Cerca de mil millones de pesos que permanecen en la cuenta 901815-8 del Banco Estado, con la que se pagan las indemnizaciones de los uniformados y que corresponde a dinero ahorrado por carabineros, serán congelados por el Fiscal Eugenio Campos como una forma de recuperar parte de los recursos que fueron robados de la institución por la llamada “Mafia de la Intendencia”.

Así lo confirman a The Clinic Online fuentes de la investigación del Ministerio Público que señalan que el personal que ha sido dado de baja o ha pasado a retiro en la institución en el marco de la indagatoria de esta causa no ha hecho uso aún de este dinero que se recibe en un solo cheque por varios millones y que es independiente de la jubilación. Los montos, apuntan estas mismas fuentes, son considerables dado que responden a ahorros personales realizados durante todo el periodo en que se vistió el uniforme. Por ejemplo, un General como Flavio Echeverría, que se desempeñó en Finanzas, recibe en promedio $91 millones; un coronel como Héctor Nail, uno de las cabecillas del fraude, $77 millones; y un Teniente Coronel, como Mauricio Saldaña, también partícipe del roblo, $59 millones.

Hasta ahora, Carabineros ha dado de baja a más de 60 oficiales por su vinculación con la causa, ya sea por estar a cargo de la máquina defraudatoria o por haber facilitado sus cuentas corrientes a cambio de una comisión, por lo que la suma de los desahucios de los involucrados superaría los mil millones de pesos. Cabe recordar que esta cuenta, correspondiente a dinero de sus compañeros de arma, fue una de las usadas por los delincuentes para su desfalco junto con la de Gastos en Personal, sindicada con el número 901813-1, donde se giran todos los recursos relacionados con el ajuste y pago de las remuneración; la de Tesorería, identificada con el número, 900413-1, donde van a parar dineros de reintegro y de licencias Médicas; y la de Gastos Operacionales, que corresponde a la cuenta 901306-7 y que cubre gastos e inversiones originados por la Dirección de Finanzas y distintos departamentos.

Según detallan fuentes de Fiscalía, uno de los principales objetivos de Campos es recuperar de alguna manera los dineros que fueron robados y cuyo destino no se conoce ya que entre propiedades, vehículos e inversiones aún no se suman los $22.500 millones del fraude. Por esta misma razón, y como anunció The Clinic Online, hace dos semanas efectivos del OS-7 y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) llegaron hasta la calle Víctor Domingo Silva 3011 en Olmué para “reventar” la parcela del General (r) Echeverría en la búsqueda del efectivo que aún no aparece.

En paralelo, como figura en un escrito que publicó este medio, pidió a tribunales el congelamiento de cuentas y productos bancarios de los partícipes del millonario desfalco a Carabineros, sus cónyuges o parejas e hijos, que suman 98 personas.

El martes, en tanto, se conoció en la comisión que indaga el desfalco en la Cámara de Diputados que un informe de 2011 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó de los depósitos que recibió el coronel Arnoldo Rivero -también miembro de la organización criminal- y que fueron investigados por la Dipolcar y el Ministerio Público. La alerta, según publicó Ciper, se archivó por un informe del general Echeverría quien emitió un informe en el que aseguró que la Inspectoría General hizo una auditoría y no detectó irregularidades.

Rivero, conocido como el “Huaso”, permanece también detenido.

LA NUEVA ARISTA
Dos transferencias injustificadas a la cuenta personal del general en retiro de Carabineros, Félix Flores Santis, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Cuarteles entre el 2012 y 2013, realizó en marzo y abril de 2012 el coronel (r) Fernando Pérez Barría, hoy en prisión preventiva en el marco de la indagatoria por el millonario fraude.

Así lo revela un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al que tuvo acceso The Clinic Online y que está en poder del Ministerio Público. Se trata de un depósito de $478.425 y otro por $1.500.000 que realizó el exjefe de planificación presupuestaria del Departamento de Presupuestos y Finanzas de Carabineros a Flores Santis y que se detectó en la investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de la construcción de cuatro retenes policiales, que terminaron destruidos en el terremoto, a la empresa CGM Limitada. El contrato con la compañía fue por $1.152 millones de pesos, lo que significó un exceso de pagos que provocó un perjuicio fiscal de alrededor de $500 millones. En la época, Flores Santis estaba a cargo de estas licitaciones.

En el contexto de las diligencias por esta causa de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente de Santiago, por la que Flores Santis está imputado, se levantó información financiera sobre el otrora jefe de la Séptima Zona Maule de Carabineros -pasó a retiro en medio del proceso judicial- y se detectó que sus transacciones bancarias desde 2010 a mayo de 2016 no calzaban con sus ingresos. Peor aún, surgió el antecedentes de los depósitos de Pérez Barría, que sólo hoy, que se conoce que el coronel en retiro está acusado de la malversación de más $1.000 millones, adquieren un tenor distinto.

Fuentes de la investigación apuntan a que se estaría ante una nueva arista que abre la interrogante respecto de si otras reparticiones, distintas a la Intendencia, están vinculadas de alguna forma al megafraude. Es decir, si las irregularidades no estaban enquistadas sólo en el departamento de Finanzas, como se ha conocido hasta ahora.