Columna de Carolina Urrejola | El allanamiento y formalización del Director General de la PDI: En la casa del herrero

Todos, supongo, quedamos golpeados con la noticia del allanamiento y formalización al ahora exDirector General de la PDI, Sergio Muñoz. Fue un mazazo a nuestro alicaído sistema institucional. La Policía de Investigaciones se había lucido las últimas semanas en la investigación del secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Hoy, la fiscalía presume que hay delitos de corrupción detectados en conversaciones entre el ex PDI Sergio Muñoz y el abogado Luis Hermosilla. 

A estas alturas nadie es tan ingenuo de pensar que en Chile “la corrupción es mucho menor que en el resto de América Latina”, un cuento que nos contamos por años. Sostenido, quizás, por los mismos que se pasaban sobres con plata en negro, mandaban a sus choferes a depositar dinero en efectivo en sus cuentas corrientes o compartían información privilegiada en su propio beneficio. 

A pesar de haber “perdido la virginidad” en materia de probidad, a los ciudadanos nos sigue impactando que nuestras instituciones estén podridas hasta el más alto nivel.

Generales, jefes policiales, alcaldes y alcaldesas, abogados de renombre, jefes de servicio, gobernadores, concejales, cores (y más) han traicionado nuestra democracia con la más antigua y ruin de las pillerías: robarse la plata que es de todos. Por dinero, por poder e influencia, por estatus, en connivencia con el crimen organizado o quizás amenazados por él.  

A este hecho gravísimo se suma la próxima formalización del General Director de Carabineros por su presunta responsabilidad en la violencia policial ejercida tras el estallido social. Los dos principales jefes policiales están cuestionados, mientras el Gobierno intenta encauzar la crisis de seguridad que vive el país. 

Para empeorar el cuadro, las leyes que permiten avanzar concretamente en el control de la criminalidad están trancadas en el parlamento. Siete meses sin movimiento lleva el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Nueve veces el gobierno le ha puesto urgencia a la Ley de Infraestructura crítica en el Senado. Sabemos que las negociaciones políticas tienen su propia dinámica pero, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar?

El gobierno propone acelerar la tramitación de la Ley de Inteligencia que es su momento ingresó el Presidente Sebastián Piñera. Pero lo cierto es que la entonces oposición desnaturalizó el proyecto a tal punto, que quedó ahí, en estado de coma. Habrá que revivirlo en medio de la cascada de recriminaciones en que se ha convertido la política chilena. 

Mientras, los parlamentarios le ponen empeño y talento a la definición de quien presidirá la mesa de la Cámara y el Senado, como si eso le cambiara la vida a alguien, mientras afuera los alcaldes progresistas piden militares para combatir los delitos. 

Estamos viviendo una “transnacionalización” del delito, me dijo en una entrevista Ana Linda Solano, penalista colombiana experta en criminalidad. Los carteles cada vez funcionan más como empresas y prestadores de servicios. Y esto es facilitado por la impunidad y la corrupción de los Estados. Detectar y aislar los vectores de contagio es fundamental para actuar a tiempo. 

Dada la gravedad de las últimas denuncias y la incapacidad de nuestro sistema de reaccionar con oportunidad, tan sólo podemos constatar que ya es demasiado tarde. Triste y deprimente.