Caso CNA: Bitar responsabiliza a la Alianza por sistema aprobado en el gobierno de Lagos

Tras el reciente envió de un proyecto de ley para mejorar el sistema de acreditación, el ex ministro de Educación, Sergio Bitar, aseguró que “gran parte de las debilidades” de la institucionalidad que se aprobó el 2006 es “responsabilidad de la oposición de derecha de entonces”.

“Para facilitar la discusión parlamentaria y supervisar que los parlamentarios de derecha voten ahora a favor de lo que antes rechazaron, es útil realizar la comparación entre el proyecto que se anuncia ahora y el enviado al Parlamento en abril de 2003, durante el gobierno del presidente Lagos. Curiosamente, ahora el Gobierno de Piñera muestra grandes coincidencias con lo que entonces rechazó”, recalcó.

Según explicó el ex secretario de Estado, los diputados y senadores de la Alianza le deben una explicación al país, ya que fueron los autores de muchas de las 798 indicaciones que terminaron por cambiar en forma y fondo el proyecto presentado por el gobierno de Ricardo Lagos.

“La oposición de entonces no quiso inicialmente aprobar la idea de legislar y se manifestó en contra de que el Estado asegurara la calidad. La filosofía era que el mercado regularía y las familias podrían elegir. Entonces los parlamentarios de la Alianza exigieron, para aprobar, una reducción de las atribuciones de la nueva Comisión Nacional de Acreditación”, destacó.

Bitar recordó que la Alianza, “temerosos del rol que el Estado podría jugar en un sector hasta entonces débilmente fiscalizado por la institucionalidad legada por la dictadura”, introdujeron varias modificaciones al proyecto original.

El ex ministro detalló que una de ellas fue la modificación “en forma drástica” de la manera que serían nombrados los miembros de la comisión, rechazando la propuesta del Ejecutivo de que todos fueran designados por el entonces presidente de la República.

A cambio, agregó, la derecha postuló un sistema más corporativo, en el que todas las partes interesadas tuvieran capacidad de nombrar a consejeros, quienes en la práctica han operado como “representantes y defensores de sus instituciones más que de la calidad del sistema”.

“Las restricciones impuestas al Estado, a través de una CNA que finalmente fue muy distinta a la propuesta el 2003, dejaron al arbitrio de personas con evidentes conflictos de interés, procesos que deben estar guiados por la más absoluta imparcialidad”, advirtió.