Hijo de ex ministra de Educación Mónica Jiménez lleva dos meses prófugo por fraude al Fisco

Más de dos meses y medio lleva prófugo el hijo de la ex ministra de Educación Mónica Jiménez de la Jara, Fernán Barros Jiménez, quien tiene una orden de detención por una investigación de Fraude al Fisco durante los años 2008 y 2009 en la municipalidad de Las Cabras, en la sexta Región.

Como representante legal de la empresa de Transportes Supply Ltda. el hijo de la célebre receptora de un jarrazo de agua en julio del 2008, ocupó su empresa para captar y recaudar dinero de permisos de circulación para esa comuna en sus oficinas de Providencia y recibió más de 35 millones de pesos por una licitación de promoción turística para Las Cabras, adjudicada a dedo por petición del alcalde de la comuna, Jaime Fabia Reyez, y que nunca se realizó.

El fraude, delito por el cual se querelló la municipalidad con patrocinio del Consejo de Defensa del Estado, incluye al secretario municipal de esa comuna, Juan Carlos Benavides Vargas, y al alcalde Fabia, quien paralelamente tiene una causa en el tribunal electoral de la región de O’Higgins por la que podría ser removido y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Algo así como el escándalo de Arica.

Permisos para Las Cabras

El caso comenzó con la querella presentada por el abogado Sergio Del Río en representación de la municipalidad de Las Cabras por un cheque protestado por 16.580.524 pesos. El cheque estaba girado a nombre de Supply Ltda., empresa de la que es dueño y representante legal Fernán Barros Jiménez, hijo de la ministra. El documento fue protestado por incumplimiento de contrato y además tenía registrada una dirección inexistente en el banco del cual provenía.

Por esta razón el 27 de diciembre de 2010 se interpuso la querella por estafa, la que decantó en una investigación de la Brigada de Delitos Económicos de Rancagua. En las diligencias realizadas por la PDI, los funcionarios de la municipalidad de Las Cabras reconocieron la participación de Barros en la captación de permisos municipales para esa comuna desde Santiago, algo ya penado por la ley.

Varios de ellos señalaron que ese cheque en particular era para pagar los permisos de circulación de 126 vehículos, los que fueron verificados y aprobados en su momento por el departamento de Rentas. Incluso, parte del personal del municipio que prestó declaración reconoció viajar a Santiago, a las oficinas de la Supply, recibiendo viáticos de la municipalidad por el traslado. Por esta razón, la Contraloría Regional determinó que se pagaron 4.488.378 pesos, sólo en viáticos.

Hasta esa oficina, ubicada en Almirante Riveros nº15, tercer piso letra C, se dirigían varias automotoras a adquirir los permisos de circulación que después integraban en el paquete de venta de esos mismos vehículos y desde donde se recaudaba el dinero de ellos. De esta forma, Barros Jiménez luego giraba cheques a nombre de Supply a 30 o 45 días para la municipalidad.

Además, en ese mismo contexto la investigación reveló que Supply pagó otro número de permisos de circulación con un cheque girado por “Importadora Poonam Ltda.” por 1.671.920 pesos que tampoco llegó a destino. Pero el fraude propiamente tal no estaba en la captación ilícita de permisos de circulación.

Turismo mula

A fines de enero de 2009, la misma empresa del hijo de la ex ministra Supply Ltda. se adjudicó una licitación pública por “Servicio de Difusión Turística” de la comuna por la que se pagaron más 35 millones de pesos. La idea de la comuna era reimpulsar el alicaído turismo en el Lago Rapel, luego del cierre que sufrió tras detectarse contaminado pocos meses antes de esa temporada estival.

Según constata la investigación, Supply Ltda. nunca hizo la difusión por la que fue contratada, que constaba en folletos y promoción del lago, pero el dinero de esa licitación igual fue pagado a la empresa de Barros en tres cheques, presuntamente para pagar las comisiones por el dinero recaudado por los permisos de circulación.

En este punto, el también querellado por fraude Juan Carlos Benavides, secretario municipal de la municipalidad de Las Cabras, reveló que la adjudicación de la licitación -a la que sólo se presentó Supply Ltda.- la realizó por orden directa del alcalde Fabia.

El trabajo para ello debía realizarse en el mismo domicilio de Supply Ltda., pero la investigación arrojó que en esa dirección sólo funcionaba la captación de los permisos de circulación. De este hecho, el alcalde Fabia tuvo pleno conocimiento, por lo que la fiscalía pidió suspenderlo de sus funciones hace un par de meses, aunque el tribunal no concedió esa petición por aún faltar la declaración de Barros.

El 2 marzo del año pasado se notificó a Barros Jiménez de la investigación y se le pidió concurrir a dar declaración voluntaria el 07 de marzo siguiente. Barros dijo que sí vía telefónica, pero no llegó por lo que se emanó una orden de citación compulsiva en su contra pedida por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peumo.

Prófugo

A la fecha, Barros Jiménez todavía no ha aparecido. Para peor, el 17 de mayo del año pasado, el informe de la PDI determinó que Barros era responsable de los hechos aunque no hubiera sido entrevistado y sugirió a la fiscalía expedir la orden de detención.

Además, la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el alcalde Fabia incluye un caso en el que más de 236 millones de pesos correspondientes a recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) fueron destinados a otros gastos del municipio.

Junto a eso, el alcalde de Las Cabras tiene una investigación en desarrollo en el tribunal electoral de la sexta Región, por la que arriesga perder el cargo y quedar inhabilitado para las próximas elecciones.

En Las Cabras, la gente ya está enterada de ésta y otras peripecias de su alcalde. En Internet hay varias noticias que dan cuenta de ello e incluso circula una imagen photoshopeada de un gato con una corona y la cara del alcalde bajo la leyenda “El Rey de los gatos de campo”.

Junto a eso, en agosto del año pasado se cursó una orden detención contra él por no acatar un fallo judicial que le ordenó pagar el sueldo a un profesor de un colegio de la zona. Además, se le realizó un sumario administrativo por el choque que tuvo su pareja en un vehículo municipal y en abril pasado fue formalizado por chocar con otro vehículo municipal, huir del lugar y dejar abandonado el vehículo con las llaves puestas.

The Clinic Online intentó comunicarse con Fernán Barros, pero éste no contestó en ninguno de los teléfonos incluidos en la carpeta de investigación, tanto personales como de Supply Ltda. Desde enero de este año, la empresa no está en ninguno de sus domicilios ingresados: en Almirante Riveros, Providencia, ya no funciona ninguna de las empresas de transporte turístico que él representaba y en la inscrita en el banco de Chile, ubicada en Cerrillos y desde el cual giró el cheque protestado de 16 millones que dio inicio a toda la investigación, sencillamente no existe.

A eso se suma que varias veces ha sido invitado como testigo a declarar en la causa del tribunal electoral, vía carta simple y carta certificada, las que han vuelto a las oficinas del tribunal cerradas y con el lema “se cambió”. En el teléfono de ese hogar nos confirmaron que Barros no vive ahí hace ya mucho tiempo.

Por otra parte, en estos días la ex ministra de Educación estaría siendo notificada de esta situación. Por ahora no hay información del paradero de Barros, pero éste no habría salido aún del país.