La-misma

Después de meses de papeleo, la mañana del 29 de diciembre del año pasado los accionistas de la AFP Provida se reunieron en las oficinas de Pedro de Valdivia 100, sede de la casa matriz de la administradora. Estaban contra el tiempo para lograr su objetivo: aprobar la fusión con Metlife Acquisition Co., hasta ese entonces sociedad matriz de Provida con el 92% de sus acciones. El proceso de fusión, según quedó estipulado en la misma junta, debía comenzar antes de que terminara el año 2014 para poder acceder a un ahorro de 180 mil millones de pesos, a través de un goodwill tributario. Además de los representantes de Metlife – empresa especializada en seguros, con presencia en 45 países y un promedio de 90 millones de clientes- había representantes los Bancos Itaú, BBVA, Santander, Banchile Corredores y otros socios minoritarios que alcanzaban el quórum necesario para aprobar la fusión. También acudieron miembros del directorio de Provida y dos funcionarios de la Superintendencia de Pensiones. Después de 40 minutos, la junta resolvió fusionar formalmente Provida y Metlife.

Ahorro millonario

El goodwill tributario es la ganancia que obtiene una empresa por la diferencia entre el valor que paga por adquirir otra y su capital tributario (suma de activos y pasivos). En simple: es la rebaja en impuestos que gana una empresa por comprar caro otra. Como parte de la reforma tributaria, ingresada en el gobierno de Michelle Bachelet, se acordó terminar con el goodwill tributario por considerarlo una mala práctica. Más que ser la consecuencia de una fusión, en muchas ocasiones se estaba transformando en su causa. Fue tanto el abuso en la utilización de la fórmula que el beneficio se liquidó dos años antes de que comenzara a correr la reforma (2017), a través de una resolución del Servicio de Impuestos Internos publicada en diciembre del año pasado, entregando el beneficio solo en los procesos de fusión iniciados antes del 1 de enero de 2015. En los últimos 4 años, 21 empresas han accedido al goodwill tributario por una fusión. Una de las últimas en aprovechar el resquicio del SII fue Principal con Cuprum, operación que le permitió a la primera un ahorro de 80 mil millones de pesos. Las críticas a la “movida”, destapada por The Clinic, dejaron en el ojo del huracán a la superintendenta de pensiones Tamara Agnic y a miembros de la Democracia Cristiana -partido que apoyó la misma reforma oficialista que acababa con el goodwill- que también son parte del directorio de la AFP Cuprum.

El senador Alejandro Navarro (MAS) fue más allá y pidió la renuncia de Agnic por “negligente”. Además, presentó los antecedentes del caso a la Fiscalía Nacional Económica, a la dirección de grandes contribuyentes del SII y el Ministerio Público. “Yo creo que Metlife está al aguaite de cómo va esto. Quieren hacer un proceso similar al de Argentum que debería ser detenido de manera inmediata, dadas las investigaciones que están en curso. Sería un error tramitarlo como si nada existiera. Esperamos que no se llegue a concretar”, dice el parlamentario. Para determinar si hubo irregularidades en la operación la cámara de diputados aprobó una comisión investigadora que espera analizar el tema. Siguiendo los pasos de Principal, la movida de Metlife sería convertirse en una AFP llamada Acquisition S.A. y, una vez aprobada su existencia por la Superintendencia de Pensiones, absorber a Provida. Hasta el momento, la Superintendencia de Pensiones no ha aprobado ni la existencia de la AFP Acquisition ni su posterior fusión con Provida, pero desde el organismo afirman que, a pesar de la polémica por el caso Cuprum, el proceso de Metlife “no está congelado” y que la fecha de aprobación depende de cómo avance el análisis de la documentación. El informe pericial de Provida sobre la fusión, publicado en noviembre de 2014, indica que los cálculos estimados “preliminarmente por la Administración y revisado por sus asesores tributarios” permitirían a la aseguradora ahorrarse la friolera de 180 mil millones de pesos.

