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Poder

10 de Septiembre de 2013

¿Qué queda del modelo económico de Augusto Pinochet?

Inmediatamente después del golpe de Estado de 1973 que instaló a Augusto Pinochet en el poder en Chile, el general tenía en su escritorio las bases de un nuevo modelo económico.

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El documento, conocido como “El ladrillo”, lo escribieron empresarios y economistas chilenos seguidores de las ideas neoliberales de profesores como Milton Friedman, Nobel de Economía 1976 y futuro asesor del fallecido expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan.

Pinochet incorporó a varios de estos economistas a su gobierno, que fueron conocidos como “Chicago Boys”, ya que varios se habían especializado en esa universidad estadounidense.

Bajo su influencia, los militares chilenos abrieron la economía al exterior, dejando de lado el tradicional camino del proteccionismo y afectando a los sectores económicos tradicionales chilenos, como la agricultura o el sector textil.

“Muchos países latinoamericanos tuvieron dictaduras, pero ninguno implementó un modelo como éste”, le dijo a BBC Mundo Luis Larraín, exasesor del Ministerio del Trabajo de Pinochet. Según Larraín, “fue importante que los militares fueran bichos raros en la sociedad chilena, que no tuvieran tantos lazos con el mundo privado como para que siguieran a estos economistas”, dice Larraín.

“Fue extraño: pese a que los militares chilenos tenían un fondo histórico nacionalista, la Junta Militar de Pinochet apostó a ciegas por un modelo privatizador de la economía”, apunta el politólogo Alfredo Joignant, uno de los autores del libro “El otro modelo”.

País “modelo”

Desde que recuperó la democracia en 1990, Chile ha sido considerado por muchos un país modelo a nivel internacional: una democracia estable de instituciones fuertes y prosperidad económica.

Entre 1990 y 2012, años en los que flaquearon las principales economías del mundo, Chile siguió creciendo y, durante las últimas dos décadas, ha sido uno de los países con mayor crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el mundo.

Pese a las reformas aplicadas en democracia, el modelo chileno se basa en gran medida en las políticas neoliberales aplicadas bajo el régimen militar de Pinochet (1973-1990).

Pero este modelo tiene algunas marcadas sombras. Pese al crecimiento económico, la desigualdad en Chile persiste, y el acceso a las pensiones, la salud y la educación están fuertemente segregados.

Las protestas estudiantiles que se han reiterado desde 2011 apuntaron a algunas de las falencias de este modelo, que hoy se debate en Chile mientras en las librerías proliferan títulos como “El derrumbe del modelo”, “El regreso del modelo”, “Radiografía crítica al modelo chileno”, “Capitalismo a la chilena” o “El Otro Modelo”.

Pensiones Privadas

El sistema, que sus críticos llaman “de ahorro forzoso”, fue creado en 1980 por José Piñera, Ministro del Trabajo de Pinochet, y se impuso sin consulta y de forma obligatoria a casi todos los trabajadores.

Los militares prefirieron mantener un sistema de jubilación aparte.

Según el sistema, los chilenos no pueden retirar sus fondos de las AFP hasta el día que se jubilen, los hombres a los 65 años, las mujeres a los 60. Mientras, las administradoras invierten el dinero, favoreciendo la capitalización de otras empresas.

El monto de la pensión es indefinido, pues dependerá de los años cotizados y de la rentabilidad de los fondos. Sin embargo, en enero de 2013, uno de los consejeros del Banco Central de Chile calculó que el 60% de las personas que cotiza hace 30 años en las AFP recibirá una pensión de US$292, una suma inferior al sueldo mínimo chileno.

Pero la discusión sobre las pensiones es también una discusión sobre el trabajo. “Nunca se reconoce que el mundo del trabajo es precario en el país, hasta que se toca a las AFP”, dice el economista Marco Kremerman, quien ha sido consultor en temas de empleo para la Organización Internacional del Trabajo.

“El sistema de cotizaciones promete un sueño irreal para un mundo irreal del trabajo, y los salarios lo demuestran. Debido a nuestra desigualdad, la mejor manera de ver los salarios en Chile es a través de la mediana, y eso muestra que el 50% de los trabajadores gana menos de 251 mil pesos (US$496). Imaginen sus cotizaciones”.

