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5 de Abril de 2016

Lea la declaración completa de Sebastián Piñera ante la fiscalía en la investigación por cohecho contra Pablo Longueira

"En lo específico no recuerdo haber hablado con el senador Pablo Longueira de esta materia, pues esa tarea era de los ministros, en cuanto a conseguir los votos para la aprobación de la ley. Tampoco tomé contacto alguno, en esta materia con miembros del directorio de SQM o con su gerente general. En este contexto, definitivamente no. No lo hice con ningún ejecutivo de ninguna empresa chilena", declaró el ex Mandatario ante el fiscal Pablo Gómez.

Por

sebastian piñera a1

Fecha: 22.03.2016
Hora de inicio: 09.00 hrs.
R.U.C. 1600230893-6
En Santiago, a 22 de marzo de 2016, siendo las 09.00 horas aproximadamente, comparece don MIGUEL JUAN SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE, RUT xxxx, de profesión economista, domiciliado en calle xxx Las Condes, Región Metropolitana, quien para los efectos del artículo 26 de Código Procesal Penal, fija como tal su domicilio; se procede a registrar declaración en calidad de testigo, en presencia del Fiscal Pablo Gómez Niada, del abogado asesor Freddy González Valdés y del subinspector ISMAEL LOBOS ORTEGA, voluntariamente declara:

FISCAL: ¿ Le correspondió como P. de la R. firmar el mensaje Nº 244-358 de fecha 31 de agosto de 2010, que enviaba al Congreso Nacional un proyecto sobre modificación de tributos a las empresas mineras y en particular la posibilidad de que las empresas mineras nacionales pudieran acogerse al beneficio de invariabilidad tributaria, contenida en el artículo cuarto transitorio?

Efectivamente firmé ese mensaje. Un poco de historia y contexto. El 11 de marzo de 2010, cuando asumimos el gobierno, enfrentábamos muchos y grandes desafíos, pero dentro de ellos, los más relevantes eran tres: el terremoto y el maremoto del 27F, que había cobrado más de 500 vidas, también había destruido cerca de 30 mil millones de dólares en infraestructura y patrimonio y el Estado debía asumir una responsabilidad por esa reconstrucción, donde estimábamos necesarios cerca de 10 mil millones de dólares. En segundo lugar, teníamos que financiar el programa de gobierno, que era muy amplio y ambicioso. Y en tercer lugar teníamos el compromiso de equilibrar las cuentas fiscal y habíamos heredado un déficit fiscal del año 2009 del 4,3% del Producto Interno. En consecuencia desde el comienzo de nuestro gobierno nos dimos cuenta que debíamos hacer esfuerzos por recaudar más recursos y racionalizar el gasto público.

En ese contexto le encargo a los ministros respectivos preparar una ley de Reconstrucción que incorporara también una mayor recaudación tributaria para financiarla, y, en consecuencia, se presenta el primer proyecto en abril de 2010 que contemplaba aumento de tributos, incluyendo el impuesto específico a la minería, más conocido como Royalty. Ese proyecto fue aprobado, pero la parte que se refería al impuesto específico a la Minería fue rechazada y el Gobierno anunció que insistiría en un aumento del impuesto a las empresas mineras en un proyecto especial que se presentó el día 31 de agosto de 2010 y se aprobó en el mes de octubre.

Como este proyecto fue anunciado antes de ser presentado, se inició de inmediato una discusión y negociación con el Congreso respecto de los términos del mismo.
Finalmente, el proyecto que fue aprobado en octubre de 2010, incorporó una serie de elementos para aumentar la recaudación tributaria, pues la idea era aumentar los impuestos a la Gran minería, tanto nacional como extranjera, metálica o no metálica, excluyendo a la pequeña y mediana minería.

El resultado final fue que la tasa de impuesto específico de la gran minería, metálica y no metálica subió de un techo de 4% que era lo contemplado en la ley de Royalty aprobada el 2005, durante el gobierno del Presidente Lagos, a una tasa variable de entre un 5 y 14% en función del excedente operacional de las empresas mineras. De esta forma, Chile iba a poder participar de las ganancias extraordinarias que la Gran Minería obtuviera en nuestro país y con esos recursos adicionales se iba a poder financiar parte significativa de la reconstrucción.

