“Llegué cuando tenía cuatro meses de embarazo, y mi bebé ahora tiene un año y medio. Les hablo para pedirles ayuda. Hace dos semanas mi hijo se enfermó y no me quieren ayudar con las recetas”, dice Lorena López, y luego acerca el documento médico para que la cámara del celular lo registre. Biogaia es el remedio recomendado por el doctor para tratar el cólico de su hijo.

Lorena es peruana y dice que está prácticamente sola en Chile. Su madre la viene a ver una vez al mes y no tiene dinero para costear el medicamento de su hijo. Ahora que el niño tiene un año y medio se atrevió a denunciar lo que estaba viviendo al interior de la cárcel. El registro corresponde a una serie de videos grabados a finales de 2017, en el penal de Acha, en Arica, uno de los centros penitenciarios con mayor población migrante del país.

En los videos, Lorena y otras tres compañeras del ala de maternidad del penal, denuncian que sus hijos no reciben remedios y que las condiciones del recinto son deplorables: conexiones eléctricas hechizas, duchas con agua estancada y fecas, y tazas de baño a las que les falta la mitad de la loza para sentarse.

Cuando recibió las imágenes, Juan Varas, miembro de la Organización socio cultural de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, acudió al INDH a exponer la situación de las presas extranjeras. El organismo realizó una visita de inspección y luego elaboró un oficio dirigido a Gendarmería dando cuenta de las precarias condiciones de salubridad del recinto, la falta de medicamentos para los hijos de las reclusas y el acceso “insuficiente” al agua potable.

En Acha, las madres reciben agua tres veces al día, por tan sólo 30 minutos, y deben juntarla en baldes que luego acarrean a sus piezas para suplir sus necesidades diarias. Aunque la situación afecta a todo el penal, incluido el área de hombres, son las mujeres quienes resienten la escasez de agua, sobre todo aquellas que están embarazadas.

“A veces ni siquiera llegaba el agua. La que no tiene balde está jodida, no cuenta con agua en la celda. Y sin agua llegan las enfermedades y después el drama de conseguir medicamentos”, cuenta una exinterna del recinto.

Creciendo Juntos

Marcela estuvo diez meses en la cárcel de Acha, antes de salir absuelta del delito de narcotráfico en enero de este año. Un mes antes de abandonar el penal, grabó uno de los videos a los que accedió The Clinic. En el registro la mujer, cuyo nombre real omitimos en este reportaje, cuenta que a su hijo le hicieron el examen de cadera ocho meses después de nacer. “Todas las revisiones médicas siempre fueron atrasadas”, dice. Luego explica que su hijo padece una infección al estómago, que tiene una receta médica, pero que no ha podido comprarla porque no tiene dinero, tampoco familiares en Chile, ni alguna red solidaria que la ampare. “Mi familia está en Ecuador. No puede venir acá a comprar los medicamentos… Sólo pedimos un poquito de consideración por nuestros hijos”, agrega a la cámara mostrando, al igual que Lorena, la receta médica que no puede costear.

“El acceso a los medicamentos es una realidad que he podido constatar en distintas cárceles. Y la dificultad no es sólo para las mujeres extranjeras, sino también para las chilenas sin red de apoyo. Es intolerable que en algunos casos se dependa de la voluntad de una gendarme de turno, cuando se trata de algo que debería estar regulado. Las asistentes sociales de la cárcel son las encargadas de gestionar estos temas y hacer que los medicamentos sean proporcionados por algún programa del Gobierno”, asegura Alicia Alonso, investigadora del Observatorio de Violencia Institucional.

El programa Creciendo Juntos, dependiente de la Gendarmería, es el encargado de proporcionar una red de apoyo a las madres privadas de libertad hasta que sus hijos cumplen dos años. Es una obligación del organismo inscribir a los niños en los CESFAM cercanos a las unidades penales y otorgarles medicamentos oportunos en caso de enfermedades.

Altas fuentes de la institución aseguran que, incluso, existiría un presupuesto para remedios de carácter más específico manejados por las unidades regionales de la institución. Eso en el papel, porque las denuncias de las mujeres extranjeras presas, recogidas en el oficio presentado por el INDH a Gendarmería, indican todo lo contrario.

