? ¿Es suficiente desde tu punto de vista?

Las reacciones tienen que ir en dos direcciones: una hacia el futuro, para que esto no vuelva a suceder y en eso creo que es el rol tanto del Ejecutivo como del Congreso de crear marcos institucionales que mejoren la transparencia, la fiscalización y sobre todo que establezcan un cortafuego potente entre dinero o empresariado y política. Y segundo todo lo que hay detrás, de lo que haya sucedido. Me sigue pareciendo impresentable que gente como Ena von Baer o Iván Moreira sigan votando en el Congreso dado el carácter ilegítimo del financiamiento de sus campañas. Y si es que se descubriera algo de estas características en cualquier otro parlamentario, sea de la Concertación, independiente o lo que sea, pensaría exactamente lo mismo.

Muchas veces la clase política actúa con obsecuencia frente a la elite y uno de los objetivos por los que yo llegué al Congreso es tratar de romper con esos miedos y enfrentar esas posiciones que son unas de las causas de la profunda desigualdad en Chile”.

Además del tema sobre financiamiento a la política, en las últimas semanas nos enteramos del caso Caval, que involucra a la familia y directamente al hijo y nuera de la Presidenta. ¿Es suficiente para ti la renuncia y explicación que dieron al respecto tanto Sebastián Dávalos como la Presidenta?

Esto escaló a niveles impensados en un comienzo, dado la negligencia de Dávalos y la demora. Ahora, a todas luces, como lo han dicho otros parlamentarios y otras voces, las explicaciones de la Presidenta fueron insuficientes. Acá finalmente se cortó por el hilo más fino y no se ha hablado en profundidad de los vínculos de grupos como Luksic con la Concertación. ¿Hay más vínculos o no? ¿Hubo financiamiento de Luksic a las campañas de la Concertación? Creo que esos son temas interesantes de investigar, porque no cualquier chileno dueño de una Pyme consigue una reunión con el vicepresidente y dueño de un banco y menos un crédito por esa cantidad para hacer un negocio que en sí es cuestionable éticamente por la especulación con el suelo inmobiliario. Hay que profundizar la investigación. Creo que esto sirve para tener una señal muy potente de la institucionalidad para que estos escándalos no se produzcan.

A todas luces, como lo han dicho otros parlamentarios y otras voces, las explicaciones de la Presidenta fueron insuficientes”.

Hay un debate sobre si esto es ético, legal, si es aceptable un enriquecimiento como el de la nuera de la Presidenta ¿Cómo se regula esto?

Nunca se van a poder resolver los problemas éticos de las personas con leyes. Hay que mejorar el estándar de la política en general y el marco y la institucional, pero la exigencia ética tiene que permear cómo se hace política y eso requiere un compromiso de la ciudadanía en ser más inquisidora con los parlamentarios, tener participación más activa, no permitir que tipos como Ena Von Baer y Moreira vuelvan a llegar al Congreso. La ciudadanía tiene una responsabilidad porque la ciudadanía es parte de la política también y a mí no me cabe duda de que el estándar ético en Chile no se ajusta a la ley. El estándar que se tiene que exigir quienes tenemos cargos de representación pública o política debe ser mayor que decir es legal o no es legal.

No cualquier chileno dueño de una Pyme consigue una reunión con el vicepresidente y dueño de un banco y menos un crédito por esa cantidad para hacer un negocio que en sí es cuestionable éticamente por la especulación con el suelo inmobiliario”.

Tú te transformaste en figura pública como dirigente estudiantil para poner en agenda temas como el abuso de la elite, de una especie llamada comúnmente “clase intocable”. ¿Cómo ves hoy eso como parlamentario, al tener responsabilidad de representación de un distrito?

La sensación sólo se ha profundizado. Acá en Chile existe una clase privilegiada que sigue pensando que es intocable, más allá de los temas que se han visto en el último tiempo. Una elite que se reproduce de manera endogámica y que no esta dispuesta a que sean tocados sus privilegios. Muchas veces la clase política actúa con obsecuencia frente a la elite y uno de los objetivos por los que yo llegué al Congreso es tratar de romper con esos miedos y enfrentar esas posiciones que son unas de las causas de la profunda desigualdad en Chile. Creo que tanto en materia de Educación, Vivienda y Pensiones, así como en el acceso al dinero se manifiesta esta relación enferma con esta pequeña elite que, como decían Los Prisioneros, se sienten con el derecho heredero a ser los dueños de América del Sur.

¿Cuáles son tus desafíos personales y los de tu colectivo para este segundo año en el Congreso?

Estamos en un proceso largo de constitución política como Izquierda Autónoma, creemos que hay espacios para nuevos referentes de izquierda fuera de lo que ha sido el duopolio derecha-concertación y estamos trabajando fuerte para consolidar esa posición. Lo personal en la diputación, es que los magallánicos se sienta orgullosos y representados por la labor que realizamos, dar la pelea este año por la agenda de la descentralización y seguir peleando porque la educación en Chile sea igualitaria, sin privilegios de clase como sigue siendo hasta hoy. Aportamos también en otras cosas. Yo estoy en la Comisión de Trabajo, donde esperamos una Reforma Laboral que por fin favorezca a los trabajadores por sobre los empresarios que han sido beneficiados por las leyes hasta ahora,y desde la humildad seguir aprendiendo, uno no se las sabe todas.

Te tocó debutar en un año duro, actuaste de “Llanero solitario”.

Bueno, uno recibe muchos combos, pero lo fundamental es que no se suban los humos a la cabeza y entender que hay gente que sabe más que uno, no necesariamente en el Parlamento, sino también la gente con la que uno habla en la calle.