Nacional
24 de Mayo de 2011Torres Silva demanda al Estado
El otrora fiscal Ad-Hoc, quien condujo los procesos contra el FPMR durante la dictadura, asegura que el descuento de 0,5 % que realiza Capredena a su pensión de 2,6 millones al mes es ilegal. De hecho, en un recurso interpuesto junto con el general (r) Luis Danús Covián asegura que el fisco tiene una deuda retroactiva por este descuento desde fines de los setentas. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el juicio que lleva el 29º Juzgado Civil, como también ante el Tribunal Constitucional.
Fernando Torres Silva, conocido en la década de los ochentas por su rol como fiscal Ad-Hoc en distintos casos ligados a los derechos humanos, recurrió al Tribunal Constitucional para evitar que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) le descuente dinero de su pensión como ex titular de la Auditoría General del Ejército (AUGE).
El recurso interpuesto hace algunas semanas representa también al Círculo de Oficiales Superiores en Retiro, donde se encuentra también el general en retiro Luis Danús Covián, quien aparece ligado a la DINA en varios portales de Derechos Humanos.
Torres Silva, que actualmente recibe una pensión mensual de 2,6 millones de pesos, estima que Capredena le ha provocado un perjuicio económico al descontarle mensualmente el 0,5 %, para el Fondo de Revalorización de Pensiones de las Fuerzas Armadas, hecho que ocurre con todos los ex uniformados, mas no en el resto de la administración pública.
Este ex funcionario, en su calidad de abogado, llegó a ser el Auditor General del Ejército y se hizo conocido por su cargo de fiscal Ad-Hoc luego de llevar, entre otras, la investigación por el atentado del FPMR a Pinochet ocurrido en 1986; la internación de armas por Carrizal Bajo y el secuestro del coronel Carlos Carreño.
El ex fiscal fue procesado y condenado en la investigación por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez y también en la indagatoria por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
En ambos casos, los magistrados Sergio Muñoz y Alejandro Madrid, respectivamente, le imputaron haber puesto todos sus esfuerzos para evitar la acción de la justicia desde su puesto en la AUGE cuando los tribunales buscaban aclarar casos de violaciones de derechos humanos.
¿Cuánto me debes?
La presentación al Tribunal Constitucional, patrocinada por el abogado Jorge Reyes, es una estrategia jurídica para mantener viva una demanda por indemnización de perjuicios contra el fisco presentada por Torres Silva y Danús Covián ante el 29 Juzgado Civil de Santiago en 2010.
En esta última se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que los ex uniformados aseguran que el Fisco viene cometiendo una irregularidad con sus pensiones desde fines de los 70 y debe devolverles plata.
De acuerdo a la respuesta que presentó el CDE, lo único que busca Torres Silva es “reliquidar su pensión”, tomando como patrón más de 30 años, hecho que le haría gastar al Estado una multimillonaria cifra si es que la demanda fuera acogida en todas sus partes.
En el mismo documento, el organismo que defiende los intereses del Fisco hizo presente una particularidad en la demanda de Torres Silva. El ex fiscal Ad-Hoc asegura que es víctima de un menoscabo económico, sin embargo, nunca ha querido acreditar cuánto se le adeuda, hecho que para el CDE es al menos extraño, por lo que pidió el rechazo de la acción legal.
El abogado Jorge Reyes explicó que su cliente más que buscar una compensación económica, quiere que cese el descuento. Explicó que si buscaran una retribución, ésta sólo podría operar hasta tres años hacia atrás, es decir desde 2008, “ya que el resto está prescrito”.
En el CDE indican que si el fisco perdiera en el TC, debería desembolsar varios millones, ya que el caso no sólo afecta a Torres Silva y Danús, sino a todos los uniformados en situación de retiro.
El organismo, en tanto, ya designó al abogado Ewaldo Schulz, para que participe de los alegatos que debieran realizarse durante mayo en el TC.