El sistema anterior, contemplaba una tasa de un 4% para las grandes empresas mineras y una escala inferior al 4% en función al excedente operacional para otras empresas mineras. En consecuencia, el objetivo central del proyecto de ley era aumentar la recaudación del impuesto específico. De hecho, esa ley permitió recaudar 3.200 millones de dólares en el período 2010-2013, triplicando la recaudación del cuatrienio anterior y de hecho, en general, casi todas las empresas mineras afectadas vieron triplicado el impuesto a pagar producto de este proyecto de ley. Adicionalmente, como la tasa era variable en función del excedente operacional de las empresas, este aumento tributario no afectó a la inversión del sector minero en Chile, lo cual también era un objetivo del proyecto de ley.

Finalmente, desde el mismo año 2005, cuando se aprobó el primer proyecto, las empresas que fueron afectadas, pudieron optar a la invariabilidad tributaria, que significada darles un período en el cual el Estado no variaría el royalty, salvo con el consentimiento de las partes afectadas.

Las tres más grandes empresas minera que operaban en Chile, todas con capitales extranjeros, Angloamerican, BHP Billiton y Antofagasta Minerals, que eran las llamadas a proveer gran parte de los recursos por su tamaño, estaban protegidas por la cláusula de la invariabilidad, al igual que otras empresas chilenas, producto de la ley del royalty del 2005 y en consecuencia, además de la aprobación de la ley en el Congreso, era necesario que estas empresas renunciaran a la invariabilidad que ya tenían y se acogieran a las normas de la nueva ley. Para lograr este propósito, el proyecto contemplaba un nuevo período de invariabilidad tributaria de sólo seis años, en lugar de los 12 que había fijado la ley de 2005 y al igual que aquel proyecto, esta nueva invariabilidad asociada a tasas al impuesto a la minería, en promedio tres veces más altas que las anteriores, se extendía como opción a todas las empresas nacionales o extranjeras que se vieran afectadas por este nuevo impuesto que incorporaba la ley.

Con esto se buscaba evitar discriminaciones e igualar los tratos entre empresas chilenas y extranjeras, tal como lo había contemplado el proyecto de Royalty de 2005, el original nuestro de abril de 2010 y el proyecto que resultó aprobado en octubre de 2010.

Desde que se rechazó el primer proyecto y cuando se anunció el envío de una segundo proyecto y hasta su aprobación, el gobierno a través de sus ministros, buscó conseguir no sólo apoyo en el parlamento para aprobar la ley, sino que también convencer a las empresas que estaban protegidas con la invariabilidad, que aceptaran las nuevas tasas y sujetarlas a mayor carga impositiva que la que tenían desde 2005.

En estos procesos de conversación, muchas de las partes, incluyendo parlamentarios y empresas, hacen ver sus opiniones y propuestas en un proceso que a la época no estaba regulado y que se reguló en nuestro gobierno a través de una Ley del lobby, con el objeto que todas estas actividades se llevaran a cabo dentro del marco de la ley.

Este proyecto no sólo tuvo una tramitación en el Congreso que fue extensa y debatida, sino que además, fue aprobado por una amplia mayoría de 27 votos a favor y uno en contra en el Senado y por una amplia mayoría en la Cámara, cosa que fue transversal, desde el punto de vista político.

Adicionalmente esta ley fue exitosa pues logró recaudar cerca de 3.200 millones de dólares, lo cual para ponerlo en perspectiva, permitió financiar 220.000 viviendas que fueron destruidas o dañadas y que mi gobierno se comprometió a reconstruir, reparar y permitió mantener el dinamismo de la economía. Como el Royalty se fijó sobre los excedentes operacionales de las empresas, permitió a los chilenos participar de la bonanza de la industrias minera en Chile, pues cuando a las empresas les va bien, al Estado de Chile y todos los chilenos, participaban de esos mayores ingresos.

FISCALÍA: ¿Con quiénes y en qué oportunidad adoptó la decisión de incorporar esta disposición o norma al proyecto de ley?

La opción de invariabilidad para empresas nacionales y extranjeras ya estaba incorporada en el proyecto del año 2005 del Presidente Lagos y también fue parte de nuestro proyecto original de abril de 2010 y también se incorporó en el segundo proyecto de 31 de agosto de 2010. La razón era eliminar discriminaciones y buscar una trato más igualitario entre empresas nacionales y extranjeras, que fue la razón que se invocó el año 2005.

En la discusión de la ley del año 2005, uno de los temas más debatidos, fue si se incorporaba la minería no metálica en el royalty. Esa discusión no se produjo en 2010, pues desde el primer instante se buscó equiparar las cargas tributarias, independiente si eran empresas nacionales o extranjeras o estaban en el rubro metálico o no metálico.

