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Poder

5 de Junio de 2012

Daza y Horvath, la dupla que derribó la tesis de Hinzpeter en el caso Bombas

Con la representación de Pablo Morales Fuhrimann, y luego de Francisco Solar Domínguez, el matrimonio de abogados fue el puntal del equipo de defensores que el viernes pasado celebró el veredicto que absolvió a los últimos seis imputados que quedaban del polémico caso. Familiares del senador Antonio Horvath -Valentina es su hija- junto a Morris Farachi han afirmado que seguirán de cerca las investigaciones por la presentación de informes periciales irregulares en el proceso, donde además intentarán que el jefe de gabinete y el ex fiscal Alejandro Peña -en sus calidades de funcionarios públicos- paguen las indemnizaciones por daño moral contra sus defendidos.

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El lunes 2 de mayo de 2011, la bancada de RN cenó en la casa del Presidente Sebastián Piñera. La entonces probable aprobación regional de HidroAysén y los coletazos del caso Kodama tenían al gobierno sumergido en una crisis política y social y eran comentario obligado de la agenda esa noche. Sin embargo, fue otro el tema que incomodó a los asistentes ese día.

Esta es la escena: Mientras miraban las noticias apareció un extracto del programa Tolerancia Cero, que el día anterior había tenido de invitado al joven y hasta ese entonces desconocido abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los acusados del caso Bombas. Luego de ver la nota en televisión, el reclamo de los parlamentarios RN no se hizo esperar. “¿Cómo puede haber gente que defienda a estos terroristas?”.

Al comentario anterior, se le sumaron otros que encontraron eco en varios militantes del partido del presidente, menos en uno. Antonio Horvath, senador por Aysén, que ya estaba medio peleado con el gobierno por la inminente aprobación del mega proyecto hidroeléctrico. Minutos después, Horvath tomó la palabra y dijo enérgico: “La persona que está en la pantalla es mi yerno y mi hija también representa a estos ‘terroristas’”.

A excepción de algunos, la mayoría de los presentes miraron hacia el techo y la conversación no siguió su curso esa noche. Si bien, durante ese mismo día el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, había hecho una presentación sobre el tema en el comité político de los lunes y había pedido a los presentes -jefes de bancada y partidos de la Alianza- refutar el tema en público para ahondar en sus tesis, las críticas por la relación directa de Horvath con los abogados se trasladó a la sede de Antonio Varas y al Congreso.

Aunque en tono de broma, el senador por Aysén ha dicho que Valentina Horvath, su hija, esposa y socia de Daza y Morris Farachi en el estudio de abogados que representó a Pablo Morales Fuhrimann y Francisco Solar Domínguez en ese caso, es “la oveja negra” de la familia y que no le pide permisos ni consejos para tomar una causa, ella por su parte, según un cercano, sí evaluó el costo político que le podría traer a su padre el asumir esa defensa. Valentina, abogada de la Universidad Central, no se imaginó nunca la escena en la comida en casa del presidente Piñera, pero sí que sus clientes podrían traerle más de un problema a su papá.

Daza y Horvath, que se conocieron en la Central cuando él le hacía clases de Derecho Romano, irrumpieron en el caso Bombas cuando llegó a su estudio -“Horvath, Daza y Farachi”- la hermana de Pablo Morales que había sido recomendada por el destacado jurista Miguel Soto (representante en le caso de Candelaria Cortéz-Monroy), quien los recomendó por su conocimiento de derecho penal y porque le había hecho clases a uno de ellos. Luego de evaluar la viabilidad de la defensa y de algunas visitas a la cárcel de Máxima Seguridad, ambos decidieron representar al supuesto líder de la asociación ilícita terrorista responsable de una veintena de bombazos en la capital.

De las arrepentidas

Si bien Valentina ha reconocido haber trabajado por la campaña presidencial del 2010 de Piñera en Aysén durante la primera y segunda vuelta, públicamente se definió como parte del grupo de “los arrepentidos”. En esa misma nota en el diario el vespertino La Segunda dijo también que había formado parte de ese grupo como independiente y liberal.

En los medios de comunicación, su participación “mediática” en el caso Bombas coincidió con la aprobación de HidroAysén en la úndecima región, justo después que su padre había aparecido criticando el visto bueno al proyecto hidroeléctrico y a dos semanas de la primera entrevista de Daza en Tolerancia Cero.

