Hace ya más de cuatro años, el 11 de septiembre de 2014, uno de los mayores holding de seguros y administrador de pensiones del mundo, el estadounidense Principal Group presentó a la superintendencia de Pensiones una solicitud para fusionar la AFP Cuprum, que había comprado poco menos de dos años antes al holding Penta, con la sociedad que la controlaba en Chile, Principal Institutional Chile (PIC).

En esos días, el grupo vendedor estaba convulsionado. Hugo Bravo, el histórico colaborador de los socios de Penta, Carlos “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, delataba con inéditos detalles la maquinaría de financiamiento ilegal y bajo cuerda a la política, principalmente a la UDI ante el Ministerio Público, abriendo paso a uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia del país.

Para su suerte, el grupo Penta, que a partir de entonces comenzó a caer en desgracia y terminó vendiendo luego su negocio bancario, la aseguradora y finalmente isapres y clínicas, ya había hecho el negocio de su vida. En 2012 acordó vender en 1.500 millones de dólares la AFP Cuprum a la estadounidense, dejando poco menos de mil millones de dólares a los dos empresarios.

Pero al igual como los cientos de millones en impuestos que Penta evadió para aportar a las campañas de distintos políticos del partido que lideraba la derecha a través de boletas truchas, tal como luego impactó a la Nueva Mayoría por sus vínculos con Julio Ponce y SQM- la salida del ex presidente de la Teletón y su histórico amigo no le saldría gratis al Estado.

Primero, la venta la hicieron por bolsa, lo que permitió pagar mínimos impuestos, como reveló el propio fiscal que llevaba el caso Penta, Carlos Gajardo, el 7 de marzo de 2015 cuando se decretó la prisión preventiva de los socios del grupo. Sus números indican que Penta pagó 28 mil millones de pesos en impuestos y debería haber cancelado unos 180 millones de dólares, algo así como 125 mil millones de pesos, casi cinco veces lo debido según el entonces fiscal estrella de la causa.

No conforme, un año y medio después que salen los Penta a comienzos de 2013, hacia septiembre del año siguiente la AFP que presidía el DC Hugo Lavados y cuyo controlador, Principal a nivel de Latinoamérica era dirigida por un primo lejano del entonces presidente de la DC, Ignacio Walker, Roberto, pedía a la titular del regulador de las AFP, Tamara Agnic la reorganización de la propiedad en el país.

Todo lo que vendría luego –incluyendo la posibilidad de reducir impuestos por 80 mil millones de pesos- generaría una crisis política tal que provocó una comisión investigadora y la salida finalmente de Agnic de su cargo en enero de 2016, segundo remezón de la entidad pues en su estreno Álvaro Gallego duró pocos meses en el cargo por su acidez con las AFP.

El centro de la polémica era si la AFP creada por Principal, Argentum, para luego fusionarse con Cuprum, era realmente una gestora o una firma ‘de papel’ que solo se inventó para generar el efecto legal de hacer real un diferencial de valorización contable positivo de la empresa que le hiciera merecedora de la gigante ventaja tributaria.

Por eso, en junio de 2015 apenas estalló el escándalo, con una recordada entrevista de Tamara Agnic a La Tercera, un periodista de ese medio pidió por Transparencia a la superintendencia que le entregaran el plan de negocios que había presentado Argentum a la autoridad, uno de los principales requisitos para autorizar su existencia y posterior fusión con la AFP que concentra los trabajadores con mayores ingresos del sistema y así verificar si de verdad existió alguna vez o fue un invento para fusionarse con Cuprum y acceder al good will tributario.
Durante casi dos años, la superintendencia y la AFP se negaron a entregarla y dieron dura batalla ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), primero, luego ante la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema donde el profesional ganó el 19 de junio de 2017.

