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Poder

19 de Diciembre de 2013

Sergio Muñoz criticó la utilización política de la “puerta giratoria” y aseguró que los jueces “tienen derecho a equivocarse”

El presidente electo de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la idea del oficialismo de crear “un observatorio judicial”, señalando que si bien en principio está de acuerdo con la iniciativa, no puede prestarse para que se utilice políticamente el accionar de los jueces. “Es lícito que la ciudadanía haga un comentario de […]

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El presidente electo de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la idea del oficialismo de crear “un observatorio judicial”, señalando que si bien en principio está de acuerdo con la iniciativa, no puede prestarse para que se utilice políticamente el accionar de los jueces.

“Es lícito que la ciudadanía haga un comentario de los jueces, como de toda autoridad”, dijo en entrevista con El Mercurio, pero agregando de inmediato que “los jueces tienen el derecho a equivocarse”. ”

“No digo que no se hayan equivocado y que no puedan hacerlo en el futuro, pero para eso está diseñado el sistema recursivo, para que puedan recurrir a instancias superiores”, detalló.

En la misma linea, el magistrado indicó que “lo que ocurre es que hay una exageración en algunos casos en que los jueces no están de acuerdo con la sintonía de quien evalúa, y exageran con un tema político que es la puerta giratoria. Nosotros hemos dicho que desde que se instauró la Reforma Procesal Penal hay 222 mil causas que han resuelto tribunales, y menos de dos mil en las que en todo este tiempo se ha negado al Ministerio Público la prisión preventiva. Esto significa la nada misma. Pero estas dos mil causas pueden tener una alta connotación pública”.

Asimismo, Muñoz destacó que “en la página web están todas las resoluciones. Lo que ocurre es que lo que se desea es destacar en lo que el juez se equivoca, y también lo pueden hacer. No nos oponemos a que autoridades respondan de sus actos”.

Sin embargo, el próximo titular del Máximo Tribunal, dijo que “lo que hemos criticado es que esto se haga con una finalidad política y con recursos públicos para ser usado en los nombramientos de los jueces, porque en estos casos vamos a afectar la garantía más importante que tiene la sociedad, que es la independencia e imparcialidad de los jueces”.

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