Columna de Luis Cordero Vega: Más que jueces y fiscales

Una organización criminal puede constituir una empresa en un día, abrir un negocio de apariencia lícita, obtener su iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, sacar una patente municipal, acceder a los medios de pago del sistema financiero e, incluso, contratar con el Estado. Todo eso, a vista y paciencia de la institucionalidad, antes de que intervenga ningún fiscal o policía. Ahí está uno de los puntos ciegos de nuestra gestión en seguridad.

En una columna anterior expliqué por qué Chile atraviesa un ciclo legislativo sin precedentes en materia de seguridad, que no sólo aumentó penas y buscó más eficiencia en la persecución penal, sino que transformó profundamente el Estado y, en especial, la Administración Pública. Pero ese esfuerzo comparte un límite con todo el enfoque tradicional, descansa en una lógica esencialmente retrospectiva. El sistema penal actúa sobre hechos que ya ocurrieron, para investigarlos en un tiempo prudente y sancionar a los responsables.

Por eso, en plena etapa de implementación simultánea de las normas del ciclo de seguridad, la pregunta decisiva es cómo construir una dimensión prospectiva, es decir, evitar que muchos de estos ilícitos lleguen siquiera a ocurrir. Paradójicamente, la respuesta no depende tanto de fiscales y policías, sino de que diversos organismos de la Administración pública actúen de manera integrada.

La razón es que las economías ilícitas funcionan como empresas que optimizan sus negocios y, para hacerlo, dependen de la arquitectura legal, la misma que les entrega permisos, patentes, cuentas y contratos. Antes de esconder o blanquear sus ganancias, necesitan que el Estado, sin advertirlo, les abra esas puertas.

¿Qué hacer entonces? Dotar a los organismos de la administración nacional, regional y local de herramientas para anticiparse, es decir, evaluar el riesgo de actividades en apariencia lícitas que sirven para ocultar la acción criminal. Ahí resultan claves autoridades fiscalizadoras de muy diverso orden como el Ministerio de Economía, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Impuestos Internos, la autoridad sanitaria, las Direcciones de Obras y las Direcciones de Rentas municipales. La constitución de empresas en un día con ciertos fines, la concentración de permisos municipales de determinadas actividades en barrios específicos o la gestión de medios de pago para comercios diversos son señales que pueden analizarse de forma integrada, y no meramente parcial.

El referente existe. En la Unión Europea, la European Network on the Administrative Approach ha permitido a distintos países integrar información y analizar los sectores más expuestos, compartiendo buenas prácticas de decenas de iniciativas de enfoque administrativo. Entre las más conocidas están el otorgamiento y la revocación de permisos, licencias y contratos en Países Bajos y Bélgica, el Código Antimafia en Italia y el modelo de operaciones administrativas conjuntas en Suecia.

Las redes criminales dependen de la infraestructura legal y económica para operar, y muchas veces es el propio gobierno local el que, al emitir un permiso o adjudicar un contrato, facilita involuntariamente esa operación. El objetivo del enfoque administrativo es cerrar esa puerta y proteger la integridad y la credibilidad del sector público.

A diferencia de las herramientas de la justicia penal -en que algunos condenados lo asumen como un riesgo laboral-, el enfoque administrativo interrumpe y desmantela el modus operandi del negocio criminal con los instrumentos ordinarios de la Administración. Una sanción administrativa suele paralizar un negocio ilícito mucho más rápido que un largo proceso penal. Se trata de usar el poder regulatorio que la Administración ya posee -sobre todo a nivel local- para volver lo más difícil posible que los delincuentes exploten las estructuras legales.

¿Y Chile? No partimos de cero, porque ya ha habido operativos de fiscalización integrada, aunque más bien reactivos. Lo nuevo es que la implementación del ciclo legislativo permite hacerlo con criterio estratégico. Las leyes aprobadas en los últimos años habilitan un enfoque administrativo de la seguridad como complemento eficaz de la persecución penal, y la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Municipal, el próximo 12 de agosto, es una oportunidad inmejorable para instalar modelos de gestión de este tipo.

Pero aprovecharla exige salir de la trinchera de las demandas al gobierno central y concentrarse en la gestión local de la seguridad pública. De ello depende que estas estructuras no sustituyan el poder del Estado, no corrompan los mercados ni amenacen a la sociedad civil a plena luz del día. Porque prevenir el delito es, muchas veces, menos cuestión de fiscales y policías que de un municipio que sepa a quién le entrega una patente.