AFP de papel

La única manera de que una empresa se fusione con una AFP es que también sea una AFP. Por eso Metlife inició un proceso para cambiar sus estatutos y solicitó a la Superintendencia de Pensiones transformarse en una aseguradora que se llamaría Acquisition Co. En uno de los antecedentes del proceso, entregados por la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros, se exponen los cinco objetivos “exclusivos” de la nueva AFP, entre ellos la administración de fondos, prestaciones y beneficios, además de estipular que apenas se produzca la fusión el nombre oficial de la aseguradora será Provida AFP. Lo mismo ocurrió luego de la fusión en la que Argentum absorbió a Cuprum: se quedó con su nombre, sus afiliados, pagina web e incluso facebook. Ni siquiera los cotizantes sabían que su AFP había sido absorbida. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), asegura que a los afiliados de la aseguradora no se les produce ningún daño, pero que el plan de negocios que debió entregar Metlife a la Superintendencia de Pensiones -y que forma parte de los requisitos según la ley para crear una AFP- debe estipular los beneficios que tendrían los afiliados. “Como no hay acceso al plan de negocios, no sabemos si se declaró todo lo estipulado en el reglamento para crear una AFP. De nuevo toda esta operación podría tratarse de una empresa de papel, que en realidad no sale al mercado, que está utilizando el goodwill para eludir impuestos. Una AFP no puede ser creada para solo poder hacer un beneficio tributario”, afirma Calderón.

Lobby

A principios de junio Álvaro Gallegos, ex superintendente de Pensiones, escribió un mail al senador Carlos Montes (PS) donde le contaba “los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la super de pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos”. Gallegos, quien duró solo tres meses en el cargo, agregó que “tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum”. En la misiva concluye que la relación de dinero y política se “expresa aquí descarnadamente”. Esa relación, en el caso de Cuprum, vinculaba a la DC, a través del presidente de la AFP Hugo Lavados y uno de sus directores, Mario Livingstone. En el caso de Provida el vínculo político es más transversal. El cargo de vicepresidente lo ocupa Jorge Carey, quien fue miembro de la comisión política de RN y formó parte del directorio de Instituto Libertad. Dentro de la lista de directores se encuentra Cristina Bitar, sobrina del ex ministro PPD Sergio Bitar y ex jefa de las campañas presidencial y senatorial de Joaquín Lavín (UDI) que fue citada a declarar en el marco del caso Penta-SQM. Le siguen el ex ministro de economía de Patricio Aylwin Jorge Marshall (PPD), quien formó parte del equipo del primer programa de gobierno de Michelle Bachelet, y Osvaldo Puccio (PS), ex vocero de la presidenta. También estuvo entre las filas de Provida la actual ministra del trabajo Ximena Rincón (DC). “Hay una objeción ética para las personas que están en el mundo político, con el discurso de la equidad. Esto no produce más equidad, claramente lo que favorece son las utilidades de estas empresas. Además podría ser que personas con este vínculo político hayan hecho el lobby suficiente, que la influencia política no permita una revisión más exhaustiva y que se imponga esta rebaja tributaria que en definitiva va en perjuicio del Estado”, afirma Hernán Calderón.

El magíster en finanzas Gino Lorenzini, fundador de la organización que asesora a cotizantes Felices y Forrados, asegura que, por los montos involucrados, este caso es más grande que el caso Penta o Caval. Vincula la transversalidad política del directorio de Provida con el hecho de que no se aprobara, en la primera ocasión, la comisión investigadora de la Cámara sobre el caso Cuprum. “Los parlamentarios que no fueron a votar eran de todos los colores políticos. Acá quedó claro que el poder de lobby de las AFP es brutal, controlan a todos los partidos políticos”, afirma Lorenzini. Ninguno de los miembros del directorio de Provida quiso conversar con The Clinic.