“Gendarmería nos reconoció que para acceder a medicamentos hay que presentar recetas médicas y que de ahí se deriva al programa Creciendo Juntos. Es un proceso largo y complejo. A veces, cuando llegan los medicamentos, los niños se han recuperado de las crisis o simplemente nunca llegan. Aquí hay un programa del Estado que debería entregar cobertura, pero no ha funcionado bien”, asegura David Bahamondes, director del INDH en Arica.

Al 30 de abril de este año, el programa Creciendo Juntos registra, según antecedentes del programa de subsidios del gobierno de Chile, un total de 114 lactantes, 3 embarazadas con hijos y 52 mujeres embarazadas. El presupuesto para este año se empinaría sobre los mil 173 millones de pesos. “Si el Estado provee de dinero para ayudar a estas mujeres, ¿dónde están los recursos, entonces? ¿dónde están los remedios?”, se pregunta hoy Juan Varas.

Ajena a cualquier estadística, Marcela recuerda que el programa no le brindó el apoyo requerido. Una noche su hijo se enfermó. Tenía 38 grados de fiebre y vomitaba. Desesperada gritó hasta que llegó la enfermera de turno. Tras revisar al niño, le recetaron paracetamol. “Yo no me quería ir, necesitaba que atendieran o derivaran a mi hijo, me trataron de exagerada”, dice.

Juan Varas asegura que Gendarmería obligaba a las madres a firmar las salidas a consulta, en circunstancias que ni siquiera acudían a los controles médicos. “Siempre las amenazaban con quitarles sus hijos y derivarlos al Sename”, agrega. Marcela, en tanto, asegura que las visitas al médico se realizaban sólo cuando varias presas podían acudir. “En el fondo nos decían que era un cacho sacarnos de a una”.

Los remedios, aseguran las internas, debían proveérselos ellas mismas. Esa era la indicación, aseguran, que recibían por parte de las gendarmes. “Trabajen, no están mancas”, les decían. Varias madres extranjeras sin recursos, ni tampoco oportunidades laborales al interior del penal, optaron por solicitar los remedios a familiares de presas chilenas y pagarlos en módicas cuotas.

El oficio del INDH dirigido a Gendarmería, publicado el 30 de enero de este año, confirma la denuncia de las presas. Reciben como “tratamiento médico para todas las dolencias, el analgésico denominado paracetamol” y si se enferman, acota el informe, los remedios debe asumirlos “la familia”. “Si la mujer privada de libertad no cuenta con redes de apoyo, no existe alternativa para la provisión de medicamentos adecuados. Por lo que el niño/a ve obstaculizado su derecho a la salud”, concluye el documento.

La realidad de las madres extranjeras se agudiza aún más por su condición migrante. Sin familiares cerca y una red de apoyo que las acoja, es improbable que accedan a beneficios carcelarios. Galo Muñoz, director del Observatorio Penitenciario, asegura que la orfandad de estas mujeres es extrema. “Generalmente están presas por un tema de drogas, en su mayoría son burreras, el escalafón más bajo del narcotráfico. Y cuando las detienen quedan botadas, lejos de sus países de origen, sin familiares y en algunos casos con hijos pequeños. Es una realidad que está presente en todas las cárceles y que el Estado no debe desconocer. La salud de esos niños que están sin remedios es un derecho que no se puede olvidar”.

Reglas de Bangkok

Según datos de Gendarmería, hasta el 30 de diciembre de 2017, el penal con más población extranjera en el país es la cárcel de Acha, con 322 personas privadas de libertad. Una de ellas es la colombiana Tatiana Sandoval, quien también grabó su testimonio en diciembre del año pasado en una de las celdas de la prisión. En el video parte comentando que el programa “Creciendo Juntos” no ha colaborado con los hijos de las reclusas retenidas en la cárcel de Acha. “Somos extranjeras y aquí no contamos con visitas de ningún tipo. Fuera de eso, los niños se enferman y no prestan atención a las medicinas que ellos necesitan”, asegura.

