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21 de Febrero de 2012Ministerio Público retira 216 testigos del Caso Bombas
La decisión del ente perseguidor surgió la semana pasada, luego que un perito del Labocar de Carabineros reconociera que el informe usado en el juicio tenía una firma que no era la suya, tras lo cual el tribunal ordenó una investigación. Por estos hechos el tribunal le pidió a las partes no eternizar el juicio. De allí que los testigos retirados sean los llamados "marginales", referidos a bombas sin imputado conocido y que fueron usados para probar la asociación ilícita, delito que echó abajo la Corte en 2011.
El Ministerio Público retiró esta mañana a 216 testigos durante el juicio oral que se lleva por el caso bombas.
La decisión del ente perseguidor apuntó a una serie de testigos llamados “marginales”, que prestarían testimonio por hechos donde no existe un imputado conocido en la colocación de artefactos explosivos.
Estos mismo testigos, además, eran usados por la Fiscalía el año pasado para acreditar el delito de asociación ilícita en la mega acusación presentada por el ex fiscal regional sur Alejandro Peña, ilícito que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó fuera el caso a 8 personas. Actualmente, el juicio se sigue en contra de seis acusados.
De esta manera, el Ministerio Público, la cartera de Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes particulares, se allanaron a una recomendación del Tercer Tribunal Oral para que el juicio no se alargue innecesariamente, porque la proyección apuntaba a octubre de 2012.
En el caso de los defensores de los acusados, el único que se opuso a tres testigos que habían sido liberados fue Miguel Soto Piñeiro, quien representa a Fco Solar, debido a que los números de individualización no correspondían a la lista que manejaba, lo que acogido por el tribunal.
La recomendación del juzgado a los intervinientes, surgió la semana pasada, luego que un perito del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), declaró que la firma en el informe planimétrico presentado en el juicio -referido a la muerte del anarquista Mauricio Morales ocurrida en 2009 tras colocar una bomba en la Escuela de Gendarmería- no era la suya.
El juzgado, en esa oportunidad, estimó que el hecho podía constituir caracteres de delito y ordenó a la Fiscalía Regional Occidente que inicie la va investigación. El mismo hecho se produjo el viernes pasado cuando un efectivo del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) también reconoció que la firma tampoco era la suya. En esta oportunidad la indagatoria quedo en manos del ente perseguidor de la zona oriente.
