Venta y arriendo de la propiedad indígena: ¿la derrota final del Movimiento Mapuche?

Hace un tiempo ya que comunidades y dirigentes mapuche vienen expresando su temor ante la posibilidad de modificar la prohibición de enajenar la tierra indígena. Fue el diputado y exintendente Andrés Molina (Evópoli) quien planteó esta idea, a la que sumaron su apoyo Germán Becker (RN), René García (RN) y varios personeros del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados. La respuesta, de nuestro lado, no ha sido espontánea; los dirigentes han manifestado su negativa a la modificación legal, pero sin una propuesta que analice otras situaciones estructurales. A esta incapacidad se suman una serie de otras frustraciones e incomprensiones.

1. En toda su historia, el Movimiento Mapuche no ha podido levantar una propuesta económica que le permita romper con las cadenas de la dependencia estatal. Ante esto, las comunidades han tenido que acomodarse al mercado, dejando paulatinamente atrás la economía cerealística y ganadera de los años 80 para articularse en torno al modelo forestal. El ingreso económico de las familias pasó a estar determinado por subsidios sociales y, para no perderlos, muchas personas no quieren formalizar sus actividades, lo que genera mayor dependencia del Estado. Las nuevas iniciativas de pequeños emprendimientos vienen a paliar esto con un ingreso combinado de horticultura, artesanía o servicios turísticos, pero los emprendimientos mayores han internalizado las relaciones capitalistas en la comunidad, asalariando precariamente a familiares y vecinos.
2. El Movimiento no ha visto que la composición social de las comunidades es diversa: obreros o profesionales, la mayoría vive de la venta de su fuerza de trabajo. Son pocos los que viven exclusivamente de la agricultura, muchos tienen emprendimientos como una vulcanización o un taller mecánico. Hoy muchas personas viven en media o un cuarto de hectárea sin títulos, existen loteos irregulares y muchos acusan no recibir ayudas sociales o campesinas por vivir al lado de la ciudad. También son muchos los casos de herencias conflictivas que involucran a hermanos y sobrinos que viven en los centros urbanos.
3. Pensar que la resistencia cambiará esto es una ilusión. Al contrario, nos enfrentará entre nosotros, y terminará aplastada, no por el Estado, sino por nuestra gente mapuche, y no simplemente por la ambición económica, sino por la diversidad de intereses que el Movimiento no ha logrado representar. La resistencia se ha preocupado por la recuperación territorial, que es necesaria, pero ha dejado de lado otras necesidades del pueblo que son urgentes, como las de los mapuche urbanos o los asalariados que viven en las comunidades o quienes no tienen títulos de propiedad, lo que dificulta sus trámites para hacer inversiones. O una de las más importantes: el Sistema de Agua Potable Rural, nacido en los 90 para enfrentar la disminución del recurso en las comunidades, potabilizando aguas de napas subterráneas para abastecer a una cantidad de familias que hoy supera el agua disponible, lo que ha generado problemas de escasez e insalubridad. Para remediar la falta de este elemento, se han abastecido con camiones aljibes, con agua de las ciudades, que resultan insuficientes.
4. Cuando el Movimiento tuvo capacidad movilizadora, no logró negociar aspectos productivos y estructurales con el Estado, lo cual abonó el terreno para este golpe que se avecina. Si bien muchos dirigentes hablan de los derechos colectivos, estos no han sido analizados en términos concretos ni con una perspectiva estratégica. Es cierto que los derechos indígenas son insuficientes, pero son una base jurídica, como el Convenio 169 de la OIT, que está ratificado desde 2009 y no ha sido usado de manera estratégica en los procesos de consultas para mejorar nuestras condiciones. Hoy la derecha conoce muy bien el reglamento de consulta, y lo usará para negociar con las comunidades afectadas y conseguir la modificación del artículo.
5. La aprobación de ventas o arriendos para la inversión inmobiliaria es viable porque se conjugan el interés de esas comunidades de mejorar su calidad de vida y la oferta en el mercado. Muchos quieren agua potable de mejor calidad, alcantarillado, iluminación pública, calles asfaltadas, títulos de propiedad, y los precios de los predios se elevarán ostensiblemente. Como dijo un miembro de la Conadi del actual gobierno: “hoy en esas comunidades existen millonarios en potencia”. Se estima que el valor de la hectárea se podría triplicar o más, ya que se pagarán al metro cuadrado. Cuando se haga la consulta indígena, es difícil que las comunidades digan no. La gran mayoría pensará que podrá comprar tierras en otros sectores o bien trasladarse definitivamente a la ciudad, y para los que se queden, sus tierras perderán su calidad de agrícola y pasarán a ser urbanas. A esto le seguirán las conurbaciones entre comunas dormitorio, y las comunidades que se encuentran a orilla de camino querrán aprovechar el boom inmobiliario.

Pero aparecerá un lado oscuro: los costos sociales de la violencia contra quienes se opongan a vender, tanto en las familias como en las comunidades. La sucesión será un foco seguro de conflicto familiar, y cuando alguien no quiera vender será blanco de ataques. Ya no será la violencia ni el terrorismo estatal la parte más filosa de la espada, serán nuestros propios hermanos. Algo parecido se vivió en el siglo pasado con el DFL de 1978, que permitió la subdivisión de comunidades, donde vimos familias enfrentadas y comunidades quebradas. La diferencia es que ahora veremos a las comunidades desaparecer ante nuestros ojos, con una violencia acompañada de estafas y engaños a diestra y siniestra.

HABLAR CON EL SILENCIO

El Movimiento debería estar analizando estos puntos críticos. No basta con la oposición al Plan Impulso Araucanía, hay que evaluar los entramados que pueden surgir con la llegada de estos nuevos recursos financieros y el nuevo sistema de venta y arriendo. La realidad nos exige construir una propuesta concreta. Hoy somos –y seremos por mucho tiempo– un pueblo urbano y debemos responder a esa realidad, pero sin desproteger la ruralidad que todavía nos queda. Hay que atender a los aspectos estructurales y dejar de lado las discusiones subjetivas de quién es más mapuche o de si las mujeres tienen derecho o no a jugar palin, para hablar de economía y de territorialidad inclusiva.

Hay que salir de la resistencia foquista, que ha sido más un problema que una solución, y favorecer un recambio dirigencial, una nueva institucionalidad propia, un plan estratégico a 50 años y un marco de movilización que nos aglutine. De lo contrario, pasaremos de ser pueblo a ser población, tendremos derechos a la lengua, a la historia, a la cultura y a la identidad, pero desprovistos de nuestros derechos colectivos, de nuestros territorios y de nuestra representación política.

En diez años más, el 80% seremos mapuche urbanos (estimo cerca de dos millones de personas) y las comunidades estarán fuertemente envejecidas. ¿Qué vamos hacer con esa realidad? ¿Vamos a esperar otra modificación a la Ley para que se venda toda la tierra indígena? De eso tenemos discutir en familia, entre amigos, en las comunidades, en las organizaciones. Hay que transformar el activismo digital en un activismo interpersonal articulado con los problemas del pueblo. Me parece banal que hoy mostremos más interés por discusiones sobre el conocimiento mapuche que por las bases materiales que nos sostienen. Hoy es necesario asumir responsabilidades, más que endosarlas, y hacernos cargo de que el pueblo está hablando a través de su silencio y ha decidido, al parecer, no ser pueblo.

*Sergio Caniuqueo Huircapan – Investigador adjunto del Centro de Estudios Interétnicos e Interculturales (PUC), coautor del libro ¡…Escucha, Winka…! (LOM, 2006).