Al terminar la dictadura pinochetista, Chile era uno de los países más católicos del mundo. Cerca del 80 por ciento de sus habitantes se reconocía miembro de esa religión. La Iglesia católica había sido una defensora incansable de los derechos humanos y como acogió en sus parroquias a los perseguidos sin preguntarles por su fe ni militancia se ganó incluso el respeto de incrédulos y herejes.

En esos tiempos había en el país cinco veces más pobres que hoy y solo un ínfimo porcentaje de la población tenía acceso a la universidad. En las casas de los chilenos había más Cristos, vírgenes y fotos papales que televisores, computadores y celulares. Hay quienes sostienen que existía una élite intelectual más lectora y sofisticada que la actual, y quizás sea cierto (yo no estoy seguro), pero no se puede discutir que desde entonces hasta ahora son millones los que han salido del aislamiento para entrar en la interconexión.

En esos años no existía internet, la información pública podía controlarse e instituciones jerarquizadas como la Iglesia católica sabían guardar muy bien sus secretos.

Desde la década de los noventa hasta ahora, quienes se declaran católicos disminuyeron en más de un 30 por ciento y actualmente casi un 40 por ciento de los chilenos se reconoce ateo, el doble de la media de la región. No es extraño que un país —a medida que se moderniza, educa y enriquece— vaya remplazando las creencias religiosas por conocimientos comprobables y la devoción por más derechos y bienes materiales, pero en Chile el proceso secularizador estuvo empujado principalmente por la decepción.

Entre el año 2000 y septiembre de este año, la fiscalía ha investigado a 229 miembros de la Iglesia por presuntos delitos sexuales. El sábado 15 de septiembre, el Vaticano expulsó del clero a Cristián Precht, exvicario de la Solidaridad y uno de los sacerdotes más admirados por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar. Acusado de abusar de menores y adultos, terminó por confirmar que, al menos en el terreno de las tropelías sexuales, en el interior de la Iglesia no se puede hacer distingos entre conservadores y liberales, derechistas e izquierdistas, poblacionales y aristocráticos. Como corolario, la semana pasada fue expulsado del sacerdocio Fernando Karadima, uno de los curas más influyentes de Chile en la era Pinochet.

También terminó por caer por su propio peso el argumento que esgrimía la jerarquía cuando estos escándalos recién comenzaron a estallar: que se trataba de casos aislados. Hoy pocos se atreven a sostener que en estas perversiones, que suceden por doquier, nada tienen que ver los principios y tradiciones en que se fundamenta la organización de la Iglesia.

Mientras el secretismo y el control de la información fueron posibles —las redes sociales terminaron con ellos—, la Iglesia consiguió sostener una imagen pública coherente con sus prédicas.

Como muy pocos, salvo las víctimas, sabían lo qué sucedía en su interior, prácticamente nadie dudaba de que los pastores eran los dueños de la verdad y quienes se atrevían a cuestionarlos eran canallas.

La fiscalía chilena anunció recientemente que están abiertas más de cien causas por abuso sexual en la Iglesia. Hay casi una decena de obispos imputados, entre ellos el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, por el delito de encubrimiento; 96 sacerdotes y cuatro diáconos están siendo investigados, además de treinta religiosos sin orden sacerdotal.

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