Justicia suma condena de tres años a Álvaro Corbalán por torturas a diputado Aguiló

El ministro de fuero Alejandro Solís condenó a dos jefes y cuatro ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por el delito de torturas en contra del diputado Sergio Aguiló Melo, delito ocurrido en diciembre de 1981.

El magistrado determinó sancionar al ex jefe operativo del organismo, el mayor en retiro del Ejército, Álvaro Julio Corbalán Castilla a 3 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, junto al ex jefe de brigada, Roberto Schmied Zanzi, también a similar condena.

Además el ministro Solís sentenció a los ex agentes como autores de los apremios ilegítimos Alejandro Morel Concha, Manuel Gallardo Sepúlveda a 3 años de presidio, también con el beneficio de la libertad vigilada y a Carlos Contreras Ferrada junto a Sergio Díaz Lara a 61 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional.

La investigación determinó que: “la Central Nacional de Inteligencia (CNI) fue creada por Decreto Ley N° 1878, el 13 de agosto de 1977 y sucedió a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), recibiendo de ésta su personal y patrimonio, con la función genérica de “mantener la institucionalidad vigente”. De acuerdo al artículo 1° fue definida como un “organismo militar especializado de carácter técnico profesional”, pero la función significativa de la CNI era la propiamente operativa, consistente en una actuación directa contra miembros de las agrupaciones de izquierda. Contra éstas se dirigían acciones de infiltración, seguimiento, detenciones, torturas y represión armada. Para desarrollar todas estas labores sus agentes, por órdenes de sus Jefaturas, actuaban bajo nombres falsos, no revelando sus identidades ni aún ante los Tribunales de Justicia. Actuaban en los hechos sin sujeción a norma alguna, con facultades ilimitadas de desplazamiento y medios operativos. En Santiago, la CNI funcionó en numerosos recintos, en su mayoría clandestinos. Los más conocidos fueron los de Avenida República N° 517, donde se instaló el Cuartel General y de Borgoño N° 1470, lugar en que se mantuvo a muchos detenidos que fueron sometidos a torturas y varios murieron”.

La sentencia consigna que “los métodos de represión la CNI mantenía una doble metodología cuando se trataba de acciones de represión política o contrainsurgencia. Por una parte se aprehendía a sospechosos, sin orden administrativa o judicial alguna o bien se practicaba arrestos que se reconocían y en muchos casos se empleaban órdenes de detención fundadas en Decretos exentos firmados en blanco y se ponía los presuntos implicados a disposición de Fiscalías Militares. Durante este período la CN practicaba la tortura en forma sistemática, como lo reconocen los mismos agentes en dichos precedentes. Los principales métodos de tortura continuaron siendo, como en la época de la DINA, el empleo de electricidad en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de asfixia. En muchos casos se amenazaba con detener y torturar a miembros de la familia, al cónyuge del detenido y a sus hijos menores” apunta el escrito dado a conocer este miércoles.

Además, sostiene la resolución que “en estos recintos se desempeñaban agentes del Estado quienes, ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en los lugares que tenían destinados para ello, doblegándolos bajo tormentos físicos de variada índole con el objeto de hacerles entregar información sobre otras personas de ideología semejante para también aprehenderlas o para hacerles confesar ilícitos que no habían perpetrado”, detalla el veredicto.