FISCALÍA: ¿Por qué si el fin y objeto era recaudatorio, se otorga un beneficio de invariabilidad a empresas que no lo tenían y de empresas respecto de las cuales no era necesario hacerlo?

Antes del proyecto del 2005, ninguna empresa tenía invariabilidad, salvo aquellas acogidas al DL 600, y por lo tanto ese proyecto estableció que debía dárseles un horizonte de estabilidad a empresas cuyas inversiones son de largo plazo. De manera que nuestro gobierno pensó en aumentar los impuestos a toda la minería y para evitar trato discriminatorio, se extendería la cláusula de invariabilidad a todos quienes se vieran afectados por este ley. En consecuencia, lo que hicimos fue aumentar significativamente la tasa impositiva y para darles estabilidad se les extendió la invariabilidad por seis años. Quiero mencionar que hasta ahora ninguna empresa se ha beneficiado con esta invariabilidad, pues ningún gobierno ha buscado cambiar nuevamente las tasas de impuesto del Royalty. De manera que la invariabilidad va asociada a que, en la práctica, las tasas de impuesto específico se triplicaron debido al proyecto del año 2010, que buscaba aumentar la recaudación y por lo tanto, necesariamente tenía que aumentar las tasas de impuesto que pagaba la Gran Minería, metálica y no metálica.
En consecuencia, este proyecto lo que hizo en esencia fue aumentar sustancialmente la carga tributaria para las grandes empresas mineras, chilenas o extranjeras, metálicas o no metálicas para financiar la reconstrucción.

FISCALÍA: Si el proyecto anterior de aumento del royalty minero, había recién fracasado (8 de julio) ¿midió usted y su equipo las consecuencias políticas de ampliar la invariabilidad tributaria?

En julio había fracasado entre otras razones porque los parlamentarios pedían que el impuesto estuviera directamente asignado a las regiones y especialmente a las regiones mineras y de hecho, el proyecto que se aprobó en octubre de 2010 contemplaba un fondo de desarrollo regional equivalente al 30% de lo que recaudara el royalty que iría a las regiones. Esto no estaba contemplado en el proyecto original y la incorporación de este elemento facilitó la aprobación de la ley.

FISCALÍA: En el anteproyecto preparado por los técnicos sectoriales (Hacienda/Minería) la normativa relativa a la extensión de la invariabilidad tributaria no se consideraba, ¿qué hecho o circunstancia o persona le movió a cambiar de opinión en este punto?

Por el tipo de proyecto intervinieron varios ministerios, además de Hacienda y Minería intervino Segpres. Sin embargo, la categoría oficial de ante proyecto no existe, de manera que pueden haber muchos borradores y estos no representan la mirada del gobierno. El concepto de invariabilidad viene del DL 600 del año 1974, y también fue recogido en el proyecto del año 2005 y el del año 2010, como una forma de dar estabilidad a empresas que por su naturaleza tienen un horizonte de largo plazo.

La principal discusión en este proyecto se dio en torno a quiénes serían los sujetos de este aumento en la carga tributaria y cuáles serían las tasas que los afectarían y no la invariabilidad tributaria.

FISCALÍA: ¿Conversó con algún dirigente empresarial del Consejo Minero, ejecutivo de alguna minera, con algún político o personas sobre la mejor fórmula del IEM?

Naturalmente que un Presidente se reúne y conversa con mucha gente. Por de pronto yo normalmente asistía a las cenas anuales de las organizaciones empresariales como la Sofofa, Consejo Minero, etc., y participaba en los seminarios que organizaban.

En lo específico no recuerdo haber hablado con el senador Pablo Longueira de esta materia, pues esa tarea era de los ministros, en cuanto a conseguir los votos para la aprobación de la ley.

Tampoco tomé contacto alguno, en esta materia con miembros del directorio de SQM o con su gerente general. En este contexto, definitivamente no. No lo hice con ningún ejecutivo de ninguna empresa chilena.

Como presidente también me pedían audiencia los ejecutivos de las grandes empresas y recuerdo en tal sentido haber recibido a la Presidenta de Angloamerican. Quien manifestaba su rechazo a renunciar al régimen de invariabilidad y sujetarse al nuevo régimen que planteaba la ley, cuestión a la que terminó accediendo, lo mismo que sucedió con las otras dos grandes empresas mineras de Chile.

No recuerdo haberme reunido con este propósito con ninguna empresa chilena. En particular, sí recuerdo haber sido informado por los ministros de los avances de su tramitación en el Congreso, pues para mí esta ley era muy importante pues sería parte fundamental del financiamiento de la reconstrucción post terremoto, compromiso que asumí en mi calidad de Presidente de la República.

