Luksic = Muerte. Así de directos son los folletos que atesora Guacolda Moya, una de las voceras del movimiento “No a la CCU”, en el escritorio de su oficina a la vista de cualquier visitante.

-Nuestro eslogan es sincero porque ellos no significan más que eso, muerte. Son ellos o somos nosotros–asegura la vocera golpeando la mesa.

Las duras palabras de Guacolda, contrastan con su modo amable de mujer de campo. Desde el 2002 que es la administradora del sistema de Agua Potable Rural (APR) de Colonia Kennedy, una localidad aledaña a Paine, cuyo sistema abastece de agua potable a más de 5 mil personas. Su trabajo es justamente cuidar el recurso hídrico y repartirlo a todos los vecinos de su localidad. Una tarea que le apasiona y que hoy la tiene como líder del movimiento que pretende evitar la llegada a Paine de una planta de la CCU, en el kilómetro 46 del Acceso Sur. Una situación que, asegura Guacolda, no la deja dormir en paz.

Todo, luego de enterarse que el proyecto necesita los derechos de aprovechamiento de aguas por un caudal de 400 litros por segundo (lt/sg) para poder funcionar, según la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la CCU el 16 de septiembre del 2013. Una cifra que, asegura la dirigente, representa una completa desproporción pues su APR extrae 27 l/s durante 8 horas al día, otorgando suministro a unas 5.200 personas. Sumando y restando, según los cálculos de Guacolda, la planta CCU necesita para funcionar en un solo día, 15 veces más agua que la que utiliza Colonia Kennedy para su rutina diaria.

– Yo elegí vivir acá. Y eso es lo que voy a defender con mi vida. Yo sé que me traerá consecuencias pelear con ellos, pero tenemos la convicción que vamos a ganar – reflexiona Moya.

La rabia de Guacolda es colectiva. Basta con pasar por la calle principal de los pueblos de Champa, Hospital y Chada para observar un escenario de franca oposición: banderas negras con el símbolo de muerte, No a la CCU en casi todos los muros del centro y rayados sobre el negativo escenario con la planta instalada en la región.

Marcela Peredo, otra de las líderes del movimiento, está sentada frente al escritorio de Guacolda y aviva la conversación. “Luchar contra Luksic, es como que se te viene los Andes encima”, agrega. Ambas mujeres, junto a Marcela Rojas, han sido las líderes del movimiento que cada domingo paraliza la ruta 5 Sur junto a más de 300 manifestantes y un centenar de autos. Día a día, son ellas quienes informan a los vecinos, venden poleras y chapitas para autofinanciarse y no tienen temor en levantar la voz a la autoridad que se les pare al frente. “El levantamiento de Paine llegó para quedarse de la mano de las mujeres”, cuenta orgullosa Guacolda Moya.

El MIEDO

Durante toda su historia, el rubro que lleva el pan a la mesa de Paine, es la agricultura y su caballito de batalla es la sandía. Lejos la más grande, dulce y jugosa de Chile. “La sandía de acá tiene el corazón más grande de todas. Y eso se logra con amor a la tierra y también con mucha, pero mucha agua”, cuenta Don Óscar, un mediano agricultor que cosecha sandías hace 35 años y que por la sequía ha tenido que disminuir su producción por falta de agua. Para él y sus amigos de Champa, la Fiesta de la Sandía, que tanto disfrutaban, este año tuvo un matiz de nostalgia. Don Óscar va a todas las actividades en contra de la empresa de la familia Luksic, levantando grandes sandías sobre sus hombros a modo de protesta. Allí, en la calle, se desahoga de tanto ninguneo.

– Esta es una tradición del campo, de los huasos y los campesinos. Si viene el señor Luksic a instalarse aquí nos va a transformar en una zona industrial, nos va a quitar el agua y además va a contaminar los esteros. ¿Cómo van a existir de esa manera las sandías? Ser campesino es lo único que sé hacer. Quizás voy a tener que trabajar de obrero, pero eso no lo voy a permitir- cuenta angustiado Don Óscar desde el corredor de su casa en Champa.

Georgina Riquelme, nacida y criada en Champa, relata cómo la sequía cambió a todos los pobladores de la zona. Según ella, desde que el pueblo se enteró de las intenciones de la CCU, se respira un aire de desconfianza. “Aquí se ven vecinos peleando por agua, porque uno se pasó de sus tiempos de regar y dejó sin agua al otro. A veces amigos de toda la vida se agarran a muerte porque el vecino ocupó más agua y le bajó el pozo. Queda la cagá”, cuenta Georgina. A su entender, la sequía les endureció el carácter y los separó por necesidad. Hace 15 años que ven como las vertientes de la cordillera se secan, afectando a los productores de frutas. “El regadío de los vegetales ahora es por goteo. Ya casi no existe eso de hacer canaletas para que circule el agua porque los pozos que todos tenemos han bajado mucho de nivel”, cuenta angustiada Georgina.