En una reforma parcial pero importante del sistema en 2008, se estableció una pensión básica solidaria de US$160 para quienes no cotizan porque no tienen empleo formal, y un aporte solidario que permita llegar a pensiones de US$500 mensuales, cubriendo así al 60% más pobre de la población.
Según Kremerman, “la creación de las AFP no fue sólo el paso de un sistema de previsión social a uno de pensiones”.

“Las AFP son un elemento base del modelo: es la idea de que cada trabajador es propietario de sus fondos y de que no hay un sentido común en la sociedad”.

La salud a la medida del bolsillo

Frente a una larga tradición de salud pública, en 1981, cuando el régimen militar cumplía ocho de los 17 años que se mantuvo en el poder, creó las Isapres, Instituciones de Salud Previsional destinadas a generar una alternativa privada de salud.

Aunque las cotizaciones de salud son obligatorias (7% de la remuneración), los chilenos puede elegir depositarlas en el sistema público o en el privado de Isapres, que ofrece planes de cobertura de la atención en salud que varían según edad, género y otros factores. Las Isapres además dan acceso a los recintos de salud privada, donde según un estudio del 2013 de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, la atención es una de las más caras del mundo.

Aunque un 80% de los chilenos se atiende en la salud pública, las críticas contra las Isapres se reiteran en los medios. Las altas utilidades del sector (170 millones de dólares el 2012) contrastan con los reclamos por falta de información comprensible para los usuarios, o los elevados costos que se imponen a mujeres y adultos mayores.

Pero la salud pública también enfrenta críticas; se reclaman las largas esperas, la falta de camas en hospitales o la carencia de especialistas. El régimen militar recortó severamente el presupuesto del sector tras la crisis económica de 1982, y los déficit se mantienen. Mientras el gasto público en salud de Chile equivalía al 2% del PIB en 1987, el 2013 sólo llega al 3,5% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado por la OMS.

“¿Cómo resolvemos en Chile un ámbito tan esencial como la salud? A través de seguros privados donde cada uno se protege a la medida de su bolsillo. No nos protegemos entre todos, aquí cada uno se salva”, asegura el sociólogo Alfredo Joignant

El exasesor del Ministerio del Trabajo de Pinochet, Luis Larraín, quien plantea en su libro “El regreso del modelo”, que los chilenos no quieren menos, sino más modelo, asegura que “en el extremo del consumo, en los autos hay desde el último modelo hasta el más barato y varios entremedio.

En salud es parecido. Efectivamente hay diferencias y es una tarea pendiente acortarlas, pero no es tan sencillo, no vamos a ser todos noruegos”, dice en relación al sistema de salud público universal del país nórdico.

Fue en salud donde los gobiernos democráticos hicieron una de las reformas más relevantes al modelo creando el AUGE, un plan de atención universal y garantizado para varias patologías. Según Daniel Hojman, doctor en Economía en Harvard, el AUGE es una reforma potente pues se distancia de la lógica del modelo, que favorece la provisión privada de servicios sociales.

“Apartheid educativo”

Parte de los cuestionamientos al modelo chileno surgió de las movilizaciones estudiantiles de 2011. Al instalar un debate sobre la calidad de la educación pública y el papel del lucro en la educación, los estudiantes abrieron un debate más amplio en la sociedad chilena sobre el papel del Estado y el mercado.

En el marco de los espectaculares logros en el aumento de la cobertura en educación y las esperanzadoras cifras de primeras generaciones que llegaban a la universidad ¿por qué las quejas de los estudiantes tuvieron tanto eco y, en primer lugar, por qué estaban tan indignados?

El modelo chileno favoreció la expansión de universidades privadas, que aumentaron la cantidad de estudiantes de educación superior, al costo de pagar matrículas cada vez más caras con créditos de intereses cada vez más altos.

En un sistema de débil regulación, donde el Estado carecía de herramientas fuertes para la regulación o incluso, el cumplimiento de la ley en el caso de la prohibición del lucro, el sueño del título universitario se convirtió para muchos, en una pesadilla de estudios interrumpidos y costos impagables para las familias.

En el marco del modelo, a partir de 1981 la educación escolar pública de calidad pero poca cobertura, pasó desde el Ministerio de Educación a los gobiernos municipales, que en muchos casos no contaban con la capacidad ni los recursos necesarios.

