El miércoles 5 de julio, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se concretó la petición que dos semanas antes habían realizado los abogados Kleber Monlezum y Rodrigo Cabrera para que uno de sus representados, el exJefe de la Sección de Tesorería del Departamento III, Diego Valdés Bustamante, declarara por vez primera en la causa, pero no ante el Fiscal Eugenio Campos, sino directamente en tribunales.

Por orden del Ministerio Público, la audiencia frente al juez Ponciano Sallés se declaró reservada, por lo que se desalojó la sala y sólo quedaron presentes los fiscales que investigan el caso, el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, y los defensores de Valdés. Tras una exposición de tres horas del imputado, el juez Sallés pidió resguardo especial para la grabación y se entregó en un pendrive una copia al Fiscal Campos.

Hasta ahora, lo dicho ese día ha permanecido en secreto. Sin embargo, The Clinic Online ha logrado reconstruir parte del testimonio de Valdés, quien según los cargos de Fiscalía “se encargaba de autorizar la tramitación de documentación para justificar fraudulentamente la salida de dineros de forma ilícita, aprovechándose del rol que cumplía en la Sección Tesorería del Depto, III” y “tenía además, firma giradora para la emisión de cheques desde cuentas institucionales desde donde también se habrían malversado millonarias sumas de dinero”.

La acusación central del formalizado apunta al actual director General de la Institución Bruno Villalobos quien se ha convertido en un objetivo para los implicados en el fraude. Sin éxito, los cabecillas del desfalco, entre ellos el General Flavio Echeverría, han intentado ligarlo a la recepción irregular de gastos reservados, ya que su nombre figura en nóminas de repartición de estos recursos, cuyo uso, por ley, es secreto. También se ha dicho que, por su rol en la Dipolcar, debería haber estado al tanto de los delitos. Sin embargo, los inculpados no han logrado probar tampoco este punto.

Valdés ahora dio un paso más allá: Aseveró tener información respecto de que Villalobos habría tenido un vínculo cercano con la teniente coronel Aída Silvana Marisio Vega, abogada que trabajó con Villalobos años atrás en la Dirección de Inteligencia y que fue pareja de Nelson Valenzuela, implicado en la defraudación. Con Valenzuela, Marisio tiene un hijo menor de edad. A través de Marisio -desvinculada de la institución tras un sumario administrativo en que se demostró que la jefa de Operaciones de la Central de Comunicaciones (Cenco) no podía justificar una suma cercana a 80 millones de pesos en su cuenta corriente-, Villalobos, declara Valdés, debería haber estado al tanto del gigantesco desfalco.

Al respecto, entrega como antecedente que en el año 2011, cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) activó una alerta por los depósitos injustificados del detenido coronel Arnoldo Riveros -que fueron investigados por la Dipolcar y el Ministerio Público-, Finanzas omitió antecedentres relevantes en la respuesta requerida sin que ello fuera detectado por el departamento de Inteligencia. Al respecto, detalla que Echeverría aseguró que estaba todo arreglado con la Dipolcar.

Tras la entrega de estos antecedentes, la defensa de Valdés pidió una serie de diligencias, entre ellas que se citara a declarar a Villalobos, lo que aún no ocurre. Sobre este punto, se ha insistido a través de distintos correos electrónicos.

Fuentes consultadas por este medio, y que están al tanto de las indagatorias, dan cuenta de que la estrategia de Valdés apunta a obtener el beneficio de la colaboración efectiva al entregar pistas de posibles nuevos ilícitos.

En esta línea, quien ha entregado datos concretos, que abrirían una nueva arista de investigación es el ingeniero Eduardo Pardo Muñoz, un funcionario que manejaba el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SigFes) ya que se desempeñó en el Ministerio de Hacienda cuando se diseñó el programa que se utiliza para llevar la contabilidad en Carabineros y otros organismos estatales.

A Pardo Muñoz, la fiscalía lo describe en sus escritos como “miembro de la organización criminal. Se encargaba de captar civiles para la facilitación de cuentas corrientes bancarias y recibir pagos ilícitos. Además de coordinar con lo imputados civiles Mario Figueroa y María Rojas la entrega de cheques que estos cobraban”. Además, se ha establecido que recibió en su cuenta bancaria personal pagos injustificados por a lo menos $123 millones.

Pardo declaró en dos ocasiones ante fiscalía. Sobre la teniente coronel Marisio, que ayer solicitó ser formalizada, sostuvo que la mujer estaba al tanto de la procedencia de fondos que le fueron entregados por su expareja Nelson Valenzuela para la compra de un inmueble y que podía dar fe de ello ya que él es el padrino del hijo de la personera. Además entregó datos clave. Sostuvo que hasta el año 2009, por ejemplo, desde Finanzas fueron abiertas y cerradas distintas cuentas corrientes en el Banco Estado que se usaron de forma exclusiva para el desfalco y cuyas transacciones no están registradas en el monto global del fraude que ya es superior a los $27.700 millones; también afirmó que la misma institución financiera entregaba “incentivos” a los uniformados por la permanencia en la entidad y le señaló al fiscal Campos que debía indagar la Cuenta de Intermediación del Departamento I de Finanzas, cuyo código interno es el 119, ya que desde 2006 en adelante fue usada para defraudar dineros.

En paralelo, entregó un listado de transferencias vinculadas al millonario ilícito que está siendo revisada por la Fiscalía.

La institución uniformada, en tanto, está construyendo un anexo de cárcel en la Comisaría de Lo Espejo, ya que el número de detenidos por esta causa hace que sea inviable que se mantengan todos los procesados en Pudahuel.