FISCALÍA: ¿Algún ministro, funcionario o parlamentario le señaló que esta era una propuesta del senador Longueira y/o promovida por Soquimich?

Ningún ministro tenía conocimiento de aquello. Entiendo que el correo que Longueira le envía a Larroulet lo hace mención ninguna a su origen o a la intervención de algún ejecutivo de SQM en su redacción.

FISCALÍA: ¿Le informó el ministro Larraín, Larroulet, Golborne, el subsecretario Álvarez o algún otro funcionario de Hacienda, Minería, Economía o del SII el efecto de la norma tributaria en los términos en que fue propuesta al parlamento?

Por supuesto, toda ley debe incorporar un informe financiero que estima la recaudación esperada. De hecho, la recaudación efectiva, más que duplicó la recaudación esperada inicialmente y la razón de ello fue la variación de los precios de los minerales y el aumento de la producción. Dado que la tasa variable partiendo en 5% y terminando en 14% del excedente operacional, el auge en los precios y producción de los minerales, significó que muchas empresas terminaron pagando la tasa más alta de esta escala lo que permitió a Chile y a los chilenos beneficiarse significativamente del auge y bonanza de la minería.

Quiero destacar que el principal objetivo del proyecto de Royalty fue incrementar la recaudación tributaria y aumentar la carga impositiva a las empresas mineras, nacionales o extranjeras, metálicas o no. De hecho, la recaudación de esta ley prácticamente triplicó la recaudación que existió en el período 2006/2009 lo que significó que las empresas mineras han pagado tres veces más impuestos que lo que pagaban antes.

Con respecto a la invariabilidad, esta sólo se refiere al impuesto específico a la Gran Minería y no afecta ni cubre otros impuestos, por ejemplo la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet, que incrementó el impuesto de Primera Categoría, no está cubierto por el régimen de invariabilidad y, en consecuencia, sí afectó a las empresas. Hasta ahora ninguna de las empresas se ha beneficiado con la invariabilidad, pues ningún gobierno ha pretendido subir las tasas actuales del Royalty.

La misión central del impuesto a la minería era beneficiar a todos los chilenos, recaudando más recursos para el Estado desde las grandes empresas mineras, lo que permitió recaudar entre el 33 al 40% de los fondos públicos necesarios para la reconstrucción.

FISCALÍA: ¿Desde cuándo operó, respecto de usted, la figura del fideicomiso ciego. En qué consistió y cómo se materializó?

En abril de 2009, si bien no había ley que lo exigiera, pues la ley de fideicomiso aún no había sido aprobada, yo tomé la decisión voluntaria de establecer un fideicomiso ciego, traspasando la administración de todos los activos financieros que estaban en Chile a instituciones financieras chilenas, reguladas por la SBIF o por la SVS para que a través de un fideicomiso ciego, estas instituciones administraran y tomaran las decisiones de inversión, con la condición esencial de no informar ni a mi persona ni a nadie vinculado a mi respecto de estas decisiones.

En torno a esa misma fecha, yo decidí renunciar a todos los directorios y poderes que tenía en varias empresas ligadas a mi familia, con objeto de desligarme de aquellas y dedicarme íntegramente a la campaña presidencial del año 2009. De hecho, esa decisión se mantuvo todo el período en que fui Presidente y se mantenía hasta hoy. En consecuencia la única relación que tengo con las empresas Bancard y Bancorp, es como accionista, sin participar en su administración desde abril de 2009 hasta el día de hoy.

A lo que se me pregunta, las empresas Bancorp y Bancard, eran empresas que se dedicaban a las inversiones tanto financieras como reales y a las asesorías financieras.

FISCALÍA: ¿Supo usted que SQM habría pagado facturas a La Música S.A., de Jaime de Aguirre y si sabía que SQM había pagado supuestas asesorías a Bancorp S.A.?

Tal como ya he señalado, en virtud de los fideicomisos ciegos y de mi renuncia a todos los directorios y poderes de las empresas relacionadas con mi familia yo dejé de participar en la administración de las empresas en abril de 2009, por esa razón no tengo información directa de estos hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, sí estaba al tanto que alrededor del año 2004/2005, Bancorp había firmado un contrato de asesorías con La Música para desarrollar su proyecto de Multimedia, contrato que se cumplió íntegramente y terminó con la venta de Chilevisión.

Sin más que agregar, siendo las 11.55 horas, previa lectura, ratifica y firma.

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