Se instaló un sistema de subvención por alumno y se incentivó la entrada de privados que compitieran por la subvención. Los profesores vieron disminuir sus ingresos y el estatus que habían tenido históricamente.

La cobertura escolar aumentó dramáticamente, separada en tres tipos de establecimientos: municipales, donde asiste la mayoría de los estudiantes de menores ingresos; establecimientos privados que reciben subvención estatal; y privados donde se educa el 8% de los hijos de las familias de mayores ingresos.

Para muchos, el sistema es una clara fuente de segregación en un país donde, pese al crecimiento económico, los niveles de desigualdad no han disminuido.

A medida que la educación pública municipal entró en crisis por falta de recursos, los niños han terminado educándose según la capacidad de pago de las familias, pero debido a la falta de regulación, ni siquiera el pago asegura una enseñanza de calidad.

El ingeniero Mario Waissbluth, profesor de la Universidad de Chile que en 2008 inició un movimiento ciudadano por la educación acuñó la frase: “En Chile existe un apartheid educativo”.

Los defensores del modelo argumentan que éste ofrece libertad a los padres para elegir la educación de sus hijos. Y en el libro “El regreso del modelo” se plantea que los chilenos apoyan la libertad de elección en la educación.

Su autor, Luis Larraín, argumenta que en este debate, quienes privilegian al Estado intentan nivelar hacia abajo: “ya que la educación pública es mala, plantean que se corte a los privados. A la gente le da lo mismo si es pública o privada, quiere que la educación sea buena”.

Para Daniel Hojman, profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard, la educación es el caso “más escandaloso de la privatización en Chile. El Estado tiene una manija importante para regular servicios críticos como la banca, la electricidad, las sanitarias.

Pero en educación los concesionarios están sujetos a una regulación que no existe, o es muy escueta, o recién se está implementando”.

La reforma fue consagrada por ley días antes que Pinochet dejara el poder. Los gobiernos siguientes duplicaron el presupuesto en educación y apuntaron a mejorar la regulación y apoyar a los estudiantes más vulnerables, pero no lograron corregir los problemas de calidad y segregación que se reclaman en las calles de Santiago.

Aunque en educación Chile ha tenido espectaculares avances en cobertura, persiste la sospecha que el sistema no facilita sino que dificulta una de las principales promesas de la educación: la movilidad social.

¿Y dónde está el Estado?

El gobierno de la Unidad Popular llegó a estatizar más de 500 empresas en Chile, incluyendo la del cobre, principal fuente de riqueza del país. El régimen militar devolvió la mayoría de las compañías a sus dueños, pero en una segunda oleada continuó con la privatización de casi 50 de las 67 empresas estatales que existían antes de la UP.

En la supuesta búsqueda de la eficiencia, se privatizaron casi todos los servicios públicos: salud, pensión, agua, gas y electricidad. Empresas como Lan Chile, que había pertenecido al Estado durante 60 años, pasó a manos de inversionistas privados.

El proceso se realizó bajo las restricciones del gobierno de facto y fue la señal más fuerte de que el Estado se retiraba del aparato productivo, tal como quedaría consagrado en la Constitución que fue diseñada bajo el gobierno de Pinochet y que Chile todavía conserva.

Para los defensores del modelo, el Estado quedó relegado a un papel “ideal”, regulando y favoreciendo la inversión, y otorgando la base jurídica que se han convertido en marca de la economía chilena.

Pero los críticos creen que el Estado está “amarrado” y que eso genera problemas de justicia y eficiencia.

Daniel Hojman, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, En EE.UU., se refiere a este último punto: “Yo creo que el único capaz de planificar de manera eficiente el sector eléctrico es el Estado; el que puede planificar en forma armoniosa la ciudad es el Estado. En Chile te amarraste las manos para soluciones no sólo más justas, sino también más eficientes. Energía es un sector en Chile donde falta planificación al punto que la inversión está parada”.

“¿Sabías que toda la reconstrucción tras el terremoto del 2010 se hace en Chile a través de empresas privadas? En Chile el Estado no puede tener empresas constructoras. Está prohibido. En otros países, en casos de catástrofe el Estado interviene con todo”, dice Alfredo Joignant.

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