CDE se querella en el caso La Polar

CDE se querella en el caso La Polar

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó, en la más estricta reserva, una querella criminal en el caso La Polar que publica en exclusiva The Clinic Online. El libelo, firmado por la abogada procuradora fiscal de Santiago, Irma Soto, apunta a la venta de la base de datos de los imponentes del Instituto de Previsión Social (ex INP) a la firma el retail. Esta le permitió incluir como clientes, incluso, a personas fallecidas y a los vivos que no tenían capacidad de crédito. El CDE eligió el delito de "revelación de secreto" contra quienes resulten responsables, basándose, entre otras, en la declaración prestada ante el fiscal José Morales por la ex empleada de La Polar, Rosario Albornoz. La mujer aseguró que la adquisición de la base de datos se produjo en 2005, "esto en el marco de las prácticas irregulares de la empresa investigada", se lee en el libelo. Formalmente la entrega de los datos ocurrió el 4 de octubre de 2004 cuando el entonces director del INP, Ernesto Evans, firmó con la empresa Comercial Siglo XXI S.A. La Polar un acuerdo para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito. La contraparte fue nada menos que el entonces gerente general Pablo Alcalde. "El objetivo del convenio era establecer descuentos especiales para los pensionados del INP en el precio final de las compras realizadas en la multitienda y obligaba a los pensionados que querían hacer efectivos los beneficios de descuentos a mantener una tarjeta de crédito para compras al contado y crédito, la que estaba asociada a una cuenta abierta y operativa sólo para el pensionado y hasta la muerte del titular", señala la acción legal. Hay que recordar que Alcalde pasó años después a fungir como presidente del directorio de la firma del retail y cayó en desgracia en junio de 2011 cuando se descubrió que La Polar repactaba las deudas de sus clientes de manera ilegal y sin su consentimiento. Actualmente, Alcalde se encuentra formalizado por infracciones a la Ley de Bancos, de Valores y por el delito de lavado de dinero. Junto a él y por los mismos delitos, lo están los ex gerentes Julián Moreno y María Isabel Farah. Todos se encuentran en prisión preventiva desde que la Fiscalía Centro Norte les imputara los cargos. Sin huella El ofrecimiento de La Polar a los pensionados tenía quizás un lado positivo, salvo por un detalle, porque "en ninguna de sus partes, el convenio importaba el traspaso de información de los afiliados al INP ni menos la venta de esa información a la empresa La Polar", continúa el relato del CDE. De esta manera lo que hizo La Polar fue abultar sus estados financieros con información falsa, los mismos que eran entregados a instituciones como la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, a la Bolsa de Comercio y al mercado en general. Otro detalle que revela la querella en torno al chanchullo del INP con La Polar, es que el convenio, como no generaba gastos para la institución estatal, no pasaba por la toma de razón de la Contraloría. Es decir, no dejó huella alguna. En todo caso, dicho acuerdo terminó formalmente en 2006. Crédito en la tumba En tanto la misma testigo, aseguró que tomó conocimiento del tema no sólo porque trabajaba en La Polar, sino porque su madre recibió una llamada de la multitienda, indicándole que tenía un crédito aprobado por $ 120 mil, en circunstancias que nunca lo había solicitado. La mujer comprobó el hecho ingresando a la base de datos de La Polar a la que tenía acceso y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que su padre, ya fallecido, también tenía un crédito aprobado. Pero había más. Albornoz ingresó los números de cédula de dos de sus tías, también fallecidas y -¡Oh, sorpresa!- tenían crédito aprobado por La Polar. En la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte fue interrogada Alejandra Contardo, quien era la secretaria de Manuel de la Prida, ex subgerente del área de Captación, confirmando la compra de la base de datos del INP. Contardo además aseguró que las personas que intervinieron en el negocio habrían sido el propio gerente de productos financieros, Julián Moreno y de la Prida. Buceo cibernético El CDE solicitó una serie de diligencias para acreditar la compra de la base de datos. Entre ellas está el despacho de una orden de investigar a la PDI para que se pericien los computadores del Departamento de Cobranzas de La Polar; que se cite a declarar a de la Prida y Moreno, como también a la jefa del área de captaciones Jimena Sepúlveda, quien utilizó el sistema. Otra de las pesquisas solicitadas por el organismo es que se acredite el número total de afiliados que pasaron a La Polar durante la vigencia del convenio, esto es entre el 4 de octubre de 2004 hasta el 30 de octubre de 2006. Esta no fue la única vez que La Polar usó de manera trucha una base de datos gubernamental. Lo hizo también con Fonasa, hecho por el cual también se instruye una investigación. Lee el documento:
Comentarios
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