Columna: Ley de Partidos, las mujeres afuera

La baja participación de las mujeres en la esfera de lo público, entiéndase en la actividad política partidaria, en el ejercicio de puestos de decisión en organismos del Estado y de otros poderes públicos, y también de otras instancias de prestigio en dicho ámbito es uno de los principales obstáculos para avanzar en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En efecto, el derecho a participar no sólo es un derecho en sí sino que resulta fundamental para el reconocimiento y protección de otros derechos en la medida que su ausencia en los espacios de decisión implica la invisibilidad de los temas que las afectan y que son el producto de una discriminación estructural.

Los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas han señalado la necesidad de introducir mecanismos que garanticen dicha participación a través de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole de manera de avanzar en los hechos hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Más aún, dichos organismos han recomendado más de una vez a Chile dar solución a la baja tasa de participación femenina en posiciones de prestigio y poder que exhibe el país en comparación con la región.

Así, al argumento de justicia que implica superar la discriminación en aras del principio de igualdad a la base de nuestras democracias, se une el argumento de democracia que pone énfasis en la necesidad de que las mujeres se vean más representadas en los espacios de poder.

Es por eso que resulta altamente preocupante lo que está ocurriendo con el trámite del proyecto que modifica la Ley de Partidos, una iniciativa que prometía fomentar la participación, aumentar la transparencia y robustecer la democracia interna de los partidos políticos, entre otros temas de mejora democrática. En efecto, los senadores que integran la comisión que revisa la iniciativa, resolvieron eliminar la norma que obligaba a contar con mujeres en los órganos de dirección de los partidos, dejando el requisito sólo para las candidaturas a dichos puestos. Si bien algunos senadores han planteado la posibilidad de volver a la redacción anterior, aún es incierto lo que ocurrirá en la sala de la cámara alta.

¿Cómo le decimos al país que estamos de acuerdo con que hombres y mujeres estén representados de manera equilibrada en estas instancias, que efectivamente hay una discriminación histórica que nos afecta, si cuando se puede hacer algo por revertir esta realidad nuestros representantes no lo hacen? Utilizando el mínimo test de objetividad me atrevo a asegurar que esa modificación no hubiera tenido lugar si la comisión del Senado tuviera al menos la mitad de integrantes mujeres. Por el contrario, la comisión es un reflejo de lo que una no quisiera que existiera, espacios donde sólo los hombres deciden sobre aspectos que afectan la vida de las mujeres. Ampliando la mirada, el parlamento mismo es un ejemplo de esos espacios donde las mujeres tienen dificultades para acceder. De los 38 escaños que hay en el Senado solo 6 son ocupados por mujeres, mientras que en la Cámara de Diputados la relación es 19 de 120.

Chile ha avanzado lentamente en la generación de una cultura que reconoce los déficits en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Hay ya un cierto sentido común instalado que haría impensable por ejemplo contar con una foto de gabinete como la del inicio de la transición bajo el gobierno de Don Patricio Aylwin. Causa desconfianza también que no haya una representación equilibrada de hombres y mujeres el Consejo de Observadores del Proceso Constituyente y lo mismo sucede con la comisión del Senado que revisa el proyecto en cuestión.

En el proceso legislativo aún quedan espacios para revertir lo ocurrido en la discusión sobre la Ley de Partidos y es de esperar que las fuerzas políticas tomen conciencia acerca de la importancia de incorporar a las mujeres a las instancias de decisión de las colectividades y sean conscientes de que cada vez más, es en este tipo de cuestiones, se juega la confianza de muchas mujeres en nuestros representantes y en definitiva la adhesión al proyecto democrático.

Lorena Fries,
Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.