El hoyo negro de La Polar

Foto Agencia UNO

El escándalo sobre la modificación unilateral de créditos de parte de la multitienda La Polar escaló este lunes cuando la Fiscalía Centro Norte inició una investigación por presuntas violaciones a ley de Bancos y Valores.

Hasta las dependencias de la casa comercial llegaron este lunes los fiscales Luis Inostroza y José Morales, sumándose a la visita que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), quien acudió a las oficinas de la compañía para verificar los datos entregados en el marco del caso.

La SVS aseguró que el objetivo de las diligencias es “recabar antecedentes y verificar información proporcionada por la empresa que serán utilizados para los análisis e investigaciones que se están realizando”.

El problema que llevó a la empresa al borde del colapso, con un desplome en sus acciones de más del 40 por ciento a fines de la semana pasada, es relativamente sencillo de entender: la empresa repactó de manera unilateral la deuda de clientes que se atrasaban en sus cuotas, aplicando nuevos intereses -que en algunos casos habrían llegado incluso a más del 40 por ciento- multiplicando la deuda del consumidor.

Así le sucedió a Marcela Sandoval, que tenía una deuda de 300.000 pesos a la que venía abonando regularmente hasta que en el 2009 no pudo seguir cancelando las cuotas.

“Yo aboné hasta que vi que en lugar de bajar, la deuda subía”, relata con angustia. Y subiendo, subiendo, llegó a los 1,2 millones de pesos hasta agosto del año pasado, cuando la contactaron desde la empresa para anunciarle que se iniciaría un proceso en su contra para embargarle sus pertenencias por el no pago de la deuda. “Yo había comprado pijamas, zapatillas, cosas de casa, pero nunca para llegar a ese monto”, se queja.

Según estimaciones de Tomas Fabres, director de Chile Ciudadano, su caso se repite en uno de cada cinco clientes de la casa comercial con cuenta de crédito, lo que se traduciría en 120.000 personas.

Repactación irregular

Esta modificación unilateral en los créditos abultó la cartera de morosidad de la empresa, debilitando su condición financiera.
Fabres explica que a partir de 2007 La Polar inició una política agresiva de ampliación de su cartera de clientes, y por medio de sus filiales que están encargadas de evaluar a los clientes, otorgaron créditos por montos muy pequeños a personas que no tenían ninguna capacidad de pago.

La fundación Chile Ciudadano estima que las principales afectadas son dueñas de casas que, según Fabres, simplemente no tienen ingresos para cancelar las deudas ya que generalmente administran un presupuesto familiar. A ese nicho apostó La Polar en el año 2007, aseguró.

Una de ellas es Sandoval, que en enero del 2011 hizo el último abono a su deuda y que asegura haber pagado mucho más de los 300.000 pesos de su deuda inicial. “Yo quiero pagar, pero como corresponde, con los intereses de ellos”, se queja.

Al enterarse del escándalo de la repactación irregular, Sandoval se sintió identificada de algún modo y acudió a la sucursal de La Polar en Quilicura, donde la conocen como clienta frecuente.

Antes de atrasarse con sus pagos incluso le ampliaron el cupo de crédito desde 40 mil a 400 mil pesos. Allí el portazo fue rotundo: el encargado de la unidad de crédito le dijo que no le podía revelar su historial, por lo que aún no sabe a ciencia cierta cuántas veces fue repactado su crédito ni bajo qué condiciones.

El viernes pasado el Sernac presentó una demanda colectiva por malas prácticas contra la firma presidida por el empresario Heriberto Urzúa desde que la semana pasada Pablo Alcalde renunciara a la presidencia del directorio.

El lunes, a esta acción se sumó un grupo de 15 personas representadas por Chile Ciudadano.

Larraín minimiza

La situación de La Polar no es un caso aislado en el sistema financiero del país, pues actualmente existen en el mercado bonos de la empresa por 560 millones de dólares, cuyos rendimientos se dispararon en las últimas sesiones, alcanzando hasta un 20,48% para el cupón que vence el próximo año.

Si La Polar no logra solventar sus necesidades financieras para mantener activos estos bonos -deuda emitida en subastas públicas para financiar sus operaciones- podría provocar grandes pérdidas en sus acreedores, entre los que destacan las AFPs del país.

Es por esto que si la crisis sigue escalando y la empresa se declara en quiebra o en moratoria de sus obligaciones, las consecuencias podrían sentirse en todo el sistema.
Según datos aportados por el economista Guillermo Larraín en La Segunda, si bien se trata de una empresa dedicada al comercio minorista, el 47% de sus ingresos vienen del negocio financiero.

Además, la empresa se financia mediante la emisión de bonos en un 51% y con préstamos bancarios en un 36 %. Es por esto que su caída implicaría la erosión de otras empresas y de los ahorros de todos los chilenos.

Para Sandoval, ama de casa y madre de dos hijos, el proceso fue una pesadilla. Según cuenta, sólo compartió su secreto con su familia cuando en abril de este año llegó a su casa una carta con un sello rojo de cobranza judicial.

“Acá la responsabilidad es de los fiscalizadores, porque no regulan los intereses que le cobran a los morosos”, se queja.
La empresa anunció el lunes que contrató a la firma de auditoría Deloitte para efectuar una revisión de la cartera de clientes de la compañía, la que demorará un periodo máximo de tres meses.

A través de un documento conocido como hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía precisó que “una vez terminada la revisión el directorio podrá concluir con respecto al valor de recuperación de la cartera, las provisiones requeridas y los eventuales períodos afectados”.

Pese a la premura de la crisis y a que las acciones de la empresa volvieron a desplomarse el lunes, obligando a frenar sus operaciones, el Gobierno trata de aplacar las aguas, minimizando la que podría ser la gran crisis subprime del país.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, encabezó una nueva reunión extraordinaria del Comité de Mercado de Capitales, para analizar los efectos sobre el sistema financiero por la crisis, donde reiteró que “con la información disponible hasta la fecha, los efectos de este caso son limitados y no ponen en riesgo la solvencia o liquidez del mercado de capitales o de la banca, la seguridad de los fondos de pensiones, ni el normal funcionamiento del sistema de pagos”.