En otro video, Tatiana muestra la pieza en la que mudan a sus hijos. Registra una pared amarilla, conexiones eléctricas mal instaladas y un estante donde guarda algunos sachet de champú. Es allí donde vivió gran parte de su embarazo y donde ha criado a su hijo estos últimos meses. “No sabemos qué hacer cuando se enferman. Nos dan pañales y útiles de aseo cada dos meses. Nos dicen “si les gusta bien y si no, no es nuestra obligación dárselos”.

Los “Lineamientos técnicos de residencias transitorias para niños/as de madres recluidas”, un documento elaborado por el Departamento de Protección de Derechos del Sename, señala que los criterios del administrador de la residencia que acoge al lactante, en este caso Gendarmería, debe “garantizar la cobertura de necesidades físicas y de desarrollo tales como vestuario e implementos de higiene personal suficientes y adecuados, alimentación acorde a a sus necesidades nutricionales, acceso a la salud y establecimientos educacionales”.

The Clinic intentó comunicarse con Gendarmería, enviando un cuestionario consultando estas materias, pero no obtuvo respuesta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que también ofició al Sename, pero que “les faltó poco para decir que estaba todo estupendo”. “Señalan que las internas contaban con insumos para sus bebés, como mamaderas, pero que éstas las rechazaban porque consideraban que eran de mala calidad. Nos pareció muy curiosa esa respuesta”, relata David Bahamondes.

Eugenia Quispe llegó a la cárcel el 23 de noviembre del año pasado con un embarazo en ciernes. “Parí en el hospital. Lo hice sin bata, sin ropa, sin nada, porque la asistente social no me los dio. Cuando volví del hospital, a mi bebé no me lo registraron. Ahora me están pidiendo un escrito, cuando les pregunté por qué, me arrestaron… Me dieron tres mudas apolilladas, no tenían ni botones”, relata en uno de los videos.

Los protocolos de Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad, especialmente aquellas que son madres y permanecen con sus hijos en los recintos, son bastante elocuentes. Las reglas de Bangkok, citadas en el documento del INDH al que accedió The Clinic, señalan que los recintos deberán contar con instalaciones adecuadas para mantener la higiene y “suministro permanente de agua para el cuidado de personal de niños y mujeres, en particular las embarazadas y las que se encuentran en periodo de lactancia o menstruación”.

El acceso al agua en el recinto según el informe del INDH, determinó que el recurso se repartía tres veces al día, en un período de media hora cada vez. El problema, sin embargo, es de antigua data. En abril del año 2016, la Organización Social y Cultural de Derechos Humanos de Arica y Parinacota, denunció que la nula mantención de las instalaciones sanitarias, sumado a la carencia efectiva de agua, había generado un ambiente de insalubridad en el recinto penal.

El director regional de Gendarmería de Chile en ese entonces, coronel Alejandro Rodríguez Barrientos, a través de una réplica pública en un medio de comunicación, indicó que se estaban realizando proyectos con una inversión superior a los 207 millones de pesos, para el reemplazo y reparación de la red de tuberías de agua potable.
Lo cierto es que hasta la fecha los problemas continúan. Un reciente informe sobre condiciones carcelarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado la semana pasada, ratifica que la mitad de las cárceles fiscalizadas (22), no tienen acceso a agua potable durante las 24 horas del día. “Es común que las personas privadas de libertad se vean obligadas a orinar y defecar en tarros o botellas plásticas, con las consecuencias que prácticas de este tipo generan, como malos olores y enfermedades”, subraya el informe.

La prisión de Acha figura en el informe con un déficit en el suministro de agua potable. Las horas que no cuentan con el recurso los internos deben proveerse con “envases plásticos que se mantienen durante todo el día al interior de las celdas, ocupando una gran parte del escaso espacio… En algunos de los módulos existen problemas con las cañerías, lo que hace que el agua se distribuya por los corredores y escaleras. Algunos pasillos de las celdas también se constatan húmedos, debido al problema con las cañerías y porque los internos deben bañarse en las celdas”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos está evaluando interponer una querella, atendiendo las graves vulneraciones de derechos de la población penal femenina recluida en la cárcel de Acha. Gendarmería, en tanto, pretende trasladar a las reclusas a un nuevo recinto penitenciario femenino que debería inaugurarse en el transcurso de este año.