El miércoles, Nexos Comunicaciones, empresa de la que es fundadora Isabel Izquierdo, esposa del empresario Bernardo Matte -controlador de Colbún, entidad que es partner de Endesa en el proyecto Hidroaysén, y socio en la CMPC, Entel, Banco Bice, entre otros- emitió un comunicado interno en que informaba que “con el fin de ampliar y potenciar los servicios de relacionamiento con comunidades, la empresa de asesorías estratégicas Nexos Comunicaciones creó Nexo-Local, firma que se especializará en los servicios de vinculación con comunidades y territorio, para dar viabilidad a los proyectos de inversión en materia social y ambiental”.

El equipo de Nexo-Local quedó liderado sólo por rostros del gobierno saliente: El ingeniero civil Matías Abogabir, ex jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, “quien aportará su experiencia en asuntos indígenas”, e Ignacio Guerrero, ingeniero comercial y ex jefe de la Unidad de Regiones de la Secretaría General de la
Presidencia (Segpres), “cuya trayectoria se vincula a la Negociación de Conflictos”.

La entidad fichó además como directores a las dos autoridades de la Segpres del gobierno de Sebastián Piñera: el ex ministro Cristián Larroulet, y el ex subsecretario Claudio Alvarado.

La elección no es casual y representa un nuevo servicios que las empresas de lobby están entregando a sus clientes: el contacto con la comunidad para convencer a la ciudadanía de no hacer ruido frente a determinados proyectos ya que la calle, como quedó demostrado en el Gobierno de Piñera, hoy tiene el poder de veto, como explica el cientista político del Centro de Análisis e Investigación Política, Fernando Carreño.

“La ciudadanía, la calle, ha tomado una posición gravitante desde 2011. Hidroaysen es clave porque desde ahí se ha tomado también una mirada distinta de la democracia, que consiste en sacar las decisiones desde las cuatro paredes en que antes operaba el lobby para aplicar ahora una especie de lobby social con las comunidades, porque ya no basta con el visto bueno de un alcalde para sacar adelante una propuesta, por algo Freirina cerró”, sostiene.

Según un ex colaborador de Piñera, hoy privatizado en esta área “se constató que si antes bastaba para dar viabilidad a un proyecto el garantizar un número determinado de empleos, hoy eso es absolutamente insuficiente porque cuando se dice ‘se generará trabajo’, la gente pregunta a qué costo y si la ecuación no les cuadra lo rechazan y ya. El poder de la calle está al alza y el trabajo es prever cuáles pueden ser los focos de conflicto y prevenir. Hay varios ejemplos de esto, los más emblemáticos, por cierto, Hidroaysén y Barrancones”.

EL APRENDIZAJE
Nexos no es la única organización que se especializará en este flanco. Hay otros dos ministros cuyo emprendimiento está dirigido a detener conflictos con comunidades. Se trata del excandidato presidencial de la Alianza, Pablo Longueira y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quiene junto con el abogado Luis Hermosilla crearon “Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías”, una consultora con foco en la relación con las comunidades.

Chadwick lo explicó así a la revista Capital: “Hemos mirado con detención cómo se caen proyectos que son rechazados por las comunidades. Es un fenómeno y hay que enfrentarlo. Ya no es suficiente tener respaldo financiero, productivo o medioambiental. Hoy, cualquier iniciativa que se quiera desarrollar debe incorpora un nuevo ingrediente: un compromiso y relación con su entorno para poder tener una mayor legitimidad social”.

Y Alvarado afirmó a The Clinic Online algo similar. “Hoy día los proceso de toma de decisión sobre dónde instalar un proyecto no puede estar aislada de los requerimientos y temores de la comunidad y nosotros vamos a profundizar precisamente esa relación, que es delicada y compleja. Antes las empresas del rubro lo hacían, pero de un modo muy superficial. Hoy es prioritario”, explica.

En cualquier caso, asegura Alvardo, su rol y el de Larroulet en Local será más bien “pasivo”. “Como parte del directorio, no estaremos en terreno. Es un rol que tiene más que ver con observar cómo se mueve la ciudadanía frente a determinadas propuestas más que con ejecutar”, asevera.

Carreño, en tanto, ve con escepticismo las posibilidades de éxito de este tipo de lobby: “Es complicado ser un puente entre las pretensiones de un grupo del sector privado con las comunidades, en especial para quienes fueron parte de un gobierno que no tuvo mucha sintonía con el movimiento social”, apunta.