Ministra vocera de gobierno

Foto: Segegob

Nos parece inaceptable que un gobierno apoye una ley que beneficia directamente el bolsillo de su vocera”. Con esas palabras la senadora Ximena Rincón (DC) solicitó ayer a la Contraloría que investigue un posible conflicto de interés de la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, con la recién aprobada actualización del Convenio Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV 91).

El tratado, vigente en más de 60 países, tiene como objetivo velar por que los estados miembros reconozcan y protejan las nuevas variedades de semillas creadas por obtentores vegetales. Bajo este panorama, las grandes empresas de este mercado -dominado en el mundo por la multinacional Monsanto- podrán empezar a cobrar por sus variedades registradas, donde destaca Semillas Baer, la empresa de Erik von Baer, papá de la vocera de gobierno. Según la declaración de patrimonio de la ministra, disponible en el sitio web de la Segegob, es dueña de un 15% de la firma, viéndose beneficiada directamente por este hecho.

¿El motivo? Con el UPOV 91 reconocido y la aprobación de la ley de obtentores vegetales -que fue presentada de forma paralela por el Gobierno y que se encuentra en plena discusión en el Congreso-, todo agricultor deberá pedir permiso o pagar al “dueño” para sembrar su variedad, no podrán usar las semillas que obtengan del primer cultivo para una segunda producción y para inscribir una nueva variedad debe haber un perfeccionamiento de ella, algo a lo que los agricultores más pequeños no tienen acceso pero que el jerarca de los Von Baer, controlador de aproximadamente el 50% del mercado de semillas en Chile, es un experto.

De esta forma, Rincón presentó la moción con apoyo de los también senadores Jaime Quintana (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Jorge Pizarro (DC) y Alejandro Navarro (MAS). A juicio de la parlamentaria, esto es una evidente irregularidad pues “esta empresa es una de las que se ve beneficiada con la firma del convenio y a nosotros nos parece que es poco transparente que se legisle de esta manera y además cuando se hace en beneficio de los intereses de un ministro”.

De hecho, el representante de Chile sin Transgénicos, Cristián Sauvageot, dice que la semilla de la quinua ahora es propiedad de Semillas Baer, junto con otra veintena de variedades ya registradas hasta el año 2016, incluidos algunos tipos de avena, cebada y trigo. Por otra parte, este martes el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento presentado hace dos semanas por 17 senadores de oposición para revisar la legalidad del convenio.

Consultada por la prensa hace poco menos de un mes -cuando fue aprobada la actualización del UPOV 91-, la vocera de gobierno dijo que “entrar en temas tan pequeños no vale la pena“ y se remitió a decir que “el tema relevante es este tratado que se está llevando y el detalle lo está llevando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Los vínculos de la UC con Monsanto

Los estudiantes de Agronomía de la UC están preocupados. Hace un año, exactamente el 11 de mayo de 2010, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, principal desarrolladora de nuevas variedades vegetales en Chile junto al Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) -dependiente del Ministerio de Agricultura- firmó un convenio de colaboración académica con Monsanto, la empresa desarrolladora de transgénicos más grande del mundo.

El acuerdo, suscrito por el programa de postgrado en Ciencias de la Agricultura de Agronomía UC con la filial chilena de la multinacional líder en transgenia y herbicidas, se promovió como un enlace para “desarrollar conjuntamente investigación, capacitar capital humano e intercambiar información científica y técnica en el área de la biología vegetal, recursos naturales y agricultura”.

Pero la firma traía letra chica. Alertados por la mala fama de la empresa, responsable del llamado “agente naranja” -químico usado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam para despejar los campos y hacer frente a los vietnamitas que derribaban aviones norteamericanos-, el Consejo Ecológico de la UC, un grupo que congrega a distintas iniciativas medioambientales de ese plantel, se enteró tres semanas después que tanto la Universidad como la empresa podían impedir que se hiciera pública cualquier investigación si no estaba visada por ellos.

Es una estrategia general de Monsanto unirse a instituciones de nivel y mucho prestigio -universidades sobre todo- para mostrar una contribución ‘positiva’. Si bien esto no es condenable, es una práctica que se ha hecho en varias ocasiones que podría tener buenos resultados, aunque sabemos que Monsanto históricamente no ha hecho cosas muy buenas desde el ‘agente naranja’ hasta este tiempo”, dice Camilo Huneeus, integrante del CEUC y alumno de 4º año de agronomía.