– Una vez yo iba pasando por una calle y me encontré con una mujer que le estaba sacando la mugre a un tipo, métale palazos en la espalda, porque la había dejado sin agua. Estas peleas no pueden seguir pasando y todo es por el agua – recuerda Marcela Rojas, vocera de Movimiento.

Alejandro López ha sido agricultor toda su vida. Su parcela está ubicada a sólo 500 metros del Fundo Santa Amalia, lugar donde se instalaría la planta cervecera luego de la firma de una promesa de compraventa. López está aburrido de regar todas sus frutas y verduras cuidando el recurso como si fuera oro.

-Llevo tres años regando mis verduras y frutas por goteo, a ese extremo. Para lograr tener sandías tengo que regar todos los días continuamente para mantener la calidad. Porque como lo hacíamos antes con un surco abierto, hoy es inimaginable- cuenta López.

Alejandro está asustado, pero también, asegura, listo para luchar. Al igual que sus vecinos piensa que, dentro de cinco años, las consecuencias de una mega planta ubicada a un costado de su casa significaría el fin de sus cultivos. “Con la sequía, la identidad de Paine está en peligro. Imagínate con una mega CCU pisándonos los talones, no vamos a tener agua para producir sandías, vamos a perder toda nuestra identidad agrícola y lo único que nos quedarán son bebidas”, reflexiona preocupado.

Regar, hasta el día de hoy, es complicado. Si bien la comuna de Paine cuenta con 13 APR que funcionan a través de Cooperativas y Comités de Agua potable que llevan el recurso a más de 30 mil habitantes, el agua de regadío los tiene agarrados de las mechas. Todos los agricultores y habitantes de la zona ocupan agua de noria para sus jardines o cosechas, y es por eso que dependen completamente del acuífero de Paine que está bajo sus pies –en el mismo lugar donde se emplazaría la planta de la CCU- para mantener vivas sus tierras.

LA AMENAZA
Marcela Peredo se indigna cuando pasa por la localidad de Colonias de Paine. Allí sólo ve jardines secos, locales abandonados y parcelas con pequeños pedazos de tierra sembrados que otorgan una visión más amable a un paisaje francamente desolador.

– Acá jamás ha llegado el agua. La comunidad se tiene que alimentar de camiones aljibes y, a pesar de que existe un proyecto de la APR de Hospital Champa, todavía no llegamos a buen puerto. La gente se tiene que andar organizando para poder regar, eso fragmenta mucho a la comunidad en un contexto donde la situación no mejora- dice una de las voceras del movimiento.

Con este panorama, Marcela piensa que es descabellado construir una planta que necesita zamparse 24 millones de litros de agua al día para poder funcionar. Las cifras son más que elocuentes. Según la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa a los cinco años de construcción la planta producirá 8 millones de hectólitros (1 hectólitro = 100 litros) de bebidas y un millón de hectólitros de cerveza. Y para el 2032, la inversión de 300 millones de dólares producirá 3 millones de hectólitros de cervezas y 12 millones de hectólitros de bebidas. La justificación de la empresa es obvia: Chile es un país cervecero.

-En Chile el consumo de cerveza llega a 40 litros por habitante al año, con un incremento anual de ventas del 3%. Como compañía queremos satisfacer esa demanda, por lo que es necesario aumentar la producción- declaró la CCU a The Clinic al exponer sus razones para construir la planta de Paine.

En el comité técnico del Servicio de Evaluación Ambiental varios organismos pusieron el grito en el cielo. Los más duros fueron el Servicio Agrícola Ganadero, con dudas sobre el uso de suelos, utilización de aguas subterráneas y una posible inundación del Estero La Berlina, canal de regadío que no aguantaría la cantidad de aguas tratadas que la empresa pretende verter. El Servicio de Medio Ambiente, en tanto, intentó cubrir las mismas aristas solicitando más información. Y, por último, la Dirección Regional de Aguas fue enfática en reiterar que el proyecto se instalará en una zona de acuíferos con alta vulnerabilidad, debido a una grave disminución de sus recursos hídricos disponibles. “El acuífero de Paine ha sido declarado área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas”. Resolución que fue firmada el 24 de septiembre del 2008 por Rodrigo Weisner, ex Director de la DGA y actual asesor de la CCU. Weisner, sin ir más lejos, también asesoró a Edmundo Pérez Yoma en una demanda por usurpación de aguas que acaba de ser ratificada por la DGA.

