Bachelet firmó el proyecto de una nueva Constitución, conteniendo un determinado reconocimiento para los pueblos indígenas. Es importante que, incluso in extremis, no se dejara en el vacío lo que se inició con la participación de muchos en los encuentros locales y cabildos. Sin perjuicio de la opinión que merezcan las otras partes, queremos preguntar si aquella que se refiere a los pueblos indígenas es apropiada.

Sobra decir que la nueva Constitución es una pieza clave en la construcción de un legado de este gobierno que trascienda su término. Sin embargo, en la parte pertinente a los pueblos indígenas, pese a ser un avance, creo que esta propuesta no ayuda a constituir ese legado. Más bien termina siendo incoherente, incompleta e insatisfactoria para sus destinatarios.

La incoherencia es, en primer lugar, contextual, porque aparece en un entorno imposible para originar un nuevo pacto entre Estado y pueblos indígenas. La operación “Huracán” ejemplifica eso como ningún otro hecho, pero no es un aislado episodio fallido, por más que sea vergonzoso e indignante, sino que es una consecuencia de una actitud constante de los gobiernos de la centroizquierda respecto a los pueblos indígenas y que Bachelet no quiso enmendar.

Esta incoherencia deriva de una incoherencia ideológica, en la cual la centroizquierda chilena se destaca por desconocer que una de las razones de ser de las izquierdas en América Latina ha sido reivindicar la emancipación de los pueblos indígenas, víctimas paradigmáticas de la violencia de las élites privilegiadas. Más al norte, el icónico Trudeau anunciaba en febrero que creará un nuevo marco normativo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en todas las decisiones gubernamentales.

La propuesta de Bachelet es incompleta. En efecto, en el resto del texto vemos como resultados importantes de los diálogos ciudadanos han encontrado acogida. Sin embargo, esto no sucedió respecto a los pueblos indígenas. En la propuesta, el Estado se compromete a respetar la integridad, derechos y cultura de los pueblos indígenas, reconoce las distintas formas de educación indígena, pero nada dice sobre libre determinación, autonomía, derechos territoriales y apenas mira oblicuamente a la plurinacionalidad cuando señala que la soberanía también reside en los diversos pueblos indígenas, pero luego se les condena a ser parte de la “nación chilena”. Aquello omitido fueron conclusiones muy valoradas en el proceso participativo destinado a los indígenas, pero que se hicieron a un lado para mantener el miedo a la diferencia propio de la tradición constitucional chilena decimonónica.

Es insatisfactoria, puesto que la propuesta no recoge la evolución del derecho internacional de los DDHH, el derecho comparado y las reivindicaciones de organizaciones indígenas, empezando por la Asociación de Alcaldes y Concejales Mapuche, que buscan algo más que una representación política especial o derechos culturales, sino formas plurales de compartir el poder estatal, de ejercicio de libre determinación y acceso a los elementos materiales y espirituales de sus territorios tradicionales.

Lo esencial de un legado es ofrendar banderas que se puedan defender en el futuro, aunque estemos en un presente adverso. Estas banderas deben permitir a las izquierdas reencontrar su sentido, unirse, conectarse con el movimiento social y relanzar su vocación emancipadora. El proyecto repite los problemas que tiene la tradición de las propuestas anteriores de reconocimiento. Entonces, ¿de qué servirá este legado? En cuanto a los pueblos indígenas, mejor empezar de nuevo.

*Salvador Millaleo. Profesor Facultad de Derecho U. de Chile y ex miembro Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente.