¿Por qué el CAE es un mecanismo de (desposesión) expropiación financiera?

El ex Ministro de Educación que implementó el Crédito con Aval del Estado (CAE), Sergio Bitar (PPD), planteó el 12 de enero del 2016 a The Clinic: “lo que tenemos que tener claro, es que el joven que hoy está endeudado en un tiempo empezará a preguntarse`¿y por qué yo?´, cuestionará al Estado, y el gobierno debe estar preparado cuando eso pase”. El martes 9 de mayo, se convocó a una marcha estudiantil contra el endeudamiento universitario, mientras desde la Ministra de Educación hasta Rectores han planteado con fuerza el fin del CAE, pero un no rotundo a la condonación.

¿Se puede acabar un crédito si aún existen endeudados y morosos? Claro que no. ¿Se debe condonar? Claro que sí ¿Por qué? Porque el CAE es un instrumento de desposesión financiera y no un instrumento de beneficio social. ¿En qué nos basamos para plantear esto? En un estudio de Fundación SOL por medio de datos oficiales hemos demostrado cómo se han traspasado enormes recursos a la banca e Instituciones de Educación Superior (IES), mientras se ha generado endeudamiento y morosidad a los estudiantes que recibieron CAE. Es un mecanismo subsidiado por el Estado, que ha significado:

1. Flujo de recursos constantes del Fisco a la Banca: entre 2006 y 2016 la banca ha entregados recursos asociados al CAE de $4,1 billones de pesos. De los cuales el Fisco ya le ha recomprado el 50,6% con un sobreprecio de 26,6%. Esto equivale a un monto total de $2,6 billones. El pacto inicial correspondía a que el Fisco pagaría una recompra del 25% con un sobreprecio del 6% a la banca, todo para asegurar un rentable negocio de alto riesgo, por endeudar a estudiantes de hogares de bajos ingresos. Por lo tanto es el doble de re compra y 4,4 veces el sobreprecio de lo que inicialmente se acordó.

2. A su vez, del total de recursos otorgados por la banca, esta se concentra en un 67,7% en 4 grupos educacionales: a) Laureate International (U. de las Américas y U. Andrés Bello) b) Santo Tomás (U, CFT e IP) c) INACAP (U, CFT e IP) y d) Pontificia Universidad Católica (PUC y DUOC CFT e IP). A este listado se suman Universidades investigadas por lucro como la Universidad San Sebastián, Central, Autónoma, del Desarrollo, entre otras.

3. Se ha generado un Sistema de Educación Superior Privado con un apéndice mixto, al verse relegada la matrícula de la Universidades públicas a un 15,4% del total. El CAE ha sido exitoso en darle la puntada final a la alicaída Educación Pública.

4. El subsidio que realiza el Estado a la Banca se expresa en que para la partida presupuestaria del 2016 el pago por concepto de CAE equivale al 36,5% de la partida presupuestaria anual.Que es casi idéntico al 37,6% destinado a gratuidad. No existen recursos para una educación pública y gratuita financiada basalmente, pero sí para pagar la recompra y el sobreprecio a los bancos.

5. En Chile ya se registran más de 1 millón de endeudados con créditos de educación superior, si sumamos CAE, CORFO, Fondo Solidario, créditos directos con la Banca o créditos internos que entregan las IES.

6. De esta forma, el estudiante, a diferencia de la banca o las instituciones de educación superior privadas (incluso investigadas por lucro), no ha recibido la misma ayuda desde el Estado y ha ido más bien generando una gran mochila de deuda. Para la totalidad de endeudados pagando CAE la morosidad alcanza el 38,7%, cuestión que aumenta al 71,6% para los desertores con CAE.

7. No sólo aquello, la morosidad se concentra en instituciones de mayor proporción de estudiantes pobres o de hogares de bajos ingresos. La mayor morosidad la registran los CFT (44,7%) y los IP (44,1%), que son quienes recibirán a su vez menores retornos si es que logran ser egresados en relación a las mismas Universidades.

8. También se concentran en territorios de alta pobreza y bajos salarios en general. Las 10 comunas del Gran Santiago con mayor morosidad, tienen casi el doble de pobreza multidimensional, el triple de pobreza por ingreso y la mitad de los ingresos autónomos del hogar que las 10 comunas que registran menores tasas de morosidad. Por lo tanto, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos.

Estos datos posibilitan interpretar al CAE como un dispositivo que permite mercantilizar y gobernar a partir de un derecho social. Mercantilizar porque ha permitido el aumento exponencial de la matrícula de las IES privadas, por sobre las públicas. Ahondando de esta forma el mecanismo del subsidio a la demanda. El Estado es quién ha creado este mercado para la banca, en función de mantener sus altas ganancias y en desmedro de la estabilidad financiera de los hogares que tienen CAE. A su vez, al ser una política focalizada para estudiantes de bajos ingresos, esta ha profundizado la pobreza e inseguridad de las familias al mantenerla endeudada por medio de un instrumento crediticio que debería ser un derecho.

Por último, permite gobernar porque mantiene un disciplinamiento económico, social y político sobre las familias que acceden al CAE, las cuales se endeudaron sobre todo para aumentar el bienestar de las siguientes generaciones. De ahí la promesa incumplida y la deuda ilegítima que plantea la organización Deuda Educativa y los estudiantes para realizar la crítica al CAE y a todo tipo de endeudamiento universitario que lucra a partir de un derecho. La sujeción normativa y económica por medio de la deuda asociada a un derecho social, es el conflicto por medio del cual es posible plantear la desposesión como marco explicativo del CAE.

No es un beneficio social, es una forma de acumulación para la banca y de mercado cautivo para las Instituciones de Educación Superior. Es una expropiación financiera, pues son los estudiantes más pobres del sistema los que están endeudados con CAE y esto solo les trae una carga pesada de morosidad y deudas.

Es, por lo tanto, un conflicto político, tal como lo planteara el ex Ministro Bitar. Las movilizaciones contra todo tipo de crédito para poder estudiar, son parte de la resistencia que el Ministro ya avizoraba. El CAE politizó a una masa estudiantil y trabajadora empobrecida por un Estado subsidiador del gran capital financiero, que ahora hace frente a esta desposesión de derechos e ingresos de las familias. La condonación, más allá de su necesaria discusión técnica, es un horizonte relevante para poder avanzar en construir una democracia basada en derechos sociales y no un sistema expropiador de las rentas y sueños de las familias más vulnerables del país.