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El 8 de julio pasado, el juez de garantía Juan Opazo, ofició al anexo de Gendarmería de Capitán Yáber, para solicitar los antecedentes médicos del senador Jaime Orpis, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de junio, por los delitos de cohecho, delito tributario y fraude al fisco en el marco del Caso Corpesca. La defensa del desaforado parlamentario ha reclamado porque la medida cautelar podría afectar su estado de salud.

Dos días antes de la solicitud del juez, el 6 de julio, el alcaide de Capitán Yáber, el teniente coronel Rodrigo González, notificó al director regional de Gendarmería, Eduardo Muñoz, mediante el oficio interno Nº105, de las patologías que aquejan a Orpis y las falencias de equipamiento de salud en caso de enfrentar una urgencia, según había informado la enfermera jefe de la unidad carcelaria, Patricia Muñoz.

En el informe enviado por González a su superior en Gendarmería, se detallan las enfermedades del senador gremialista: “Recluso de 59 años, que cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial, cardiopatía con stent y marcapaso (antecedente de infarto), depresión, colón irritable”, entre otras patologías.

En el documento también se informa el diagnóstico de Desiderio Moya, ex alcalde de Padre Hurtado, condenado por estafa reiterada y se advierte que en ambos casos “una descompensación puede significar una urgencia que implique un riesgo de muerte o de secuela funcional grave, la cual debe ser atendida inmediatamente”.

González agrega que en el penal no se cuenta con los implementos médicos necesarios para enfrentar alguna crisis de los internos. Por lo tanto, solicita un carro de paro, tubo de oxigeno portátil y un desfibrilador externo automático.“Este alcaide solicita con urgencia estos elementos con la finalidad de entregar una respuesta certera y efectiva ante cualquier situación de contingencia”, sostiene en el oficio.

En la respuesta enviada al juez de garantía se adjuntan la solicitud de González, junto al informe elaborado por la enfermera jefe Patricia Muñoz,-funcionaria que advierte la necesidad del equipamiento-, la ficha clínica de Orpis, sus interconsultas y los controles médicos que se le efectúan permanentemente en el penal para monitorear su estado de salud.

El desaforado parlamentario, según la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, podría enfrentar una pena de 10 años y un día por corrupción, debido a los aportes ilegales que recibió de la pesquera a través de 76 boletas ideológicamente falsas emitidas por sus cercanos, que hasta ahora suman más de 230 millones.

Además Orpis está acusado de defraudar al fisco con 153 millones de pesos por contratar asesores legislativos que no cumplían funciones y quedarse con las respectivas asignaciones parlamentarias, en otros casos, se le acusa de pagar sobresueldos y retener parte de la asignación.