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Nacional

16 de Febrero de 2016

Caso Basura: Fiscalía cita a declarar como imputado al UDI Mario Olavarría, presidente de alcaldes de la Alianza

El Ministerio Público llegó a Olavarría a través de Marcela Morales, una de las funcionarias públicas formalizada en el Caso Basura. Morales, administradora municipal de Cerro Navia, mantuvo un contrato a honorarios paralelo por cuatro años con el municipio dirigido por el UDI, que además es líder de los alcaldes opositores. Los trabajos fueron cuestionados por la Contraloría y hoy son indagados por la Fiscalía.

Por

Mario Olavarría

El alcalde de la comuna de Colina y presidente de la Asociación Municipal de ediles de oposición, Mario Olavarría (UDI), declarará en marzo como imputado en una de las aristas de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el denominado Caso Basura. Esto debido a lo vínculos contractuales del municipio que dirige con Marcela Morales, administradora municipal de Cerro Navia, acusada por la Fiscalía de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y de sostener contratos paralelos por servicios no prestados.

La administradora municipal ya formalizada, paralelamente a sus funciones en Cerro Navia, entre 2010 y 2014, estuvo contratada a honorarios como asesora de la Secretaría de Planificación de Colina. El alcalde Mario Olavarría y el secretario municipal de esa comuna, Carlos García Lecaros, fueron los responsables de firmar los decretos para contratarla.

Un informe de Contraloría, emitido en octubre de 2014, cuestionó las labores paralelas de Morales y sostuvo que “resultaba dudoso” que las funciones para las que fue contratada en Colina fueran realizadas fuera de su jornada laboral en Cerro Navia, comuna donde figura hasta enero de 2016 en la página de Transparencia Activa con un suelo bruto de $2.832.822. Además la entidad fiscalizadora planteó que tampoco existe constancia de la materialización de las labores.

El informe de Contraloría consigna que Morales, consultada por la materia, explicó que “las funciones las desarrollaba vía telefónica y, a veces, algún día sábado o fuera del horario laboral, precisando además, que ella no se coordinaba con las instituciones y/o departamentos aludidos en sus informes, sino que con la directora de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Colina”.

El alcalde de Colina, quien fue uno de los más críticos de la decisión de la UDI de respaldar a los militantes involucrados en el financiamiento irregular de la política, fue citado a declarar a fines de enero para aclarar los trabajos realizados por Morales. Tras la gestión de su abogado, Matías Balmaceda, la diligencia fue pospuesta para marzo.

Olavarría confirmó a The Clinic Online que asistirá a declarar en calidad de imputado y colaborará con la investigación entregando, dice, todos los antecedentes que acrediten que los trabajos cuestionados de Morales sí fueron realizados.

“Estoy muy tranquilo, porque las cosas en Colina las hemos hecho bien. Espero informar al fiscal con total transparencia de lo que se ha hecho en la comuna y aclarar el tema, estamos hablando de contratos a honorarios por un trabajo que se realizó”, sostuvo el alcalde, quien prefirió no entregar mayores detalles.

El origen del caso

En los inicios del caso, la Fiscalía investigaba las millonarias licitaciones adjudicadas a la empresa KDM para la extracción y disposición final de los residuos. La empresa cuestionada habría pagado sobornos a las autoridades comunales para ser favorecida. A eso, luego se sumó, las contrataciones cruzadas entre los municipios de Cerro Navia y Maipú por servicios que no habrían sido prestados, modelo que según la Fiscalía, se habría replicado con Colina.

Por estas imputaciones, el año pasado, fueron formalizados los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, Christian Vittori y Luis Plaza, ambos quedaron con arraigo nacional y firma semanal mientras dure la investigación. Además de los alcaldes, fueron formalizados el concejal de Maipú y secretario de la Corporación Municipal de Cerro Navia, Marcelo Torres, quien es sindicado como líder de la organización para cometer los ilícitos, y Marcela Morales, entre otros funcionarios y los empresarios involucrados. A Morales se la acusa de haber ayudado a Torres a esconder los dineros obtenidos mediante la compra de inmuebles.

Y esa no es la única acusación que enfrenta Morales. Según el Ministerio Público, la administradora municipal cometió el delito de malversación de caudales públicos porque habría sustraído 49 millones del municipio de Colina “con el consentimiento de funcionarios públicos de dicho municipio encargados de los mismos” mediante contratos, según informa El Mercurio.

En la audiencia de agosto pasado, la Fiscal Tania Mora argumentó que la supuesta organización ilícita que existía entre Maipú y Cerro Navia “ha emprendido una nueva alianza territorial en la comuna de Colina”, donde funcionarios cuestionados trabajaban para esa alcaldía.

Además de Morales, otro involucrado según la fiscalía es César Vidal, actual director de desarrollo comunitario de Cerro Navia, que también figura con contratos paralelos en Colina.

Esta no es la primera vez que Olavarría debe enfrentar a la justicia. En 2010 fue formalizado por cohecho en el Caso Coimas, junto a su ex jefe de gabinete, Domingo Soto y el gestor inmobiliario, Nabil Mansour. La denuncia sostenía que el supermercado Tottus pagó cerca de 120 millones en coimas para que le arrendaran los terrenos fiscales donde se instaló. Finalmente, fue absuelto por la justicia.

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