Texto de Recaredo Gálvez, Investigador de Fundación SOL

En 2017 la Superintendencia de Pensiones ejecutó 39 procesos sancionatorios a las instituciones que fiscaliza, totalizando multas por UF 9.200. De estos procesos, 33 correspondieron a las AFP, 16 procesos en materia de inversiones, 11 en materia de beneficios, 5 sobre información, uno en tratamiento de datos personales y una sanción a un director por materia de inversiones.

Mientras el gobierno se preocupa por reducir las pensiones de gracia, bajo sus narices corre un río de irregularidades, las que por lejos ya son una característica propia de un sistema que opera en la completa impunidad, pues pese a las multas u otras sanciones aplicadas, las condiciones dominantes y monopólicas de las AFP se mantienen.

Entre 2012 y 2016 la Superintendencia de Pensiones aplicó 105 resoluciones de sanción con resultado de multa y 40 sanciones con resultado de censura a las AFP. Estas resoluciones fueron por diferentes motivos, dentro de los cuales se encuentran casos que implicaron un directo perjuicio de las personas jubiladas y sus fondos de previsión.

Algunos detalles de lo señalado anteriormente se encuentran en las resoluciones N° 45, 46, 47, 48 y 49 de la Superintendencia de Pensiones. Dichos documentos desarrollan los sucesos investigados debido a denuncias de las propias personas afiliadas, a partir de las cuales fue posible que las AFP reconocieran errores en cuestiones como el recálculo de comisiones y perjuicios para jubilados en modalidad de retiro programado. Las AFP involucradas y sancionadas fueron CUPRUM, PROVIDA, CAPITAL, PLANVITAL y HABITAT.

Aunque en algunos casos las AFP pretendieron reparar el daño causado, estas conductas representaron un evidente comportamiento de manada, en donde fue posible apreciar que hubo ocasiones en que más de una AFP incurrió en la misma causal de sanción y la defensa ante la Superintendencia de Pensiones fue en la misma línea argumentativa, lo cual demuestra una intencionalidad colectiva en la forma de actuar e interpretar la operación con los fondos de pensiones.

Las multas que fueron cursadas a las AFP por sus malas prácticas durante el 2012 al 2016, apenas alcanzaron a representar el 0,1% del total de utilidades de la industria. En el mismo periodo, se emitieron más de 139 normas por parte de las entidades reguladoras del sistema. No obstante, la mala conducta continúa, el negocio es demasiado atractivo y el costo por vulnerar a quienes jubilan es bajísimo.

Al mes de agosto de 2018, las AFP administran más de US$ 200.000 millones de dólares, algo así como el 74% del PIB chileno. Un 44% de estos fondos se encuentra invertido en el extranjero, principalmente en fondos mutuos u otros fondos de inversión. Las AFP que tienen la mayor participación en la administración de los ahorros son PROVIDA y HABITAT, con un 25% y un 27,8% respectivamente.

De las seis AFP que operan en Chile, cinco son controladas principalmente por compañías de seguro extranjeras. En el caso de PROVIDA la compañía controladora es METLIFE y por el lado de AFP HABITAT, esta es controlada por PRUDENTIAL junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) a través de Inversiones la Construcción, brazo de la agrupación destinado a controlar una serie de negocios de seguridad social, vinculados con salud, previsión, seguros de vida y otros.

Año tras año, se develan con mayor crudeza nuevos antecedentes que dan cuenta de cómo esta industria es el negocio perfecto para instituciones como la banca, corredoras de bolsa, grandes empresas e incluso miembros de la política nacional que han desfilado por los directorios de las AFP. Sin ir tan atrás en el tiempo, tenemos que a inicios de 2018 la Fiscalía Nacional Económica publicó un estudio, donde recomendó una serie de modificaciones a la entrega de información para las personas próximas a recibir pensión de renta vitalicia, esto ante la evidencia de que la información actual era difícil de comprender e incluía énfasis que no eran los indicados para las mejores decisiones.

Respecto a lo anterior es bueno tener presente que durante el año 2017, la participación de mercado según el monto de dinero traspasado desde las AFP a las compañías de seguro por concepto de renta vitalicia, presentó un 48% de concentración en aseguradoras que a la fecha eran dueñas de AFP. Mientras que otro 27% estuvo en manos de empresas que antes de 2017 fueron dueñas de alguna AFP, entre ellas PENTA que por sí sola llegó al 18,8% del total.
La relación entre compañías de seguro y AFP es una relación jerárquica, donde las primeras son dueñas de las segundas mientras que ambas intervienen en el pago de pensiones de diversos tipos, incurriendo en daños a los afiliados como los ocurridos con el pago de pensiones de invalidez.

Estas jerarquías se expresan de forma explicita en torno a la presión que reciben quienes trabajan en las AFP. Antes de fiestas patrias, The Clinic publicó un reportaje que recogía el relato de una ex trabajadora de AFP PROVIDA, quien denunció presiones para reducir la asignación de pensiones de invalidez mediante exigencias innecesarias ni siquiera contempladas en la ley. Un verdadero boicot a quienes se pensionan, pero un gran beneficio para las Compañías de Seguro, ya que menos pensiones son más ganancias.

Más que un problema de regulación, estamos frente a un evidente problema de poder, la permisividad y euforia financiera de las décadas pasadas han sido el alimento para engrandecer una industria que en ningún país del mundo se presenta tal como está en Chile. Las autoridades han planteado un callejón sin salida, premiando a las AFP con una posible reforma que aumentará el capital que administran.

Pero la historia da cuenta de que los cambios profundos requieren mucho tiempo, mucha insistencia y sobre todo mucha movilización. Este tema es sobre un política de seguridad social para fin de siglo, por tanto, mientras no sea ese el centro del debate, protestar sigue siendo legítimo y necesario, por ello cobra toda relevancia la participación en la nueva movilización convocada por la Coordinadora de trabajadores NO+AFP para el día 24 de octubre, fecha en la que necesariamente se debe volver a irritar al poder financiero, empresarial y político para frenar el enriquecimiento con total impunidad, a partir del trabajo presente y empobrecimiento futuro de millones de personas.