Valentina no ha tenido la figuración de su esposo -quien volvió a intervenir este domingo en el programa de Chilevisión tras el veredicto del viernes pasado-, pero a través de los mismos medios ha criticado directamente al ministro del Interior por su rol en el caso Bombas y en privado por el nulo apoyo que ha tenido su padre después de un atentado en la zona que representa y que terminó con una residencia incendiada en abril pasado, ya terminado el conflicto en Aysén en el que el parlamentario tuvo un rol preponderante.

La crítica tiene que ver con que no ha habido ningún interés de apoyar la investigación del caso desde el Ejecutivo o la tienda liderada por Carlos Larraín, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, como en el mismo caso Bombas o el de los supuestos atentados incendiarios en enero de este año en la región del Biobío.

En ese caso, Daza tomó la representación de su suegro y ha denunciado -sin mucho éxito- la intervención de terceros en el incendio que consumió más del 70% del inmueble de Horvath y por el cual sólo se ha sindicado como responsable a un supuesto “pirómano”.

Los otros casos de HDF

Daza, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal junto a su esposa, ha aparecido en varios casos de relevancia mediática. Años antes, ambos defendieron a Aarón Vásquez Muñoz, el joven condenado por asesinar con un bate de béisbol al ciclista Alejandro Inostroza en octubre de 2006. Vásquez actualmente cumple reclusión bajo un régimen semicerrado en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Tercera Región, aunque sus padres fueron condenados hace poco al pago indemnizatorio por 150 millones a la familia de la víctima.

Junto a eso, Daza además ha sido requerido por los medios por la representación que lleva de Francisco Javier “Fra Fra” Errázuriz, por los casos de supuesta trata de personas y anteriormente por las desapariciones de jóvenes en el llamado “Caso Aysén”, el conflicto entre Agrosuper y los vecinos del lago Rapel y la defensa de Delia del Gatto en el marco del caso Spiniak.

Además, ha intervenido en asesorías parlamentarias durante la tramitación de la Reforma Procesal Penal y tuvo la representación de Pablo Lorenzini cuando se cursó una petición de desafuero en contra del parlamentario por injurias graves y calumnias contra el ex ministro de Obras Públicas, Javier Etcheverry.

En el caso Bombas, el estudio HDF tuvo también la representación de Francisco Solar Domínguez, uno de los acusados por elaboración y colocación de artefactos explosivos en los atentados que integraban la indagatoria, que primero era defendido por el abogado Héctor Salazar.

Solar cambió de representación por Morris Farachi, el tercer socio del estudio, una vez que, tal como reveló en este medio en mayo del año pasado, tanto él como su familia recibieron el ofrecimiento para inculparse a cambio de su libertad inmediata por parte del ex fiscal Alejandro Peña cuando éste lideraba la investigación.

Presión mediática

A la presión que recibió el senador Horvath desde su tienda y la Alianza, los abogados del estudio HDF también lidiaron con las interpretaciones de la prensa durante el caso. El 10 de septiembre de 2011 apareció una carta enviada por Daza y Horvath a La Tercera donde desmentían una información publicada en ese y otros medios sobre una reunión entre los defensores y el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán.

Según la publicación, en la cita a la que asistieron varios de los abogados defensores de los 14 inculpados en el caso Bombas, ellos le habrían pedido una “salida alternativa” al juicio oral a través de la anulación de la audiencia de preparación. En esa misiva, Daza y Horvath aclararon que no había pedido dicha reunión y que tanto ellos como las demás defensas no solicitaron ninguna anulación.

De hecho, en ese entonces la audiencia de preparación ya llevaba una cantidad importante de pruebas excluidas, de las más de 4 mil que fueron descartadas en esa instancia. De lo contrario, según algunos defensores, la cita habría sido pedida para anular el juicio al ver que ya en esa época la investigación venía en declive y se veían pocas opciones de probar la bullada asociación ilícita terrorista.

Por ahora, la defensa está a la espera del fallo que se conocerá el próximo jueves 2 de agosto para iniciar una nueva fase en la que buscarán que el otrora hombre fuerte, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Peña, a los que han criticado duramente por los medios, respondan personalmente y no el Fisco con las indemnizaciones hacia los imputados por los daños morales sufridos durante el proceso.

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