flogel
En diciembre de 2012, Oliver Flögel firmó, como secretario de Desarrollo Digital de Sebastián Piñera un acuerdo de colaboración con Microsoft Chile, empresa en la que fichó, sólo dos años más tarde, como gerente general, ello pese a que, tras abandonar oficialmente su cargo en 2013 -y fijar la política en el área de aquí a 2020-, siguió influyendo en las decisiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a través de una asesoría ad honormen.

El pacto de 2012 se trataba de un nuevo paso en la llamada “Alfabetización Digital” que consistía en, mediante el Programa Bizspark de la multinacional, beneficiar a pequeñas empresas, con menos de tres años en el mercado, con software, soporte técnico, redes de contacto y capacitación tecnológica de la empresa en los 147 Centros de Inclusión Digital (CID) que forman parte de la red de Subtel. El convenio implicaba por parte de Microsoft entregar 1.000 accesos sin costo por un año a las empresas seleccionadas como “StartUps” propuestas por Subtel. Era, en suma, un “beneficio” de Microsoft, a la que el fisco le paga anualmente más de $36 mil millones por sus licencias, gestionado por quien sería después su mandamás en Chile.

Consultado por The Clinic Online por la situación de Flögel -quien tuvo un sueldo de $6 millones mientras se desempeñó en el gobierno-, el parlamentario Vlado Mirosevic, quien acusó en la revista El Sábado que un proyecto de software libre que presentó fue boicoteado por el lobby de Microsfot, aseveró que se está ante “una puerta giratoria” que genera conflictos de intereses.

“Hay una puerta giratoria en la que quienes regulan por parte del Estado, pasan a ser inmediatamente regulados y quienes fijan las reglas públicas pasan a trabajar para la industria. Siento que eso pasa en este caso en particular y aunque sea de forma involuntaria -no conozco a Oliver Flögel, por lo que no puedo presumir intenciones-, se producen claros conflictos de intereses”, aseveró.

En tanto Flögel hoy, en carta a El Mercurio aseveró que al tener conocimiento de que se presentaría la iniciativa, junto a la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología (ACTI), y la Asociación Gremial de las empresas chilenas desarrolladoras de software (Gechs), su compañía le pidió una reunión a Mirosevic, a efectos “de conocer el proyecto y dar nuestra opinión al respecto”.

“En la audiencia expusimos nuestra postura, consistente en la defensa de la libre competencia y la libertad tecnológica, de tal modo que todos los proveedores tengan las misma oportunidades de participar en el proceso de compras públicas sin discriminación”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que la actuación de Microsoft fue “absolutamente trasparente”, y que todo lo dicho “figura en las actas públicas” de la reunión. “Me parece una práctica legítima, democrática y necesaria, en los procesos de construcción de las políticas públicas, que los parlamentarios escuchen a todas las partes involucradas durante el proceso legislativo, así como es libre la decisión de un diputado de conceder una audiencia”, agregó Flögel.

LA POLÉMICA

En la revista El Sábado, Mirosevic relató que presentó un proyecto de acuerdo, que fue suscrito por otros nueve legisladores, que buscaba que el Estado analizara la alternativa del software libre frente al software de licencia, “y que cuando un organismo eligiera pagar, lo justificase por escrito”. El planteamiento recibió el apoyo, entre otros, de Gabriel Boric y Giorgio Jackson quienes apelaron a “que hay millones de usuarios en el mundo que se dedican a mejorar el programa y que liberan los avances sin costo”.

Al poco tiempo, el equipo de Mirosevic fue contactado por la empresa Factor C -donde la directora ejecutiva es Javiera de la Cerda, esposa del alcalde Francisco de la Maza- para una reunión en la que Alex Pessó, gerente de asuntos legales y corporativos de Microsoft, junto a representantes de Gech y Acti, asociaciones que reúnen a los pequeños desarrolladores de programas, le explicaron en 45 minutos por qué en vez del software libre era preferible la neutralidad tecnológica del Estado.

El 3 de junio se votó el proyecto de Mirosevic: 64 a favor, 12 abstenciones y uno en contra, el PPD Daniel Farcas. Farcas, al día siguiente, ingresó su propio proyecto, apelando, tal como Microsoft, a la neutralidad. Está iniciativa se impuso con 39 votos a favor, 5 abstenciones y 16 en contra.

“Microsoft nos violó”, sostuvo Mirosevic en la investigación y agregó que “terminó en embarazo” porque la página 4, artículo 14, último punto, del protocolo de la Reforma Tributaria, dice que “se establecerá exención de tasa de impuesto adicional por servicios de publicidad y uso y suscripción de plataforma de servicios tecnológicos de internet a empresas acogidas en el artículo 14″. Es decir, se da un beneficio tributario a las empresas que usen los softwares patentados. Fomenta a comprarlos y el Estado, en vez de ahorrar, termina subvencionándolos”.

Ayer Farcas dijo en La Segunda que no tienda “nada que ver con Microsoft, ni conozco a sus representantes ni ejecutivos”, y aunque reconoció que se reunió “con las mismas personas que el diputado Mirosevic”, afirmó que no fue objeto de lobby y que su iniciativa no es incompatible con la del representante de Arica.

Al respecto, Mirosevic explicó que Farcas presentó un proyecto “con los argumentos de Microsoft porque una cosa es defender el software libre y otra cosa es defender la neutralidad, y si dice que nuestros proyectos no son excluyentes, yo le pregunto por qué votó en contra del software libre”.