Fuertes cuestionamientos a informe de Comisión Valech II

Imagen: Ciperchile.cl

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) cuestionó el informe entregado por la Comisión Valech II, pues sostuvo que hay casos que debieran revisarse como el del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza.

Al respecto, manifestó que se trata de “una persona que no reconoció el estado de derecho de Chile al no presentarse ante los tribunales de justicia, y sería inaceptable que sí reconociera al Estado de Chile para recibir un beneficio de reparación”.

“Apablaza tiene temas pendientes con la justicia por el caso del asesinato de Jaime Guzmán, y si va a recibir un beneficio del Estado debiera ser una vez que la justicia determine su total inocencia. En otras palabras, ninguna persona condenada o con asuntos pendientes con la justicia chilena debiera recibir beneficios reparatorios por parte del Estado”, agregó.

Por otra parte, expresó que “gente como Miguel Estay Reyno -conocido como el Fanta- o Luz Arce, que participó en terrorismo de Estado y en delitos de lesa humanidad, no debieran estar incluidos en este documento”.

“Representa un insulto a las víctimas y claramente debiera revisarse su inclusión en la Comisión Valech II; más aún cuando son personas condenadas por la justicia; por tanto, no debieran recibir un beneficio de reparación por parte del Estado”, añadió.

AFEP cuestiona trabajo de Comisión Valech por omitir cerca de 20 mil casos

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos denunció que la Comisión Valech dejó fuera del informe final sobre víctimas del régimen militar a cerca de 20 mil casos que estarían plenamente acreditados.

La presidenta de la entidad, Alicia Lira, explicó que el trabajo del grupo fue incompleto y además con una clara dirección política en orden a oscurecer varios episodios de crímenes de ex opositores que combatieron por la vía armada al gobierno de facto.

Como ejemplo mostró 63 casos de ejecutados que no fueron incluidos como víctimas y que en su mayoría murieron, de acuerdo a las versiones oficiales de la época, por enfrentamientos entre miristas o por explosiones mientras colocaban bombas. Sin embargo, de acuerdo a la dirigente, todos esos casos -en su mayoría no judicializados- están debidamente acreditados por ellos en carpetas que fueron facilitadas a la Comisión, pero que no fueron tomadas en cuenta.

“Denunciamos que esta Comisión actuó por razones políticas. Y aquellos que estuvieron en la Vicaría (de la Solidaridad) como la señora María Luisa Sepúlveda, no entendemos que haya permitido que se haya dejado a los ejecutados políticos sin calificar. No nos interesa el dinero, nos interesa la reparación social, que digan que eran personas con familia y que combatieron la dictadura, la cultura de la muerte y el terrorismo del Estado”, afirmó.

En ese marco, cuestionó la inclusión en el texto final a personas como Miguel Estay, conocido como “El Fanta”, quien está condenado a cadena perpetua por su participación en el crimen de tres profesionales en 1985. “Él pasó a ser un colaborador de los órganos represores y ahora es calificado como una de las víctimas del Régimen. No vamos a permitir que esos nombres sigan ahí, sólo por criterios políticos”, cuestionó.