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Mundo

27 de Septiembre de 2018

El Salvador se levanta en su lucha por el derecho humano al agua

Cientos de salvadoreños demostraron hoy a la clase política del país centroamericano que la lucha sin tregua en defensa del derecho humano al agua se ha fortalecido y llegará hasta la última instancia, de ser necesario. Unas 700 personas fueron las protagonistas de una manifestación que recorrió las principales calles de San Salvador y que […]

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Cientos de salvadoreños demostraron hoy a la clase política del país centroamericano que la lucha sin tregua en defensa del derecho humano al agua se ha fortalecido y llegará hasta la última instancia, de ser necesario.

Unas 700 personas fueron las protagonistas de una manifestación que recorrió las principales calles de San Salvador y que concluyó en la Asamblea Legislativa, donde una comitiva de la Iglesia católica entregó más de 200.000 firmas de ciudadanos en contra de la privatización del ente administrador del agua.

A una sola voz, los manifestantes, entre feligreses, sociedad civil, sindicalistas y estudiantes, gritaron durante todo el recorrido ¡el agua no se vende, se cuida y se defiende!, y dejaron claro que están dispuestos a pelear hasta conseguir que este recurso “sea del pueblo”.

Mario Huezo, miembro de una comunidad eclesial de base de San Salvador, dijo a Efe sentirse decepcionado de los políticos salvadoreños, quienes, a su criterio, “están jugando con la necesidad de miles de personas que no tienen acceso al agua”.

“Es indignante que (los diputados) lleven varios meses en la discusión de una ley de agua sin ningún resultado y, además, busquen privatizar un recurso tan necesario para la vida (…) al igual que yo, hay muchas personas que no permitiremos que nos arrebaten tener un libre acceso al agua”, expresó el salvadoreño.

Huezo aseguró que sería “catastrófico” que una entidad privada administrase el agua, y consideró que “todos los salvadoreños debemos de unirnos y seguir luchando hasta evitar una privatización”.

Igual que este ciudadano, el rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, Andreu Oliva, señaló a Acan-Efe que sería “muy dramático para el país que un recurso como este (agua) quede en manos de unos pocos que, sin duda, buscarán comercializarla”.

“De llegar a privatizar este recurso, la clase política del país sería totalmente rechazada por la población que ya está cansada de las actitudes de los políticos, quienes no escuchan las demandas de los ciudadanos”, expresó el jesuita.

Oliva aseguró que la UCA está dispuesta a seguir acompañando a la población más vulnerable de la nación centroamericana, afectada por un estrés hídrico provocado por el cambio climático, y a llegar “hasta las últimas instancias, si es necesario”.

La marcha fue encabezada por el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien durante una conferencia de prensa reafirmó que la Iglesia católica seguirá luchando por el derecho al agua.

Por su parte, Rosa Chávez dijo a Efe que “todos debemos de rezar a monseñor Romero para que los diputados rectifiquen sus acciones, y no privaticen el vital liquido”.

Tras retomar el pasado junio la discusión para aprobar la Ley General de Aguas, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa no han llegado a un consenso y, según diversas organizaciones sociales, los parlamentarios de derecha buscan que el ente administrador del agua sea dirigido por la empresa privada.

La propuesta analizada por los diputados es la presentada por los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 14 de junio de 2017.

Con esto se han dejado de lado las propuestas presentadas por diversas organizaciones ambientalistas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), la UCA y la Iglesia católica.

Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 por ciento de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 por ciento de las aguas superficiales contaminadas.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.

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