Álvaro Toro, abogado representante del grupo de vecinos y organizaciones opositoras al proyecto, asegura que a pesar que se hicieron observaciones, las empresas en el Sistema de Evaluación Ambiental tienen todas las de ganar. El 28 de noviembre del 2013 se presentó el informe que contiene todas las diferencias de los organismos competentes con el proyecto (ICSARA) y un mes después, la CCU solicitó más tiempo para responder proponiendo como fecha el próximo 2 de abril. Nadie descarta que nuevamente pueda pedir otra prórroga.

-El sistema está hecho para aprobar proyectos. Así se favorecen y presionan a los Servicios. Si ellos la primera vez no hacen una observación técnica, no pueden incorporar nuevas en una segunda etapa. El sistema los amarra mucho- explica Álvaro Toro, abogado de los habitantes de Paine.

Según la minuta entregada por Toro, lo que más preocupa son las incoherencias sobre el uso del agua. Si bien en el anexo presentado al SEA que contiene los antecedentes sobre los derechos de agua se explicita que la planta necesita contar con derechos por un caudal de 400 litros por segundo, los integrantes del movimiento “No a la CCU” denunciaron que esa cifra no es exactamente la que la empresa está informando a las comunidades en reuniones. La empresa se defendió argumentando que sólo ocuparán el 4,71% de los acuíferos de Paine y Buin.

Sin embargo, un informe elaborado por el abogado Álvaro Toro, aclara que la extracción de agua vendrá sólo del acuífero de Paine, debido a que no es posible solicitar un cambio de fuente de abastecimiento a Buin. “Por eso se necesita un Estudio de Evaluación Ambiental que determine los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables”, indica el documento.

Este tipo de contradicciones son las que han generado desconfianza y tienen confundida a la población. Incluso la misma CCU entregó a The Clinic cifras que son distintas a su declaración de Impacto Ambiental. En una primera etapa de producción señalan que su extracción de agua sería de 27 litros por segundo. Para el 2032, luego de 16 años de operación, el promedio llegaría a 129 litros por segundo, una cifra bastante inferior a la que figura en la declaración que emitieron al Servicio de Evaluación Ambiental.

-Paine no le cree al señor Luksic porque es un mentiroso. A todos les dan cifras distintas dependiendo de la reunión y nosotros vamos a defender nuestro derecho a vivir en el lugar que elegimos– dice Marcela Rojas.

EL CAFECITO
Marcela Rojas vive hace más de 12 años en Colonia Kennedy, en las inmediaciones de Paine, junto a su familia. Es dueña de casa y vocera del movimiento junto a Guacolda Moya y Marcela Peredo. La sequía que ha empeorado con los años, es algo que ha vivido en carne propia. El pozo con el cual riega sus plantas, frutas y verduras baja todos los años un metro. Con el tiempo, aprendió a organizarse con sus vecinos para decidir qué días van a regar y cómo van cuidar el recurso, y así han funcionado antes que la CCU pretendiera instalarse en la zona.

– Yo tengo derechos de agua que no puedo ocupar, porque mi vecino tiene hortalizas y plantas y si lo hago, lo dejo sin agua. Es un problema mucho más serio y por eso estamos tan molestos. Esto no es juego de niños. O hay agua para ellos, o hay agua para nosotros – cuenta molesta Marcela Rojas.

Para Rojas, la única forma de conseguir respuestas, es saliendo a marchar a la calle. Y esa es la opinión de estas tres mujeres líderes de Paine, porque sienten que si no lo hacen las autoridades no las van a pescar: “Si la gente no sale a marchar te pasan la máquina por encima. El que tiene más plata gana y eso tiene que revertirse. Acá tiene que primar la cordura, la vida”, reflexiona la vocera.

Para mantener a los vecinos unidos, el comité central del movimiento no ha querido politizarse. Vecinos del partido Socialista, Renovación Nacional, Comunistas y de la Democracia Cristiana, dejaron atrás sus diferencias para ir con un solo frente.

– Hemos intentado todo para evitar que el conflicto se politice. De hecho hay un grupo dentro que sube las fotos de las tomas a facebook con esos fines. Pero nosotros no vamos a permitir que este movimiento se transforme en una vitrina de exposición política. No nos van a quebrar por ese método – explica Marcela Peredo con voz firme.

Marcela Rojas también se cuadra con su compañera. Cree que los partidos políticos podrían segmentar una lucha que hasta el momento no ha tenido divisiones. “Tenemos que ser capaces de organizarnos sin problemas. Esto es un movimiento con toda la gente, porque nos va afectar a todos por igual, tanto a los ricos como a los pobres”, comenta Marcela Rojas.

