Malas noticias para el fisco. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de los tribunales civiles y ahora el Estado deberá pagar mil 840 millones a 74 familiares de 20 víctimas del tsunami que afectó a la zona centro sur, la madrugada del 27 de febrero de 2010.

De forma unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que ordenó pagar entre $7.500.000 y $30 millones a los familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.

El fallo de juzgado civil, que fue confirmado, planteaba: “De tal manera, este sentenciador estima procedente dar lugar al pago de los perjuicios sufridos por los familiares de las víctimas por el daño moral alegado, quienes demandan en este juicio, por cuanto, no sólo falló un sistema de alerta o de emergencia a cuya eficiencia el Estado está llamado a prestar, sino porque los errores en su ejecución impidieron a las víctimas tener, al menos, una oportunidad de salvar sus vidas o las de sus familias, originándoles una afección personal por la muerte de personas con quienes tenían naturales vínculos familiares o derivados de una vida en común”.

La sentencia también se refirió a la responsabilidad de Onemi y SHOA por falta de servicio durante la emergencia y descartó que el fallo del juez Pedro García haya infringido la ley.