El último esfuerzo de la Universidad de Aconcagua para evitar su cierre: buscan por segunda vez su acreditación con la renovación de su junta directiva

La Universidad de Aconcagua (UAC) enfrenta este 2026 un proceso clave para su futuro.

La institución inició formalmente su segundo proceso ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con el objetivo de conseguir por primera vez la acreditación institucional y evitar su cierre.

La acreditación institucional se volvió obligatoria para las universidades autónomas a partir de 2020 y evalúa, entre otros aspectos, sus mecanismos de aseguramiento de la calidad, gestión y estructura de gobierno.

En el caso de la Universidad de Aconcagua, es la última institución del país en completar este proceso.

Esta etapa coincide con una autoevaluación realizada por la casa de estudios el año pasado, y con la reciente renovación de su junta directiva, instancia que ahora estará encabezada por el economista Jaime Duhart, quien ya tiene experiencia en gestión universitaria tanto en este plantel como en la Universidad Bolivariana.

La nueva junta incorpora además a la abogada Verónica Baraona, exsubsecretaria de Justicia y de Minería y exsuperintendenta de Electricidad y Combustibles; a la ingeniera civil industrial Elena Moreno; al abogado Gabriel Reyes, especializado en gobierno corporativo, compliance e innovación; y al cientista político Kamil Hazbún.

La gran apuesta de la universidad por la nueva junta directiva

Según explicó el rector de la UAC, Marcelo Herrera, los cambios precisamente forman parte de las capacidades que la institución busca fortalecer para enfrentar el proceso de acreditación ante la CNA y “enfrentarlo con la mayor solidez posible”.

La UAC ya había enfrentado anteriormente un proceso ante la CNA, pero sin éxito.

Así, este es su segundo intento por conseguir la acreditación institucional, si no deberá seguir el camino que ya enfrentan otros planteles, y concretar su cierre.

“La renovación de nuestra junta directiva representa un paso relevante en el fortalecimiento de la Universidad de Aconcagua, como parte de un proceso de mejora continua y transparente,  a la altura de nuestro propósito formativo y del compromiso que mantenemos con las y los estudiantes y las comunidades”, afirmó el rector Herrera.

El proyecto de más de 30 años que busca por primera vez su acreditación institucional

El proceso de acreditación llega después de varios años de transformaciones para la Universidad de Aconcagua.

Fundada hace más de tres décadas, la institución cuenta actualmente con sedes en San Felipe, Los Andes, Machalí, Calama y Ancud, y ha buscado desarrollar un modelo centrado en llegar a territorios donde históricamente ha existido una menor oferta de educación superior.

Ese despliegue territorial es parte del sello que la universidad busca sostener mientras fortalece sus estándares institucionales, mencionan, con un desafío más allá de la acreditación: demostrar que la estructura y el modelo de gobierno, gestión y aseguramiento de la calidad que buscan implementar es sostenible.

Pero el desafío de la universidad no es menor, sobre todo considerando que la historia reciente de la UAC estuvo marcada por cambios en su control y cuestionamientos relacionados con su administración.

En 2020, la Universidad Bolivariana tomó el control de la UAC, en medio de la compleja situación financiera que atravesaba la institución. Por entonces, la universidad se encontraba bajo el control del empresario Munir Hazbún, quien pasó a quedar vinculado al control de la UAC.

Mientras que en el caso de la Universidad Bolivariana, en tanto, el Ministerio de Educación decretó su cierre el año pasado.

En ese contexto, Hazbún precisamente es una de las figuras que ha sido cuestionada por diferentes aristas ligadas a las universidades.

En esa línea, en 2023 la Superintendencia de Educación Superior inició un proceso sancionatorio contra la institución por operaciones con sociedades relacionadas que no habrían sido informadas de acuerdo con las exigencias correspondientes.

Además, según una investigación de CIPER de la época, había contratos de arriendo y cuentas por cobrar vinculados a sociedades relacionadas con Hazbún, además de operaciones que aparecían en registros de Factop.