La reacción del grupo tiene que ver con que, además de que todas las investigaciones y desarrollos nuevos de variedades tienen prohibición de ser exhibidos públicamente, estos sólo pueden ser entregados de manera confidencial a Monsanto. “Sabemos que el día que alguien quiera hacer una investigación sobre impacto en suelo o algo parecido, ni siquiera alcanzaremos a tener aprobado el proyecto de investigación”, explica un alumno de Agronomía.

La firma del convenio lo valida. “Expresamente se acuerda por las Partes que la negativa de una de ellas para hacer público los resultados parciales o definitivos, ya indicados, no genera ninguna obligación de resarcimiento respecto de aquella parte que se ha negado a publicar tales resultados”, señala el documento, que tiene vigencia hasta el año 2013.

Los enredos del ex director del INIA

Pero la inquietud de los futuros agrónomos de la Católica va más allá del convenio con Monsanto y el impacto del UPOV 91. La Universidad Católica, el gran competidor del INIA en el desarrollo de variedades vegetales chilenas a juicio de varios expertos, se inclina hacia el área de mejoramiento genético, y por ende, pro transgenia. “Igual tenemos por un lado iniciativas, unos talleres para el desarrollo de cultivos orgánicos, pero la clara preferencia es hacia el avance de la génetica. La mayoría de las cosas que hacemos y los cursos van en esa línea”, dice otro alumno, casi egresado como ingeniero agrónomo.

Y las coincidencias no son menores. En la malla se encuentra como profesor titular el ex director del INIA, Guillermo Donoso Harris, quien debió renunciar a su cargo hace poco más de un mes después de presentarse una querella por fraude al Fisco en su contra por causar perjuicio a esa institución público-privada.

De hecho, dos semanas después de renunciar -el 3 de mayo pasado-, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados emitió un informe unánime por este mismo caso donde lo acusa directamente de “daño patrimonial irreparable en materia de recursos humanos” y “entrega de información confidencial y privilegiada a una empresa de la competencia”, a través de un informe comercial sobre producción y comercialización de las semillas. (Ver PDF al final de esta nota)

Este último punto, un detalle no menor considerando que la empresa a la que fue entregado el catálogo, Anasac S.A., ya era propiedad de la filial chilena de Monsanto después que la multinacional comprara su planta ubicada en Paine por 19 millones de dólares.

Así, Semillas Anasac hoy actúa como distribuidor de semillas de maíz y soya de Monsanto, quien de pasada aumentó en 25% su producción en Chile, dejando a nuestro país dentro de los primeros siete países que más producen para la firma, presente en nuestros campos hace más de 17 años.

Los otros vínculos con el gobierno

Pero Donoso no es el único académico ligado al actual gobierno. También están Eduardo Katz, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas de la Conaf; Gustavo Rojas, director de a Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, entidad dependiente del Presidente a través del Ministerio de Agricultura; y Francisca Silva, asesora de políticas agrícolas del Ministerio de Agricultura.

A ellos se suma la profesora auxiliar de genética Doris Prehn, quien es socia de ChileBio, organización gremial que agrupa a las empresas desarrolladoras de alimentos mejorados genéticamente como Monsanto, Bayer, Syngenta, Crop Life International, Pioneer y Dow AgroSciences.

Nota de la Redacción: La profesora Doris Prehn aclaró a The Clinic Online que no es socia de ChileBio como lo indicaba la nota. Esta es su aclaración: “Quiero aclararle que mi relación con ambas entidades es estrictamente profesional. Es más, la referida noticia puede perjudicarme profesionalmente ya que efectúo evaluaciones de impacto ambiental de Organismos Vegetales Genéticamente modificados por lo que DEBO mantener una postura neutra, sin sesgos que puedan afectar dichas evaluaciones.”

Finalmente, las ex alumnas de Agronomía UC e hijas del patriarca de von Baer, también están insertas en el negocio. Karina, gerente general de Saprosem, hermana de la ministra Vocera de Gobierno y actual directora nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien además se ha declarado públicamente a favor de los transgénicos, llegando a decir incluso que “es fundamental para darle competitividad al sector”, mercado ampliamente dominado por su padre.

Ver también : Senador García Ruminot dice que presentación contra Von Baer es una completa injusticia