Qué busca el alzamiento del secreto bancario: la propuesta que vuelve a tomar protagonismo tras liberación de sicario y que genera dudas en expertos

La liberación del sospechoso de sicariato por el asesinato del comerciante del Barrio Meiggs, José Reyes, ahora identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado a una banda que tendría conexiones con el Tren de Aragua, ha provocado una serie de reacciones. Entre ellas, llamados de distintas voces a acelerar la tramitación del proyecto que permite el levantamiento del secreto bancario.

Desde hace un tiempo a esta parte, se ha debatido en Chile sobre la efectividad, los alcances y posibles riesgos respecto del potencial amparo para las actividades del crimen organizado. En rigor, el secreto bancario está regulado por la Ley General de Bancos, y puede ser alzado únicamente en contextos de investigaciones asociadas a delitos específicos.

Paralelamente, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que contiene un artículo que permite el levantamiento del secreto bancario. Así, la iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso propone eliminar el requisito de autorización judicial, sujetando el acceso a información protegida por secreto bancario a un procedimiento especial de naturaleza administrativa, sometido a diversos controles para resguardar su correcto ejercicio.

Para ello, es necesario que se trate de una operación sospechosa, previamente reportada o detectada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Además, la solicitud sólo puede ser realizada por el director de la UAF, previo requerimiento fundado de quien ejerza la jefatura de la División de Inteligencia Financiera de este organismo.

Experto por levantamiento del secreto bancario: “Esta medida es bastante ingenua”

Rodrigo Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, explica que “el proyecto en materia penal actualmente busca establecer la posibilidad de levantar el secreto bancario en una amplia variedad de delitos, muchos de los cuales podrían estar relacionados con el crimen organizado, el sicariato, entre otros. Esto representa una ampliación respecto del marco legal anterior, que ya contemplaba esta medida para delitos como el fraude, el narcotráfico, la estafa y otros ilícitos de carácter económico”.

El abogado destaca que “la principal novedad del proyecto penal radica en la extensión del levantamiento del secreto bancario a nuevas figuras asociadas al crimen organizado”.

Por su parte, Francisco Labarca, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, dice que el proyecto de levantamiento del secreto bancario “podría afectar en caso de que se use con fines distintos a los que busca la ley, lo cual podría generar que exista mucho movimiento financiero por medios distintos. Más que afectar, esta ley podría buscar otras finalidades distintas, lo cual generaría perdida de confianza por parte de muchas personas”.

“A los empresarios que funcionan siguiendo la legislación vigente no afectará nada, lo que si podría generarse es un uso indebido con otros fines, los cuales afecten a la privacidad de las personas. Recordemos que los empresarios tienen su dinero en sus empresas o inversiones, por lo que esta medida es bastante ingenua en ese sentido”, agrega Labarca.