El viernes 16 de diciembre de 2011 dejaron plantado al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Ese día sesionó por segunda vez el Consejo Nacional de Seguridad Pública, equipo convocado para debatir estrategias antidelincuencia, sin el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien ese mediodía presidió el Consejo Nacional de Fiscales Regionales.

La no presencia de Chahuán, quien se excusó a última hora, dejó con un cuello de metro y medio al titular de Interior, provocó un karaoke dedicado en las fiestas de fin de año en La Moneda y le puso más gasolina a la polémica que mantenía desde varias semanas el oficialismo versus el Poder Judicial y el Ministerio Público por el aumento en las cifras de delincuencia, la batalla que se supone ganaría la administración Piñera.

“Me hubiera encantado poder haber ido, pero tengo la obligación legal de presidir este Consejo, que está citado hace más de cuatro meses”, dijo Chahuán consultado por su ausencia en la casa de gobierno, una declaración que irritó al jefe de Gabinete.

“El Fiscal Nacional ha equivocado el camino cuando se resta de una reunión de carácter nacional. Esta no era una reunión social, el Consejo Nacional de Seguridad es una instancia a la que hay que concurrir por obligación legal. El Fiscal Nacional en ejercicio debe asistir al consejo por ley”, dijo entonces, visiblemente enojado, el brazo derecho del Presidente.

No más karaoke

Sin embargo, Hinzpeter estaba errado. El ministro no tenía ni tiene recursos legales para obligar a Chahuán a asistir a su actual oficina, tal como lo dijo el Fiscal Nacional ese día. Pero eso podría cambiar.

Ayer por la mañana, diez diputados del oficialismo ingresaron un proyecto de ley –sin urgencia- llamado “Reforma constitucional que obliga al Fiscal Nacional a concurrir a las reuniones de coordinación con el Ministro del Interior”.

El proyecto, presentado por Iván Moreira, María Angélica Cristi y otros ocho honorables, dice textual que les parece necesario un compromiso real y explícito de las autoridades que forman parte de cada una de las instituciones “lo anterior a partir de gestos concretos e inequívocos”.

Según los diputados, concurrir a cada una de las sesiones que requiera la autoridad, en este caso el cantante aficionado Hinzpeter, es “un gesto mínimo” para coordinar las políticas de prevención y represión de la delincuencia en nuestro país.

Aún cuando los firmantes del proyecto de ley dicen promover “la obligación de cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad Pública a las sesiones y reuniones”, el nombre del proyecto de ley va directamente en alusión a Chahuán y su ausencia en el consejo el 16 de diciembre pasado.

El proyecto, sin embargo, viene a agitar aguas tres meses después del último round y a días que el propio ministro del Interior reconociera el exceso de trabajo de los fiscales. “Ha pasado bastante tiempo desde que el Ministerio Público se creó. Han aumentado sus cargas de trabajo y para nosotros la delincuencia es un objetivo prioritario”, dijo.