Funcionario del Juzgado de Policía Local de Talca la cortaba con cincel

Imagen referencial

Un monto de 2 millones 526 mil pesos logró obtener el imputado Iván Cofre Vergara mientras ejerció como funcionario en un juzgado de policía local de Talca, por los cobros que realizaba a diversas personas que llegaban a ese tribunal a cancelar multas, dejándolas sin efecto a cambio de dinero por su gestión.

El sujeto, luego de que la Fiscalía Local formulara cargos en su contra por el delito de cohecho, quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante la fiscalía mientras se cumplen los seis meses de investigación.

El ex empleado público en un par de ocasiones no actuó sólo, ya que operó junto a otro compañero de trabajo, quien hoy no se presentó al Juzgado de Garantía de Talca, siendo ordenada su captura.

Las diligencias ordenadas por el Ministerio Público permitieron aclarar que Cofré estuvo involucrado en un total de 39 delitos de cohecho, ocurridos entre marzo del 2010 y mayo del 2011. En todos ellos el imputado cobró sumas de dinero que van desde los tres mil ($3.000) a los doscientos mil pesos ($200.000) dependiendo de la infracción que se cometía.

Al respecto la fiscal a cargo de las indagaciones, Paula Rojas, dijo que “se trata de la atención a infractores de conocimiento del Segundo Juzgado de Policía Local, que eran atendidos por uno de ellos o por ambos, en la cual los infractores el día de la citación los funcionarios le solicitaban dinero a fin de que el procedimiento concluyera, no llegara más adelante o no fuera objeto de la sanción que la ley provee”.

Se espera dentro de los próximos días, la formalización de cargos en contra del segundo ex funcionario del tribunal y de todas las personas que se prestaron para la comisión de este ilícito, es decir, los propios afectados que fueron multados en primera instancia ya que ellos también son parte del delito de cohecho al pagar para dejar sin efecto una infracción. Dos de ellos ya fueron formalizados esta mañana por haber cancelado la suma de diez mil pesos cada uno al otrora empleado judicial, quedando ambos sin medidas cautelares y a la espera del término de la investigación.