Si bien la lucha contra la CCU de Paine tomó fuerza en diciembre del año pasado, el proceso de organización de la comunidad ha sido largo. En un principio, las reuniones las hacían en pleno centro de Paine, abiertas a la comunidad para sumar más adherentes. Pero luego de la toma de carretera, los primeros días de enero, Carabineros ya estaba esperándolos en el lugar de la protesta con micros y un contingente importante.

– Al principio las reuniones eran más abiertas. Pero teníamos a Fuerzas Especiales en Champa el día antes de la toma de carretera. Ahora lo hacemos de forma distinta, con reuniones más chicas donde no tanta gente maneje información para no tener soplones- dice Marcela Peredo.

Marcela cuenta que el movimiento se ha ido poniendo “aguja”. En las reuniones que antes eran solamente informativas, hoy arman toda una estrategia cuidadosamente planeada. Para la toma del 3 de marzo, la forma de organización fue en clave. “Ir a tomarse un cafecito” era un código para tomarse la carretera. Y de esa forma se ponían de acuerdo con la hora, quiénes iban y dónde.

-Lo hacemos sólo con gente que tenemos confianza. Nos organizamos con otras cosas también, como quien va a llevar los neumáticos. Para eso nos preguntamos ¿Quién lleva los chocolates? Y así sabemos quién va a cargar la camioneta con todo lo necesario- cuenta Peredo.

Y con esta nueva organización, los primeros días de marzo convocaron a una “caravana” en Paine. Carabineros llamó pidiendo un itinerario de las actividades, y cuando estos se dirigían al lugar de convocatoria, los manifestantes cambiaron de dirección y se tomaron la carretera.

-Nosotros no estamos pidiendo migajas. No estamos de rodillas. Yo le exijo a las autoridades que hagan su pega. Paine es un vergel y nosotras lo vamos a defender. Las mujeres lo vamos a defender, porque el futuro de nuestras familias está en juego – afirma con voz golpeada Marcela Rojas.

LAS LUCHAS
Guacolda Moya desde pequeña ha participado en varias “mochas” de Paine. Recuerda que en 1995, Colonia Kennedy se sublevó ante un proyecto de vertedero a metros de su casa. Su padre, campesino de toda la vida, fue el mayor líder del levantamiento que resultó victorioso. “En ese tiempo nosotros y los demás agricultores no íbamos a permitir que Colonia Kennedy se transformara en la puerta trasera de basura de Santiago”, recuerda Guacolda.

El año 2001, nuevamente más de 150 personas volvieron a tomarse la Ruta 5 Sur. Los habitantes de Paine y San Francisco de Mostazal salieron a protestar por otro proyecto: un inmenso vertedero en la zona. Luego de meses de tira y afloja, lograron detenerlo.

Dos años después, entre el 2002 y 2004, las comunas de Santiago Poniente (Paine, Buin, Calera de Tango y San Bernardo), se opusieron al proyecto de aeródromo San Gregorio de la empresa Silos de Nazareno, sociedad conformada por Francisco Posada Copano y el ex-mirista y empresario Max Marambio. El proyecto que se ubicaba a solo 6 km de Buin y a 3 km de Paine, estuvo a punto de concretarse. Y, al igual que hoy, la población acusó que se verían directamente afectados por los niveles de ruido, recursos hídricos, seguridad y calidad del aire.

-Acá no pudieron los vertederos ni los aeródromos. Si ganamos todas esas luchas anteriormente, creemos que tenemos una gran oportunidad. Pero sin duda es la más difícil. Tenemos de referencia a Luksic con Caimanes, Luksic en Antofagasta, Pérez Yoma en Petorca. Ahora es el momento para levantarse – expone Guacolda Moya más convencida que nunca.

Hoy la operación para conseguir apoyo en el Congreso está en marcha. Sin embargo, el pasado miércoles 19 de marzo la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de protección para dejar sin efecto la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental entregada por la CCU. “Aún queda mucho camino por delante”, argumenta el abogado Álvaro Toro, pues la sentencia permitirá, una vez que el proceso de evaluación termine, presentar nuevamente observaciones.

Hoy, a una semana de la fecha fijada para que la CCU responda las observaciones de los Servicios, la ansiedad de la gente involucrada está al límite. A tanto ha llegado la desesperación que no descartan acudir a La Moneda. “Somos capaces de ir hasta donde la Presidenta para que nos escuche. Esto está recién comenzando. Las autoridades tienen el deber de defendernos y nosotros el derecho de pedirles que nos defiendan”, asegura Marcela Rojas.