Abogado querellante del caso Tsunami renuncia a la UDI y critica a diputados gremialistas

El abogado querellante en el Caso Tsunami, Raúl Meza, en compañía de directivos de la Fundación Simón Yévenes, afirmó que este lunes renunciará a su militancia en la UDI para mantener “la más absoluta independencia en su gestión profesional” y de esta manera, ejercer las defensas de los familiares de las víctimas del maremoto del 27/F de 2010.

Según manifestó el jurista, quiere trabajar “sin intervenciones y presiones políticas de ninguna naturaleza ni de ninguna autoridad política o de gobierno que pertenezca a la alianza de gobierno”.

Esta renuncia, además, “tiene su causa principal en la evidente incompatibilidad de posturas y convicciones jurídicas” que tiene el profesional con algunos parlamentarios de la UDI, como el diputado Jorge Ulloa, en relación a las eventuales responsabilidades penales que tendrían las autoridades políticas del gobierno anterior, “particularmente sobre la que tendría la ex Presidenta Michelle Bachelet, en la falta de alerta oportuna de tsunami a la población el día de la tragedia, en su calidad de máxima autoridad política de la época”, dijo.

Al respecto, Meza puntualizó que “no comparte en absoluto” los dichos del diputado Ulloa, al sostener que la ex mandataria no había sido informada de los sucesos que estaban ocurriendo en las costas del país el 27/F, “expresiones que manifiestan un completa ignorancia de los antecedentes que obran en la investigación, los cuales indican, que, sí estaba informada de lo que estaba ocurriendo en la Isla Juan Fernández, ya que mientras la Sra. Bachelet descartaba públicamente al país la presencia de un tsunami, en dicho archipiélago se estaban recogiendo los cuerpos de personas fallecidas a consecuencia de las olas destructivas que azotaron la zona”.

A las razones expuestas, el abogado agregó que no ha encontrado en su partido, la UDI, “apoyo de ninguna naturaleza a su postura jurídica en relación a las eventuales responsabilidades penales que tendrían en las 156 muertes, las autoridades políticas del gobierno anterior, esto es, el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, (declaró como imputado ante la Fiscalía), el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex Presidenta Michelle Bachelet”.

Lo anterior, comentó el jurista, “a diferencia de la postura que han tenido públicamente los parlamentarios de RN, (Cristián Monckeberg y otros) que han coincidido plenamente” con su postura.

Viendo esto, expresó la Fundación Simón Yévenes “el abogado querellante, en consideración al interés superior de sus representados y el más genuino sentido de justicia para las víctimas de esta tragedia (sumado a) la incomprensible postura de algunos parlamentarios de la UDI en esta causa, no tiene otro camino que renunciar indeclinablemente al gremialismo, que ha sido, el que ha motivado durante todo su ejercicio profesional la defensa sin contemplaciones ni temores del respeto por la dignidad y los derechos de los mas postergados”.