Fundación Sol: ¡El trabajo no puede quitarnos la vida!

El lunes 1 de abril, tras 5 días de paralización, los trabajadores de Radomiro Tomic llegaron a un acuerdo con Codelco y reanudaron las faenas. Luego de la muerte de Nelson Barría, aplastado por un desplazamiento de material el 23 de marzo, cruzaron los brazos poniendo en cuestión el sistema de tutela de la seguridad y salud presente en la mina. Gracias a esta movilización los trabajadores lograron sus objetivos: el gerente general de la división, Francisco Carvajal, fue destituido de su cargo y Codelco aceptó que las investigaciones sobre el accidente fatal contemplaran la participación de los trabajadores.

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El lunes 1 de abril, tras 5 días de paralización, los trabajadores de Radomiro Tomic llegaron a un acuerdo con Codelco y reanudaron las faenas. Luego de la muerte de Nelson Barría, aplastado por un desplazamiento de material el 23 de marzo, cruzaron los brazos poniendo en cuestión el sistema de tutela de la seguridad y salud presente en la mina. Gracias a esta movilización los trabajadores lograron sus objetivos: el gerente general de la división, Francisco Carvajal, fue destituido de su cargo y Codelco aceptó que las investigaciones sobre el accidente fatal contemplaran la participación de los trabajadores.

Se reanudó la producción y todo parece volver a la normalidad. El peligro es que, nuevamente en unos meses más, volvamos a hablar de accidentes fatales cuando otra tragedia ocurra y nos olvidemos de Nelson y de sus compañeros de Radomiro Tomic. De esta forma, las muertes en el trabajo se transforman en eventos puntuales, aislados, en excepciones a la regla.

La verdad, sin embargo, es que el accidente fatal en Radomiro Tomic no es un hecho aislado. El jueves 28 de marzo, los mineros de la provincia de Petorca marcharon para denunciar que en la zona, suman 13 accidentes fatales desde el anuncio de “nunca más” de Piñera y Golborne, tras el accidente de la minera San José. Solo en el último mes, el 10 de marzo había muerto Juan Pedro Pinto, trabajador contratista de la minera La Patagua y el 23 marzo Jaime Enrique Valencia, al interior de la minera Can Can. Junto con Nelson Barría de Radomiro Tomic, fueron 3 los trabajadores de la minería chilena fallecidos en el transcurso de 2 semanas.

El problema es particularmente grave para un sector que, como ya se señalaba en 2010 luego del accidente de los 33, presenta una tasa de mortalidad por accidentes del trabajo superior a los otros sectores. En 2010 murieron 45 personas, en 2011 fueron 29 y en 2012, 25 personas: las cifras bajan, sin embargo, revelan que en promedio casi 3 trabajadores mineros cada mes pierden su vida por culpa de accidentes sufridos durante el trabajo.

Si consideramos las cifras globales, la OIT informa que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y también cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. Más que eventos aislados seguimos viviendo lo que Carlos Marx definió como un “genocidio pacífico”, una matanza que pasa desapercibida y casi “naturalizada”, como una necesidad de los ritmos de producción.

En el fondo, aquí está el problema esencial: el valor que reconocemos al trabajo y su impacto en la salud humana, contradicción insanable para nuestra sociedad de capitalismo avanzado. Reducido a pura mercancía, el trabajo enferma y mata.

En el caso del accidente de Radomiro Tomic este aspecto era evidente. “Son cuantiosos los recursos que dejamos de generar” informaba Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, destacando el daño económico provocado por la paralización. Efectivamente, el impacto económico de la movilización no fue menor: solamente durante los primeros dos días de paro Radomiro Tomic dejó de producir 1.700 toneladas de cobre fino, las que están avaluadas en cerca de $6 mil millones.

Frente a la indignación y a las protestas por la muerte de un trabajador, se levanta la dura necesidad de los cálculos económicos, de la compatibilidad de los balances, del equilibrio entre costos y ganancias. Frente a los intereses de la empresa, nos olvidamos que detrás de esos números hay gente que trabaja, que vende su fuerza de trabajo y se pone a disposición de órdenes y mandos ajenos, a cambio de un sueldo necesario para vivir y que tiene sus propios intereses como por ejemplo, defender su bienestar físico y mental. Y es legítimo, además, que decidan recurrir a medidas extremas, como paralizaciones o huelgas, para sostener esos intereses.

A este propósito, la posición de Codelco ha sido firme: “Debemos ser claros que dichas medidas de fuerza, además de ser ilegales, no tienen ninguna justificación”. Estas palabras encajan perfectamente en el modelo autoritario de relaciones laborales chileno, en el cual la huelga no puede ser utilizada fuera del contexto de negociación colectiva. De hecho, a diferencia de la mayoría de los otros países, la tutela de la seguridad y de la salud no es considerada en Chile un motivo adecuado para su utilización.

En este contexto, el trabajo y sus intereses de completo bienestar físico, mental y social, quedan silenciados y mercantilizados, a merced de los vaivenes bursátiles, de la conmoción pública y de la trágica resignación de que “mientras no se produzca un accidente masivo como el de los 33, la verdad es que ni a las autoridades ni a nadie le importan las condiciones en que trabajan los mineros en Chile. Esa es la verdad”.

Estos acontecimientos, sin embargo, nos deben empujar a pensar distinto. Durante la década de 1970 los trabajadores italianos crearon una consigna muy significativa que pronto se difundió en toda Europa y en el mundo: “la salud no se vende”. En el fondo, esas palabras significaban rechazar un enfoque que priorizaba la adaptación de la salud a las exigencias de la empresa, para afirmar la visión que la salud de los trabajadores no era un bien negociable.

Desde ese punto de vista, los trabajadores tenían que dejar de delegar las decisiones y evaluaciones en materia de salud a los expertos y técnicos, para asumir directamente la responsabilidad de controlar y decidir sobre sus propias condiciones. De esta manera se sentaban las bases para una acción que apuntaba a transformar los ambientes de vida y de trabajo, adaptándolos a las exigencias e intereses de los trabajadores.

Mirar al pasado sirve para entender que es posible otra manera de hacer las cosas. Sobre esta base, deberíamos volver a pensar en una renovada acción sindical y social de la salud, que sepa inventar y proponer nuevas herramientas a partir de la iniciativa directa de los trabajadores. Solo de esta forma nuestro bienestar físico y mental dejará de depender de los intereses de empresas y mercados, y el trabajo será fuente de desarrollo y no de muerte.

c Patrizio Tonelli es Investigador Fundación SOL: @lafundacionsol

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