La democracia comprada

El 8 de diciembre del año 2012, el presidente de Renovación nacional, Carlos Larraín, declaró en Reportajes de La Tercera que: Lo que los empresarios se ahorran en aportes a la política, lo pagan después en impuestos de primera categoría. Y de aquí a un año y medio, no le vamos a prestar pañuelos a nadie para secar lagrimitas.

Larraín, como nos tiene acostumbrados, nos recordó ese día con total soltura lo que, por razones de legitimidad y estabilidad social, las elites querrían esconder, a saber: en nuestra democracia la relación entre dinero y política determina una considerable sobrerrepresentación de los intereses del poder económico. Así, el objetivo de Larraín en ese punto de su entrevista era recordarle a los empresarios que era (y es) un mal negocio renunciar a la sobre-representación de sus intereses que, fruto de la inversión en política, les permite nuestro sistema democrático. En una frase, para Larraín, y en esto acierta, invertir en política es el mejor de los negocios.

Es evidente que la existencia de mecanismos que convierten el poder económico en poder electoral es un problema propio de cualquier sistema económico que genere las desigualdades de ingresos y poder presentes en las sociedades capitalistas. Pero sin duda el sistema político chileno tiene una serie de características institucionales que hacen de ese traspaso algo más fácil y directo. Entre otros: la concentración de los medios de comunicación (problema incipiente pero grave en la región de Magallanes), la ausencia de control efectivo del gasto electoral, el anonimato de los grandes financistas de campañas, etc.

En el corto tiempo que llevamos de campaña en el marco de nuestra candidatura independiente en Magallanes, hemos visto como ha sido una práctica común, y peor considerada como algo normal, el reparto de canastas familiares, el regalo de cordero para asados, la compra de dirigentes vecinales, etc. Muchos vecinos nos preguntan por qué si otros lo hacen, nosotros no lo hacemos. Así se da la triste realidad que son los mismos electores que a nivel social se ven perjudicados por la relación dinero-democracia, los que legitiman y a cierto nivel exigen este tipo de prácticas políticas.

Por otro lado, son estos electores los que se han ido desencantando de la política al ver cómo año tras año ésta se ha alejado de sus intereses y puntos de vista. Así nos vemos enfrentados a un círculo vicioso donde, por ejemplo en áreas claves como la educación, las políticas emanadas de nuestras instituciones distan del interés de la mayorías; distanciamiento que al ser mediado por diversos mecanismos, como la influencia del dinero en los resultados electorales, no se expresa con igual fuerza en las votaciones para cargos públicos. Sin embargo, en el largo plazo tales éxitos electorales, de los mismos de siempre, solo acentúan el desencanto de la población que no ve en la política ni en la democracia una forma eficaz para solucionar sus problemas.
Este es el mundo donde debemos hacer nuestra política electoral, uno donde la política vive un descrédito generalizado, pero donde finalmente quienes llevan años en diversos cargos de poder se siguen disputando tales cargos sin mayores contratiempos. En este mundo, quienes buscamos desmercantilizar los derechos sociales a través de la lucha democrática (en el plano social y electoral), chocamos con la dificultad de querer realizar esta tarea en una sociedad donde la política también está mercantilizada. La coherencia y profundización de la mercantilización de nuestra sociedad, hace doblemente difícil nuestra tarea.

¿Hay una salida? Por supuesto que la hay (de lo contrario no daríamos esta pelea), pero no podemos vendernos cuentos y creer que es una salida fácil. Por el contrario, será un largo camino de saneamiento y de resignificación de la política. En este camino, la socialización de la política y la politización del mundo social deberán generar los mecanismos que neutralicen el rol del dinero en nuestra democracia. Algo de ello hemos visto en el cambio de paradigma que empezó a surgir en educación desde las movilizaciones del 2011. A su vez, esperamos que en los próximos años se aprueben una serie de medidas que fortalezcan nuestra institucionalidad y que le hagan más difícil la pega a los potenciales receptores del mensaje de Larraín, medidas tales como: el financiamiento público de partidos y campañas electorales; el tope de gasto electoral efectivamente fiscalizado y con fuertes sanciones; y la transparencia total en los aportes financieros medianos y grandes.

Por nuestra parte, y como estamos seguros lo harán otros ex dirigentes estudiantiles y sociales, no renunciaremos a la disputa por una política de programas y contenidos, además de ser plenamente transparentes en lo relativo a cómo financiaremos nuestra campaña. Y cuando cada elector nos pregunte “por qué no regalan lo que regala el resto”, le diremos: acepte las canastas familiares, disfrútela con su familia, pero no renuncie a su derecho de voto libre y consciente, hágalo por sus ideas, recordando siempre que quienes dan canastas familiares, quienes regalan corderos, quienes llenan la calle de sus caras maquilladas sin una sola idea, lo hacen pues les sale más barato pagar por ello, que luego pagar más impuestos que nos permitan vivir en un país en donde todos tengamos los mismos derechos, sin discriminación.

Esperamos que la próxima elección se trate efectivamente de qué país soñamos y cómo pretendemos alcanzarlo, y no de cuánto dinero hay en el bolsillo de candidato. Hacía allá estarán dirigidos nuestros esfuerzos.

*Gabriel Boric, ex dirigente estudiantil y actual candidato a diputado.

Aquí información sobre financiamiento de la campaña Transparencia e ingresos