Dicho documento nunca se conoció. Se le pidió a la autoridad en una nueva causa que entregara ese archivo el 5 de julio de 2017, pues la entidad que dirige Osvaldo Macías tras la salida de Agnic ya le había sido ordenado entregarlo en el otro caso, pero la superintendencia nuevamente usó todos sus medios y recursos para impedirlo.
Forzó a acudir a la justicia una vez más y el CPLT disputó en la Corte de Apelaciones y nuevamente en la Suprema la misma travesía del profesional anterior. Finalmente, el 10 de septiembre pasado, el máximo tribunal determinó lo que parecía obvio pero que era la única fórmula para obligar a la superintendencia a acceder: rechazó el recurso de queja de Cuprum contra el tribunal de alzada y ordenó a la superintendencia entregar el famoso estudio de factibilidad de Argentum que incluye su plan de negocios y todo lo que supuestamente tenía planificado la sociedad que reemplazaba a PIC por decisión de Agnic.

Aunque Macías tenía 5 días hábiles para entregarlo, nuevamente se pasó de la ley y tardó varios más en hacerlo. El 27 de septiembre pasado por primera vez se pudo ver el documento y su contenido, aunque mal copiado en algunas páginas por la autoridad, permite confirmar lo que en su momento el presidente de la comisión investigadora y principal opositor de Agnic y la operación, Fuad Chahin, había denunciado: que el estudio de factibilidad de Argentum usó sólo información de la AFP existente para su proyecto.

La superintendencia, en mayo de 2015, en un documento llamado la ‘cronología’ del caso, asegura que veló porque se entregara toda la documentación requerida y exigió que se cumpliera en detalle con la normativa. Y aseguró que Argentum debió presentar un “detallado proyecto de negocios, explicitando cómo esta nueva AFP desarrollaría efectivamente la actividad de administradora de fondos de pensiones”.

Sin embargo, el estudio de factibilidad presentado por Argentum en realidad, es una copia del plan de negocios presentado por Cuprum y así lo revela la propia administradora en sus páginas iniciales.

Señala que dado que el objetivo de que PIC sea autorizada como una AFP, es que ésta pueda fusionarse absorbiendo a Cuprum, “en este documento se ha supuesto que dicha fusión será autorizada, y en consecuencia, el esquema organizaciones y directorio, análisis estratégico, subcontratación, proyecciones, estados financieros proyectados, evaluación económica y demás aspectos operacionales de la nueva administradora, están referidos a aquellos luego de que la referida fusión surta efectos, y por lo mismo corresponderán a aquellos de AFP Cuprum S.A.”. Es decir, toda la información presentada por Argentum era en realidad la de Cuprum, tanto que Principal quería que la nueva sociedad mantuviera el rut de su antecesora en el SII, pero el servicio se lo negó haciendo más complejo el ámbito logístico de la compañía.

De hecho, gran parte de las centenares de páginas de estudio, incluyendo diversos anexos financieros, tienen el logo de Cuprum.

No es algo que pareciera sorprender a la Superintendencia, que dirige Osvaldo Macías, quien debió inhabilitarse en marzo de 2016 para resolver el proceso formal de invalidación de la operación que la Intendenta de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados subrogante de la Superintendencia de Pensiones, Eliana Cisternas Araneda, terminó por descartar, ratificando la operación el 13 de diciembre de 2016.

El 25 de octubre de 2017, el actual presidente de la DC, Fuad Chahín presentó junto a un grupo de abogados un recurso de nulidad de derecho público contra esta operación. La causa ha sido incidentada en algunas ocasiones y en particular la AFP quiso cuestionar la legitimación activa de Fuad para ser demandante, por no ser diputado y por ende, no tener un “interés personal” en el efecto fiscal del good will que obtuvo Principal por la autorización de la creación de Argentum y su fusión con Cuprum (el 2 de enero de 2005), que luego le permitiría informar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 26 de ese mes que reconocería en sus estados financieros el ahorro tributario.

Tras ver rechazada su intención por la Corte, finamente el viernes 21 de septiembre pasado Cuprum contestó la demanda, al igual que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representando a la superintendencia, sostiene paradójicamente la posición que defiende el beneficio tributario de la empresa.

