Freno al multirut: un pequeño paso para los trabajadores

Cada cierto tiempo vemos cómo se reaviva el tema del multirut en la discusión pública, acaparando la atención de los medios. Esta semana marcó un nuevo hito: el Ejecutivo presentó con bombos y platillos su proyecto de indicación sustitutiva que enviará al Senado.

Tanto la CUT como la CPC, que estuvieron presentes en el acto, se mostraron muy conformes con la propuesta que recogía parte de la declaración de intenciones que firmaron ambas entidades a comienzos del 2012. En palabras de la presidenta Bachelet, “es un paso fundamental para enfrentar una de las desigualdades más cotidianas y más complejas que existen en Chile”. Pero quizás haya que ver las cosas en perspectiva y mantener una postura más escéptica. ¿Será que se trata de un paso tan fundamental?

A estas alturas es innegable que nos enfrentamos a un problema real, en que muchas empresas utilizan la división artificiosa para quitarse la responsabilidad de cumplir ciertos derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto quedó consignado en el diagnóstico elaborado por la Comisión Trabajo y Equidad convocado en 2008 por la presidenta Bachelet, en los antecedentes del proyecto de indicación ingresado este lunes, en opiniones de expertos y sindicalistas. Incluso el presidente de la CPC reconoce la utilización de este mecanismo de manera abusiva.

Respecto a la extensión del fenómeno no existen demasiados antecedentes, salvo los que aporta la Encuesta Laboral (ENCLA) de la Dirección del Trabajo del año 2011. En ésta el 3,6% de los empleadores reconoció la utilización de múltiples RUT para organizarse, aunque este porcentaje pasa a ser el doble si consideramos sólo a las grandes empresas (7,9%). Desde la experiencia, observamos que ha sido el retail uno de los más conspicuos promotores, abarcando a varios miles de trabajadores.

Por otro lado, muchas organizaciones sindicales pelearon en tribunales en los últimos años la “unidad económica” de los múltiples RUT en los cuales se veían divididos los trabajadores, obteniendo importantes triunfos. En estos casos, los jueces no podían obviar la materialidad de la relación laboral frente a la artificialidad de la estructura empresarial.

Entonces, si es un fenómeno que afecta a un porcentaje de trabajadores (aunque no menor) y recoge principios que ya habían sido utilizados en la práctica ¿por qué se presenta como una gran medida?

No hay que desmerecer que la modificación legal facilitará en parte el proceso de negociación en algunos casos. Donde se haya determinado que existe un solo empleador, se posibilitará que se forme un sindicato con trabajadores de distintas empresas. Además, este sindicato, al igual que un sindicato interempresa que se haya formado en dicho grupo de empresas, podrá negociar con su verdadero empleador. Pero, para tranquilidad de los empresarios, con este proyecto de ley, se sigue pensando en pequeño y no se cambia un ápice del modelo de relaciones laborales vigente.

Fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores debería ir de la mano de un reconocimiento pleno de la actividad sindical: negociación colectiva más allá del marco de la empresa (y aquí no se alude sólo al RUT), titularidad sindical, mayor control de parte de los trabajadores de sus condiciones, fin al reemplazo y al descuelgue en la huelga. Junto con esto, el Estado podría tomar medidas efectivas contra las acciones antisindicales, que son pan de cada día y que no generan un verdadero desincentivo (hay que ver el prontuario de empresas como Cencosud, Ripley o Falabella, las mismas proveedoras del bono ropa para los damnificados en Valparaíso).

Mientras no se cambien los pilares del modelo laboral actual seguiremos expectantes.

*Investigadora de la Fundación SOL