Lucía Dammert*
Paula Vial**

La migración en los últimos años ha aumentado sustancialmente. En la actualidad más de 232 millones de personas viven en un país distinto a su país de nacimiento, 96 millones de ellos en países en vías de desarrollo. Esta situación ha potenciado un fuerte sentimiento antimigrante que asume que este proceso trae de la mano aumento del delito. Múltiples son las encuestas de opinión que muestran desaprobación de la migración y aumento de la percepción de inseguridad y en Europa más del 68% de los encuestados ha concordado con esta asociación. En Chile la situación no es muy distinta.

Pero existe una brecha enorme entre la realidad y la percepción, tanto que llega a niveles de pánico moral, es decir un aumento sostenido del temor ciudadano basado en imágenes y estereotipos más que en datos de la realidad. La respuesta política es también reactiva a ese sentimiento y se vincula con el aumento del populismo punitivo o el involucramiento de autoridades policiales en el control migrante, la consolidación de tipos penales específicos para los migrantes y el uso indiscriminado de la deportación como política pública. Lo que paradojalmente aumenta la vulnerabilidad y explotación de los migrantes, más que asegurar la disminución de la criminalidad.

Los estudios se han realizado principalmente en Estados Unidos y Europa, pero todos confirman que los migrantes están menos involucrados en prácticas criminales que los locales. Más aún, una preocupación permanente entre los estudiosos, con relación a si la segunda generación tiene mayor vinculación con el delito, tampoco se comprueba. Múltiples son los estudios que reconocen que los contextos menos integradores, más estigmatizadores y violentos predisponen y alientan un problema mayor en la participación migrante en hechos de violencia y criminalidad. Esto permite afirmar que los incentivos principales para el desarrollo de actividades informales y criminales estarían en la forma como la sociedad establece mecanismos de integración.

La información es también clara, las mujeres migrantes son especialmente vulnerables a la violencia intrafamiliar, y el riesgo a la violencia y el miedo a denunciar se acentúan cuando no tienen documentos legales en el país. Esta situación debe ser reconocida en Chile donde un porcentaje importante de los migrantes son mujeres que dejan sus hogares para realizar trabajos en hogares y servicios básicos.

Cambiar o endurecer los requerimientos para el ingreso al país generalmente aumenta la importancia de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes o a la trata. Los datos son irrefutables dado que muchos de los migrantes toman la decisión de trasladarse pensando en objetivos de sostenibilidad económica más que en las normativas jurídicas del país. Sin embargo, la información relevada también permite afirmar que mientras más opaca sea la arquitectura jurídica del país, mayores son los niveles de inseguridad para los migrantes, de aumento de la migración ilegal y el desarrollo de organizaciones criminales.

La importancia de las redes sociales en la viralización de noticias negativas sobre la migración, se puede ejemplificar en la constante relación que, en Estados Unidos, se hace entre migración mexicana y narcotráfico o entre la población centroamericana y pandillas juveniles. Lo primero, escondiendo que el negocio del tráfico de drogas está principalmente manejado por norteamericanos y que las principales pandillas juveniles vinculadas con el delito son también de nacidos en el país. Pero nada de eso importa, la realidad se transforma en las redes y establece nuevas realidades que enfatizan la estigmatización. Renovando así el pánico moral.

En América Latina la situación es bien similar, la reacción del Presidente argentino Macri contra la población migrante peruana, catalogada como “vinculada con el narcotráfico”, es sólo un ejemplo que se repite en prácticamente todos los países. En Chile, las políticas migratorias están en deuda, el gobierno de la presidenta Bachelet perdió la oportunidad de dejar una política pública integradora y que entregara un claro y moderno marco jurídico. De progresista bien poco lo que se hizo. Y todo parece indicar que el ejecutivo actual instala dos discursos en paralelo, por un lado el de “ordenar la casa” con los migrantes que estiman serios, buenos, regulares y trabajadores y, por otro lado, el castigo e incluso deportación de aquellos que entran de forma irregular al país.

Más allá de las altisonantes declaraciones de algunos personeros, se requiere de una verdadera transformación de la ley migratoria cuyo objetivo no sea disminuir la criminalidad sino establecer marcos claros de integración y legalidad. Ayudar a disminuir el pánico moral debería ser también parte del objetivo central de las políticas públicas, pero para muchos los resultados electorales son muy altos como para desperdiciarlos. Proponemos dejar de debatir desde la sensación térmica, la intuición y el prejuicio y empezar a contar con información seria, apoyar investigación aplicada y aprobar un marco legal que nos permita debatir sobre los problemas reales más que sobre los miedos sociales.

*Académica Universidad de Santiago de Chile
**Académica derecho UC