En su escrito, el CDE sostiene en síntesis que como Argentum absorbería a Cuprum, pero la empresa resultante sería la misma, era lógico pensar que se usaría la misma información de Cuprum en su prospecto.

De hecho, en sus conclusiones indica que la administradora proyectada, no tiene las características “de una nueva, ya que al fusionarse con AFP Cuprum adquiere de ésta los afiliados, la organización y su historia” por lo que no existe incertidumbre sobre la forma en que “esta nueva administradora conseguirá los afiliados suficientes para sus flujos” y de poder conseguir un lugar en el mercado. Y agrega que tampoco existe incertidumbre respecto al financiamiento ya que “se mantendrá la estructura financiera” de la AFP.

Es decir, en su estudio de factibilidad, Principal, el controlador de Cuprum, dice que no hay cambios en la estructura financiera de la AFP con la fusión con Argentum pues usará sus activos y pasivos.

Desde la superintendencia no quisieron comentar el caso, asegurando que se encuentra impedida de emitir declaraciones ya que existe la causa referida en tribunales. En ese sentido dijo que la Constitución señala que el poder Ejecutivo “no puede en caso alguno avocarse causas pendientes, por lo que corresponde su total abstención en la calificación de los hechos citados”, aludiendo al estudio de factibilidad que la propia superintendencia entregó y las consultas planteadas sobre el efecto que este documento produce en la historia.

En todo caso, la autoridad recuerda que se pronunció sobre el tema en la resolución aludida de Cisternas.

El CDE indica además que a PIC le corresponde por ley acceder a la fusión con la AFP, tras superar Principal más de 90% de la propiedad.

Sin embargo, se deberá dilucidar en la Corte si Chahín y su equipo tienen o no razón al asegurar que PIC no podía fusionarse con Cuprum y que la creación de Argentum fue una farsa para permitir la operación que dio como resultado el beneficio tributario para la estadounidense.

El CDE y Cuprum extendieron largos pasajes de argumentos jurídicos para defender la legalidad de la autorización de la creación de Argentum y su fusión posterior con la AFP.

Además recordaron que quien autoriza finalmente el good will es el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo representante confirmó en el Congreso en esos años que existiera o no Argentum igual habría obtenido la rebaja impositiva.

“A Cuprum no le movieron una coma, que toda la información que presentó Argentum haya sido de Cuprum, prueba que PIC era un cascarón para obtener el beneficio tributario”, dice un abogado del equipo de Chahín que en estos días debiera ingresar su escrito tras la contestación de la AF y el CDE.

La tesis de Chahin es que Financial Group creó la PIC como vehículo para comprar la AFP, pensando luego fusionarla con Cuprum y así obtener el good will, sin tener motivos de reorganización reales que justificaran la autorización de la creación de Argentum y su fusión con Cuprum.

El 2 de junio de 2015, Agnic dijo que Cuprum “no es una AFP de papel” y que “de hecho, Argentum es la AFP que hoy día está funcionando y tuvo que hacer sus proyecciones, y su plan de negocios y comprometerse con algunos beneficios adicionales”.

Cuando se le preguntó un motivo claro para aprobar la operación, esto es, que hubiera beneficios para los afiliados a Cuprum. “Dentro de lo que es el plan de negocios, al existir proyecciones, por ejemplo, de captación de beneficiarios (afiliados). También se establecen distintos supuestos bajo los cuales se van a llevar adelante estas proyecciones: sucursales, por ejemplo, incluso podían ser comisiones, aunque no recuerdo bien el plan (de negocios). Esto nos permite a nosotros también, renovar la relación y ciertas exigencias con la AFP. Además, esto no perjudica los fondos de pensiones” dijo en ese momento Agnic.

Para los abogados de Chahin, este documento será clave para demostrar que la creación de Argentum fue simulada y que la operación está viciada, con el único objetivo tributario señalado. Se cuestiona la falta de interés de la autoridad para preguntar por el motivo de la fusión sobre todo considerando que ese último día de 2014 se podía sumar el good will tributario.